En manos de la Corte, el destino del Ejército

COMPARTIR 
Federico Ponce Rojas 05/07/2014 01:25
En manos de la Corte, el destino del Ejército

Las reformas al Código de Justicia Militar fueron publicadas el pasado 13 junio después de un accidentado camino, código reglamentario del artículo 13 constitucional, el cual representó durante décadas una ley modelo de singular estructura, derecho penal sustantivo y procesal en un solo cuerpo normativo.

Desde sus orígenes, la legislación castrense concibió la oralidad como factor determinante para alcanzar justicia pronta y expedita, rama especializada del derecho penal que tutela la disciplina como elemento fundamental.

Desafortunadamente los motivos de esta reforma no obedecieron a la natural obligación que impone al Estado nacional la actualización de sus leyes en ejercicio de su soberanía, la cual reside esencial y originariamente en el pueblo, según lo establecido en los artículos 39 y 41 de nuestra ley suprema. Desde luego que la jurisdicción militar, como la civil, han de ser permanentemente revisadas y homologadas a las exigencias de un Estado democrático que tiene como divisa prioritaria la justicia y procesos legislativos  cuyo único mandato son las disposiciones de la Carta Magna.

El pensamiento político actual demanda en el concepto de Estado, la idea de soberanía, que contiene expresiones diversas de su legitimidad, reclamando para sí el monopolio de autoridad única, imponiendo lineamientos para su desarrollo en la búsqueda del bien común, con independencia de presiones internas y de autoridades externas, otorgando así la condición de autonomía.

Sin embargo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla (campesino guerrerense acusado de estar vinculado con la guerrilla y detenido en 1974) resuelve una sentencia condenatoria para el Estado mexicano que se extralimita y debilita a las autoridades nacionales.

En efecto, esta resolución con todas las inconsistencias jurídicas que contiene, resultó en la aceptación indebida del Estado mexicano de un acto jurisdiccional nulo (ningún individuo o Estado está obligado a acatar un acto jurídico viciado de nulidad al estar infundado, ser excesivo y oscuro, en suma ilegal. No se puede invocar la legalidad desde la ilegalidad. En ésta no puede haber igualdad.

Aún así el Ejecutivo, titular del Estado y gobierno mexicano, aceptó la resolución de la CIDH, acto al que le siguió la decisión del Poder Judicial federal, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto y sin que mediara previa notificación y en un acto de trámite oficioso administrativo, el máximo tribunal en la persona de su presidente resuelve iniciar un trámite el 7 de septiembre de 2010 y abrir un expediente para determinar cuál debería ser la participación del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la sentencia mencionada.

A este hecho hay que aunarle la circunstancia de que no existe una normatividad aplicable para realizar el cumplimiento de las obligaciones que emanaron de dicho acto jurisdiccional.

Las observaciones que expresaron los ministros de la Suprema Corte de la Nación en sus votos particulares dejan en claro que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, por decir lo menos, en su propias palabras, oscura, desbordada, infundada y apartada de su propio estatuto jurídico.

En este tenor, el Poder Legislativo recibió desde el 30 de abril de 2009, en la Cámara de Senadores, ocho iniciativas y realizó una serie de sesiones en las respectivas comisiones, consultas, comparecencias de representantes de personas morales y físicas en su carácter de “terceras interesadas” y finalmente elaboró un proyecto de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y algunas leyes relativas, sujeto a “revisión” y en su caso aprobación, y lo envío para tal efecto a la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril y sin mayor trámite lo aprovechó, seguramente sin haberlo leído dada la premura (el mismo día) con la que es enviada al Ejecutivo para su publicación.

Independientemente de las lagunas, imprecisiones e inexactitudes que dejan inmersos en este galimatías jurídico al código reformado, ignoró en muchos casos la situación procesal penal de los altos mandos de la Marina-Armada de México y absurdamente desatendido de plano la Ley Orgánica de los Tribunales Militares.

Es importante señalar que la armonización de los principios de legalidad, igualdad, culpabilidad e irretroactividad no se dio entre el derecho constitucional y penal de nuestro sistema y el derecho penal internacional en el que se sustenta la sentencia comentada; este último con una reunión sui generis de normas de derecho consuetudinario internacional y derecho escrito, propiciando eventualmente violaciones al principio de legalidad, el respeto a la soberanía de los estados y la aplicación de extraterritorial de esta rama del derecho penal, imponiendo por encima esta normatividad a la previamente aceptada del Estado suscriptor en los tratados respectivos.

Así las cosas, las reformas vigentes habrán de aplicarse mayoritariamente en tribunales civiles, de suyo saturados y con un nivel de impunidad muy alto, lo cual es del dominio público y en grado menor en tribunales militares, con una normatividad ineficiente por decirlo de alguna manera, que por mandato constitucional y por ser de naturaleza penal no están sujetas a interpretación, analogía o mayoría de razón, independientemente de que la imprecisión de su terminología, someten a un andamiaje político poco claro y peligroso a los responsables de la conducción y mando de nuestras Fuerzas Armadas, incluido el Presidente de la República en su carácter de jefe nato de las mismas.

El último reducto de legalidad queda ahora en manos de la SCJN.

                *Exsubprocurador General de la República, vicepresidente de la   Academia Mexicana de Derecho Internacional

                fpr_enlinea@hotmail.com

                Twitter: @fpr_enlinea

Comparte esta entrada

Comentarios