No soy de aquí ni soy de allá

Se aboga porque el capo mafioso se entregue a los vecinos del norte para garantizar que no vuelva a seducir con su habilidad y sus billetes a las hadas que facilitaron su fuga hace tres años.

COMPARTIR 
Félix Cortés Camarillo 27/02/2014 01:53
No soy de aquí  ni soy de allá

De manera errónea se ha abordado en los medios mexicanos el dilema de extraditar o no a El Chapo Guzmán a Estados Unidos, donde ya se gestan solicitudes formales y se ejercen presiones personales para que el gobierno de México la conceda. Una de las posturas más recurrente aboga que el delincuente se quede en México aduciendo la llevada y traída soberanía nacional. En el otro extremo, se aboga porque el capo mafioso se entregue a los vecinos del norte para garantizar que no vuelva a seducir con su habilidad y sus billetes a las hadas que facilitaron su fuga hace tres años del penal de alta seguridad y repita la hazaña. En el menos peor de los casos podría convertir su prisión en cómodo alojamiento. Por estos motivos, dicen, el reo ha interpuesto recursos legales para impedir su extradición: las cárceles estadunidenses son más incómodas que las mexicanas para ricos.

Hay, desde luego, consideraciones jurídicas que deben ser tomadas en cuenta en primer lugar en éste, y todos los casos. El señor Guzmán tiene una condena de cárcel con saldo pendiente por cumplir. Independientemente de que el fugarse de una cárcel no es en sí un delito, los jurisprudentes indican que luego de su evasión, El Chapo cometió actos ilícitos adicionales por los que aún debe ser sujeto de proceso. Sólo entonces, dicen los expertos, podrían considerarse las solicitudes de extradición por cualquier otro país que se sienta habilitado para hacerlas.

Hasta ahí la letra de la ley es clara.

Sin embargo, la práctica de extradición ha sido instrumento de decisiones y propuestas políticas o mediáticas; así ha sido con los delincuentes colombianos y con muchos paisanos nuestros que ya duermen en cárceles estadunidenses. Es en este contexto, entonces, que debe valorarse la conveniencia política de la extradición o la retención y no la viabilidad jurídica.

Fuera del peso específico que en los medios ya rindió la captura a todas luces pulcra del delincuente, Joaquín Guzmán Loera tiene una importancia mucho mayor: la información que sobre sus cómplices guarda en algún rincón de su corazoncito. Aunque ese tesoro sea valioso a ambos lados de la frontera, la moneda no es necesariamente la misma. A Estados Unidos les interesa conocer quiénes son los que siguen —y seguirán— proveyendo el mercado interno de las drogas en su país; al gobierno mexicano le debería interesar destapar la cloaca donde se ocultan los que han integrado el ejército de protección del sinaloense mujeriego. Es evidente que muchos de esos peones estuvieron —y posiblemente están— en el aparato de seguridad del estado, ya sea en los cuerpos policiacos o en la administración penitenciaria. No pocos miembros del respetable Poder Judicial están presumiblemente en esa nómina.

Y si no lo estuvieren, de todas forma el Estado mexicano está obligado a abrir la caja de misterios que Guzmán Loera posee. Si no lo hace, la cortina de sospechas de actuales complicidades y viejas querencias solamente se incrementará. El valor de propaganda política que el gobierno de Peña Nieto ha cobrado con la captura de El Chapo se verá entonces notablemente reducido.

Comparte esta entrada

Comentarios