Mi delito es por bailar el cha-cha-chá

Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el Presidente de la República.

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Félix Cortés Camarillo 23/05/2014 01:29
Mi delito es por bailar el cha-cha-chá

Para nadie es un misterio que en la pirámide social mexicana la cúspide es ocupada por los muy ricos: empresarios y políticos que han encontrado la oportunidad y la han enfrentado con osadía e inteligencia. A nadie sorprenden los relojes caros de diputados o capitanes de industria, sus autos blindados, aviones privados o guardarropa ostentoso; es algo que se da por descontado. Pocos advierten, sin embargo, que las iniquidades que permean a todas las capas de la sociedad llegan también a estas esferas del poder político.

El respeto social de los mexicanos pone en primeros lugares a los hombres de uniforme, ya sea el verde olivo o el morado obispo. En los últimos sitios de este escalafón aparecen invariablemente los policías y los políticos. Pero aún entre estos últimos hay categorías.

Por una serie de circunstancias nunca explicadas, los apapachados del sistema son los integrantes del Poder Judicial. Acostumbrados sus capitostes a una exposición tenue en los medios de comunicación, con la complicidad de los otros dos Poderes de la Federación, no se han despachado con la cuchara grande, sino con un gigantesco cucharón cuando de esquilmar el presupuesto se trata. No era necesario el desglose que hizo el miércoles Alejandro Encinas de los emolumentos de los jueces electorales: salario, prestaciones, bonos, aguinaldos, prebendas, servicios y bienes materiales que suma sumandum lleva a los juzgadores a percepciones superiores a los 300 mil pesos mensuales; su presidente acumula seis millones de pesos anuales. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el Presidente de la República.

El escándalo mediático sólo se refiere a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propósito del propuesto haber de retiro; esto es el equivalente a la pensión por jubilación o a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios que establece la ley del ISSSTE, que entró en vigencia el 1 de abril del 2007.

Los propuestos beneficiarios se han curado en salud, renunciando a un beneficio que consideran justo y necesario. En realidad, los principios legal y ético coinciden en que al cabo de una vida de trabajo, el ser humano tiene derecho a una compensación de la sociedad, del Estado, por el resto de sus días; el monto de esa compensación debe ser establecida de acuerdo con la aportación que, por vía de sus impuestos, ese ser humano haya hecho a la sociedad. Así sucede en la mayor parte del mundo civilizado.

La ley que menciono establece que en el año en curso los trabajadores que hayan cotizado 30 años o más de servicios tienen derecho a pensión por jubilación a la edad de 53; las trabajadoras que hayan cotizado 28 años o más, a la edad de 51. La pensión de retiro por edad y tiempo de servicios requiere haber cotizado 15 años o más y este año tener 58 años de edad. Dependiendo de los años de cotización, la pensión de retiro debe ser entre 50% del sueldo básico del trabajador, cuando haya cotizado 15 años y, progresivamente, hasta 95% si cotizó 29 años.

En la frialdad del papel suena justo. El asunto tiene dos aristas. Primero, los magistrados del TEPJF ejercen solamente nueve años improrrogables, de manera que difícilmente podrán alegar antigüedad suficiente. El segundo es más grave: el monto de los emolumentos de estos solones, que incluyen un bono de supuesto riesgo, permite asumir que han acumulado suficiente pecunia para pasársela pipa el resto de sus vidas. Pero esto, aunque sea cierto, no es justo. Si la ley establece que todos los mexicanos que trabajan reciban una pensión al final de sus vidas, todos los mexicanos deben tener acceso a una remuneración justa, que permita una vida digna.

Dije todos, señor juez, señor juez, señor juez.

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