Regular marchas

Con la regulación de las marchas, Mancera podrá contener a la izquierda radical, garantizar los derechos de terceros y la gobernabilidad.

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Enrique Villarreal Ramos 20/12/2013 02:40
Regular marchas

El pasado 10 de diciembre las comisiones unidas del DF y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el DF y lo turnaron al pleno para discutir los artículos reservados.

La iniciativa establece que las manifestaciones deberán tener “fines lícitos”; “prohíbe proferir insultos o amenazas; los manifestantes estarán obligados de notificar a la autoridad la ruta de sus movilizaciones con 48 horas de anticipación, además de prever un horario entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde para su realización”. También prevé la disolución de marchas violentas, así como arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus trabajos.

Si bien el dictamen ya no alcanzó a votarse por el pleno, el gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa y de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) la rechazaron contundentemente. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró que la iniciativa citada “va en contra de lo que estamos planteando”, una Reforma Política que fortalezca la autonomía del DF y, que si es aprobada por el pleno, presentará recursos de inconstitucionalidad. La CDHDF denunció que el dictamen “es incompatible con los estándares nacionales e internacionales”, y advirtió que, al privilegiar la aplicación de medidas penales en contra de quienes participan en protestas públicas, “debe presumirse de inconstitucional”, ya que generan “esquemas de represión”. Que no puede anteponerse el derecho de tránsito por encima de los derechos de reunión y manifestación, lo cual es incompatible con la Constitución, que establece como obligación de toda autoridad el velar por el respeto de todos los derechos, sin privilegiar unos y relegar otros.

Más allá del debate jurídico, es evidente que en los últimos años en el DF se ha abusado del derecho de manifestación (diferente al de la libertad de expresión), y que se ha perjudicado gravemente las libertades, las propiedades y la seguridad de terceros, de los capitalinos en general. Los marchistas, quienes han gozado de impunidad para sus desmanes, han colapsado a la capital, ocasionando multimillonarias pérdidas a los negocios y a la ciudad, sin que nadie indemnice a los afectados.

Sin duda, el costo político principal de las marchas y bloqueos ha sido para Mancera, cuya voluntad de diálogo ha sido ineficaz para contener a grupos bejaranistas y obradoristas, cada vez más radicalizados, al estilo CNTE, quienes aprovechan los vacíos de poder para desestabilizarlo. En este sentido, es incomprensible la oposición de Mancera a la regulación de las marchas, ya que sería un poderoso instrumento para contener, por la vía jurídico-política, a la izquierda radical, cuyas movilizaciones, lejos de responder a una supuesta “reivindicación de derechos”, sino a que es un provechoso negocio para obtener privilegios, dinero… que en nada benefician a la ciudad, y mucho que le cuestan.

Por la rijosidad de la izquierda se postergó la Reforma Política del DF. Si Mancera se sigue oponiendo a regular las marchas, alentará el poder movilizador de sus enemigos políticos dentro de la izquierda, el cual ya se usa en su contra (el “Posmesalto” es una prueba de ello), continuará su desgaste político y descrédito ante los capitalinos, y comprometerá la gobernabilidad del DF.

Entretelones

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