AUDITOR DEL IEDF

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El Santo 20/01/2014 00:00
AUDITOR DEL IEDF

>Intensa se ha puesto la discusión entre legisladores federales, ya que no saben qué harán con los contralores de los órganos electorales locales, aunque, nos platican, la verdad no hay mucho que pensarle y lo más sano es desaparecerlos. Así de simple.

¿Por qué? El argumento es que son figuras que no han servido para nada, un ejemplo de ello, para variar, se da en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), donde el auditor Miguel Ángel Mesa Carrillo nada más no hace una. Primero, acusó al ex consejero presidente, Isidro Cisneros, de un daño de 50 millones de pesos, lo cual no fue cierto. Después, corrió al secretario administrativo sin fundamentos y las autoridades judiciales le dieron un revés al ordenar la reinstalación de Eduardo Bustamante; además de un daño patrimonial al IEDF, que tuvo que pagar más de seis millones de pesos.

Posteriormente, corrió a un coordinador distrital por supuestamente contratar familiares y, nuevamente, los juzgados no le dieron la razón y ordenaron recontratar al funcionario.

En ese órgano electoral del DF no se para de comentar que la cereza del pastel la puso Mesa cuando declaró legales los millonarios bonos que se dieron ex consejeros, al señalar que los lineamientos en que se basaban estaban apegados a la ley.

Sin embargo, el contralor no ordena que se les pague la liquidación a varios funcionarios que se fueron también bajo esos lineamientos. Es decir, unas cosas sí las ve y otras no. Por si fuera poco, a más de dos años de las denuncias contra la actual presidenta, Diana Talavera, por utilizar a funcionarios electorales para realizar obras en su casa y compras irregulares, Mesa Carrillo no ha resuelto el caso, mientras que en otras quejas no tarda ni diez días.

CDHDF Y MARCHAS

>En estos días en los que se da la discusión y análisis de la Ley de Regulación de Marchas, promovida desde el Congreso de la Unión, diversos sectores en el Distrito Federal fijan su postura, mayormente crítica contra el dictamen, pero ha llamado la atención que la Comisión de Derechos Humanos del DF primero fijara una postura, a través de un comunicado emitido el 29 de noviembre de 2013, donde pide una regulación de las manifestaciones por el bien de los ciudadanos y destaca que el ejercicio de las marchas sólo puede estar sujeto a las restricciones, previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, y días después, el 11 de diciembre, cambia la óptica y establece una postura más bien política, criticando la ley de manifestaciones públicas, diciendo que pretende regular no sólo el ejercicio de la libre manifestación, sino otros derechos.

Los argumentos presentados se contradicen con su primer comunicado y ahora critica que esta iniciativa faculta a las autoridades a utilizar la fuerza y disolver una manifestación cuando algunas personas actúen de manera violenta, lo cual vulnera el ejercicio de proporcionalidad, además, según la CDHDF, le preocupa la referencia a “buenas costumbres” como una limitación de expresiones en las movilizaciones. ¿Cuál será el fin de estas repentinas críticas?

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