La disciplina en el orden jurídico mexicano

Más allá de la concepción filosófica o literaria de la disciplina, se encuentra descrita en leyes específicas: la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

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Federico Ponce Rojas 29/03/2014 02:54
La disciplina en el orden jurídico mexicano

Resulta por demás complejo definir el concepto de disciplina. Al hablar de ella, cada persona podría tener una idea distinta de la misma, pero en el ámbito militar nos remitimos a los valores de obediencia, acatamiento, pundonor, entre otros; sin duda, la disciplina es el fundamento de la institución castrense, misma que se basa en la subordinación voluntaria al mando, único responsable de la interpretación de las órdenes y preceptos reglamentarios.

En ese sentido, la moral militar es la suma de cualidades que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas para el cabal cumplimiento de sus deberes, sirviendo a la nación mexicana de acuerdo con el marco jurídico que las rige, lo cual sería imposible sin el valor inquebrantable de la disciplina.

Para nuestro orden jurídico, lo relevante es el hecho de que la disciplina, más allá de su concepción filosófica o literaria, se encuentra descrita en leyes específicas: la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México; en estos momentos de reforma y actualización del derecho militar, al ser la disciplina la columna vertebral y el mayor de los bienes tutelados por estas normas, cobra importancia radical y definitiva por estar definida en leyes de orden público, con una obligatoriedad y jerarquía similar a la de otras leyes del orden civil.

Por lo anterior, las reformas al Código de Justicia Militar tienen que considerar esta normatividad vigente para no provocar confusión e incertidumbre y menos una antinomia jurídica; esta contradicción de leyes en nuestro sistema jurídico no se ajustaría a soluciones simplistas, ya que se habla de normas del mismo rango y especialidad, validez material, espacial y temporal, con independencia de que lo que se busca es precisamente dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en su patriótica labor.

Hacemos esta observación, en virtud de las diversas y copiosas opiniones que se han vertido sobre la justicia militar y muy particularmente a partir del 23 de noviembre de 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en el caso “Rosendo Radilla” y la notifica al Estado mexicano el 9 de febrero de 2010, sentencia de la que ya nos hemos ocupado en muchos espacios y que es de considerarse, infundada, excesiva y oscura, por decir lo menos.

Muchas voces, internas y externas, se han alzado contrarias a la justicia castrense, sin razón, sin conocimiento, con dolo o ignorancia, pero que agravian a nuestras instituciones, al orden jurídico que nos rige y a nuestra soberanía.

Si bien es cierto que la jurisdicción militar debe adecuarse a los principios internacionales sobre derechos humanos y a lo establecido por nuestra Carta Magna, esta adecuación tiene que darse bajo un proceso legislativo libre de presiones y vicios, que acumule las aspiraciones del pueblo mexicano, haciendo a un lado las estériles discusiones sobre la semántica del fuero de guerra y la falsa idea de que éste es un privilegio para las Fuerzas Armadas, ejerciendo el Poder Legislativo la soberanía de la que es depositario por mandato de nuestra ley suprema.

La Justicia Militar en el Estado mexicano cumple cabalmente con los principios del debido proceso, es respetuosa de los derechos de los sujetos sometidos a este y muestra avances significativos en la oralidad respecto de la justicia civil. La eficacia y la moral de las Fuerzas Armadas, se han visto aseguradas con el equilibrio adecuado entre el mantenimiento del orden y disciplina en su desempeño y el apego a las garantías fundamentales de sus integrantes, aunado al respeto irrestricto de los derechos humanos de la sociedad civil, basta con recordar las cifras recientes en el informe del presidente de la CNDH en las que se manifiesta un notable descenso en las quejas presentadas contra miembros del Ejército, no obstante el aumento también significativo de sus tareas en la defensa de la nación, preservando el imperio de la Constitución y las demás leyes para conservar el orden interior.

El derecho militar mexicano es susceptible de ser reformado y adecuado como cualquier rama del derecho que nos rige, manteniendo su autonomía, especialización y desde luego circunscrita a los fines que la justifican, preservando la moral, el honor y la disciplina como bienes jurídicamente tutelados por las leyes propias de la materia; en suma, la reforma al Código de Justicia Militar debe adecuarse a los principios del Estado mexicano y su sistema democrático, las audiencias abiertas por el Senado de la República permiten el diálogo y la búsqueda del consenso entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas para el debido proceso legislativo.

                *Exsubprocurador General de la República,

                Catedrático de derecho de la Universidad Anáhuac

                y vicepresidente de la Academia Mexicana
                de Derecho Internacional

                fpr_enlinea@hotmail.com

                Twitter: @fpr_enlinea

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