Dos horas de balazos

Don Raúl Plascencia Villanueva no ha dejado un grato sabor de boca en su ejercicio al frente de la CNDH.

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Félix Cortés Camarillo 14/03/2014 01:38
Dos horas de balazos

Hace 22 años, en un esperanzador y finalmente frustrado intento de parecernos a los escandinavos, la Secretaría de Gobernación se deshizo a regañadientes de su Dirección Nacional de los Derechos Humanos para dar paso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundada en enero de 1992. México tenía que tener un ombudsman, faltaba más, aunque no supiéramos con certeza qué es lo que un ombudsman hace en Estocolmo. Desde sus primeros pasos vimos a la CNDH con sentimientos encontrados; primero, la posibilidad de que los abusos del poder pudieran ser denunciados ante una entidad independiente y autónoma. Luego, el temor de que los delincuentes supieran aprovechar las ventajas de este instituto para exigir tratos dignos.

Lo segundo prevaleció finalmente. Los derechos de las víctimas de asaltos, violaciones, robos, lesiones y asesinatos fueron olvidados por la CNDH en la percepción de la gente. Los delincuentes, mal consignados por ministerios públicos incompetentes o fácilmente sobornables, empezaron a salir en libertad por el camino de alegatos de supuestas torturas.

Don Raúl Plascencia Villanueva, cuya carrera de servicio público se constriñe exclusivamente a sus años como visitador primero y segundo de la Comisión y sus últimos diez años como presidente de ella, no ha dejado un grato sabor de boca en su ejercicio. Independientemente de su actuar petulante y ostentoso, lo cierto es que pocos ciudadanos pueden atestiguar que sus derechos humanos fueron cabalmente defendidos.

Sin embargo, al entregarle al presidente Enrique Peña Nieto su informe de labores —el último— en el año 2013, el doctor Plascencia tuvo un destello de honestidad y en su discurso abordó un tema que las instituciones gubernamentales evitan cuidadosamente: los grupos armados que se hacen llamar autodefensas.

Estos grupos en Michoacán y Guerrero, dijo el presidente de la CNDH, “tienen en común la pretensión de ejercer las labores de seguridad pública en sustitución de los órganos estatales ante el precario imperio de la ley”. Eso lo sabemos bien todos los ciudadanos, como bien sabemos que anima a estos grupos “la desconfianza en las autoridades locales, ante su incapacidad para garantizar sus derechos fundamentales”.

Los grupos de autodefensa están fuera de la ley, señaló, rotundo. Luego se fue por la suave barbeando al Ejecutivo, al elogiar el inicio de un proceso para “orientar” a estos grupos hacia esquemas de legalidad. Se le olvidó al eminente jurista que no se orienta al cumplimiento de la ley. La ley se hace cumplir y se acabó.

Es obvio que el funcionario saliente tiene en cuenta la obcecada decisión del Ejecutivo federal no solamente por tolerar grupos armados ilegales en el sur de México, en amplias zonas, sino de brindarles protección de las Fuerzas Armadas en sus excursiones punitivas en contra de los grupos opositores, igualmente armados, igualmente fuera de la ley.

Aun así, la denuncia del presidente de la CNDH frente al Presidente de la República tiene una sonoridad válida. Ahora es necesario saber si ese ruido llega a los oídos a los que iba dirigido y, sobre todo, si tendrá alguna respuesta, que conduzca a desaparecer las continuas horas de balazos que los michoacanos han tenido que soportar.

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