Intromisión de la CNDH en la UNAM

No se puede pretender que las instituciones de educación superior sean encargadas de perseguir delitos y conductas denunciadas

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Federico Ponce Rojas 07/12/2013 01:25
Intromisión de la CNDH en la UNAM

Recientemente innumerables ONG se han pronunciado con relación a la protección de los derechos humanos, aunque muchas veces careciendo de fundamentos jurídicos. A la par de estos vagos intentos por combatir el abuso de poder, diversos organismos del ámbito nacional e internacional han emitido juicios que atendiendo a la ignorancia o mala fe, han dejado de lado el interés supremo de proteger las garantías fundamentales; quizá privilegiando intereses personales o de grupo, que resultan en el impedimento del ejercicio pleno de los derechos que dicen defender.

Esto viene a colación porque en estos días hemos sido testigos, una vez más, de una confrontación en la que la protección de los derechos humanos es utilizada como moneda de cambio, como un mero pretexto para encubrir intereses personales, ajenos al objetivo fundamental de leyes e instituciones dedicadas a esta loable labor.

El conflicto entre la UNAM y la CNDH, entes autónomas, a raíz del presunto acoso sexual a una alumna de la Preparatoria 9, por parte de un profesor de la institución, pone en entredicho la imparcialidad con que debería manejarse la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Luego de haber emitido una recomendación a la UNAM, la primera en la historia de la universidad, en la que solicitó al rector José Narro Robles la reparación del daño a la menor, mediante atención sicológica, ambas instituciones han entablado una confrontación.

En esta situación, es sentido común precisar que la universidad no es Ministerio Público, por lo que no se puede hablar de impunidad, toda vez que se aplicó la máxima sanción prevista en la normatividad universitaria, al despedir al profesor.

No se puede pretender que las instituciones de educación superior sean encargadas de perseguir delitos y conductas denunciadas. En este sentido, pareciera que la CNDH emitió una recomendación “sesgada”, por consigna, carente de una fundamentación jurídica, al afirmar que la UNAM actuó impunemente.

Durante el proceso de investigación, del citado caso, se presentaron diversas inconsistencias, como la afirmación de que la conducta del profesor quedó impune, cuando se sabe que fue despedido, o el hecho de que la oficina del abogado general no diera vista a la contraloría, como se sabe ésta sólo puede conocer de las faltas de funcionarios y empleados que afecten el patrimonio universitario, lo que demuestra que la CNDH desconoce el marco jurídico universitario. Ante esta situación la recomendación era improcedente.

Estamos ante una intromisión vulgar, donde en aras de llevar a cabo tareas de protección a los derechos humanos, se vulnera el Estado de derecho de prestigiosas instituciones.

Cada vez más y con mayor frecuencia se vienen presentando casos en los que organismos nacionales e internacionales, carentes de una fundamentación jurídica, llevan a cabo una descarada intromisión en las soberanías de los estados y las políticas internas de instituciones de prestigio probado. 

Y qué decir del plano internacional, donde por ejemplo en España un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ordena la anulación de la doctrina Parot y permite ejecutar la totalidad de las condenas al aplicar los beneficios penitenciarios individualmente y no sobre el máximo legal de 30 años de prisión, ha provocado el efecto inmediato de la excarcelación de medio centenar de reclusos, entre ellos siete etarras, además de peligrosos delincuentes y dos sujetos acusados de 92 violaciones y varias muertes.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se aplicó de forma retroactiva, cuando la Constitución española, en su artículo nueve, prohíbe la retroactividad de las normas, por lo que tal como ha sentenciado Estrasburgo, la doctrina Parot atenta claramente contra ella. Sin embargo, la resolución resulta vinculante y sienta jurisprudencia, por lo que España se comprometió a acatar los fallos.

En síntesis, estamos ante diversos casos en los que se hace patente una clara intromisión en los derechos soberanos o en las jurisdicciones reconocidas por el derecho internacional. No podemos seguir siendo víctimas de ONG y organismos nacionales e internacionales, que lejos de velar por la protección de los derechos fundamentales de la sociedad, atienden intereses personales y de grupo.

En sentido estricto, estas organizaciones defensoras aparentemente de derechos humanos, tienen que cumplir los objetivos para los que fueron creados, sin apartarse del respeto absoluto a la soberanía de los Estados y su inherente orden jurídico.

Apostilla: El fin último del Estado es el bien común y sólo se logra con el consenso pleno de todos los individuos que lo integran; cuando existen personas que deliberadamente transgreden el orden jurídico del Estado violentan este principio fundamental y provocan un choque brutal con los derechos humanos de la población, que busca precisamente ese bien común.  

                *Ex subprocurador general de la República y vicepresidente de la  Academia Mexicana de Derecho Internacional

                fpr_enlinea@hotmail.com                                                                                                                           

                Twitter: @fpr_enlinea

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