Por una ciudad plural

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Columnista invitado Comunidad 06/07/2014 00:09
Por una ciudad plural

Por Lorena Villavicencio Ayala

La diversidad es un valor consustancial de la democracia. Si no hay mecanismos que garanticen su expresión y su representación podemos afirmar que ésta no existe. Ya que democracia sienta sus bases en la capacidad de elegir, lo cual implica necesariamente la presencia de opciones distintas.

La historia política e institucional de la Ciudad de México refleja en sí misma los avatares que ha tenido nuestra democracia mexicana, sus avances, retrocesos y percances. Una ciudad marcada y condicionada en su desarrollo por el asentamiento de los poderes federales, lo cual motivó injustificadamente acabar con la tradición de cuatro siglos de gobierno municipal en la Ciudad de México para otorgarle la tutela compartida al Presidente de la República y al Congreso de la Unión.

La nuestra es una ciudad de sucesivas destrucciones y no sólo por como se han sobrepuesto las distintas etapas históricas como lo hizo inicialmente la ciudad colonial con la ciudad prehispánica y así sucesivamente, sino por el desmantelamiento que también se ha dado en las instituciones de gobierno y órganos de representación. El carpetazo que en 1928 se dio contra los habitantes de la ciudad, al eliminar el régimen municipal en el Distrito Federal, estableciendo un gobierno centralizado designado por el Presidente de la República, dejó sin prácticamente ningún contrapeso y ningún órgano de representación elegido por sus propios habitantes por muchos años.

Pero también es una ciudad que se ha sabido reconstruir por la presencia de una sociedad civil vigorosa, exigente de sus derechos políticos tal como se manifestó durante los sismos de 1985, en un contexto de grave crisis económica, que dio lugar a un ciclo de cambios constitucionales y legales, que inició con la creación de la Asamblea de Representantes de Distrito Federal en 1986 con facultades sólo reglamentarias para luego convertirse en un órgano legislativo con atribuciones también acotadas.

Sin duda, lo más relevante fue la reforma que se impulsó diez años después que permitió el voto de los capitalinos para elegir por vez primera al jefe de Gobierno del Distrito Federal, y posteriormente a jefes delegacionales, la cual permitió la restitución de derechos políticos condicionados a los ciudadanos del Distrito Federal, invalidando también todos aquellos argumentos que presagiaban la ingobernabilidad por la concurrencia de los poderes federales y locales.

Sin embargo, el fantasma del desgobierno no quedó superado del todo, ya que se sigue sosteniendo la necesidad de preservar la tutela de los poderes federales junto con algunas atribuciones que corresponden claramente al ámbito local, bajo el argumento de que se pone en riesgo el funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de los poderes federales asentados en el Distrito Federal. Esta visión catastrofista choca con la realidad de muchos territorios donde concurren gobiernos estatales y municipales; situación que se supera con la definición clara de la competencia de cada uno de los poderes e instancias de gobierno y estableciendo mecanismos claros de coordinación e inclusive de procesamiento de diferencias, tal como ocurre en la actualidad.

No obstante, lo anterior, me parece que el gran valladar para lograr la democratización plena en el Distrito Federal radica en garantizar la representación de las minorías en las actuales delegaciones, mediante el establecimiento de los cabildos. La restitución de la vida municipal no es sólo una exigencia para darle voz a la pluralidad y a la diversidad de visiones que concurren en la Ciudad de México, sino un instrumento fundamental e indispensable para la rendición de cuentas y fiscalización de las grandes islas de opacidad en que se han convertido las delegaciones del Distrito Federal.

Magnificar los problemas económicos que traería consigo la existencia de municipios en el Distrito Federal, recurriendo al expediente de negar la funcionalidad en la prestación de servicios públicos, sólo ha propiciado el clientelismo, el corporativismo y la visión patrimonialista en el ejercicio de poder. Síndromes que sustituyen el Estado de derecho por otro sustentado en favores, atentando con ello la vida institucional y pública del Distrito Federal.

Resulta insostenible, entonces, que siendo el ayuntamiento la base fundacional de nuestro país, se siga suprimiendo como derecho de una comunidad que representa casi la décima parte de la población mexicana y más cuando el municipio forma parte del origen y surgimiento de la Ciudad de México. Pero además cuando en las zonas conurbanas, la prestación de servicios públicos esta garantizada y ello, sin perder de vista que nuestros legisladores pueden incorporar mecanismos para que en el Distrito Federal, el gobierno local mantenga la competencia en la prestación de algunos servicios, y al mismo tiempo se preserven los beneficios de un gobierno colegiado, un gobierno representativo y plural, como son los cabildos.

Si queremos superar males endémicos y prácticas que atentan contra los derechos de los ciudadanos en la capital, la pluralidad debe ser reconocida en la conformación de los gobiernos de las delegaciones, las cuales deben también ser fortalecidas en sus atribuciones hasta equipararlas con los municipios, tomando en cuenta las características y funcionamiento de la ciudad capital.

Más aún, resulta muy importante que en el marco de la discusión y aprobación de la Reforma Política del Distrito Federal se fortalezca la capacidad hacendaria y la autonomía presupuestal de las delegaciones, pero con el contrapeso de los cabildos o su equivalente.

Con sinceridad acompaño todos los esfuerzos que han hecho los partidos políticos para discutir, repensar y replantear el desarrollo y funcionamiento del Distrito Federal y los derechos de sus habitantes. Sólo en el diálogo y en la capacidad transformadora que este puede generar podemos reconstruir la ciudad. A ese espíritu convocamos para que la ciudad, promueva la toma de decisiones colectivas y la corresponsabilidad en la vida pública mediante la instauración de los cabildos que garantizan la pluralidad como un principio democrático fundamental.

Hoy les corresponde a los representantes del pacto federal, donde el Distrito Federal forma parte, superar esas supuestas viejas rivalidades entre nuestra ciudad y la federación, y entre el gobierno local y las delegaciones, las cuales se conjuran o resuelven con una clara distribución de competencias. Ello dará igualdad de condiciones a miles de ciudadanos que aportan al desarrollo de este país y su ciudad, y pondrá al día el diseño institucional del Distrito Federal, el cual está claramente agotado.

Las mujeres y hombres que participamos activamente en la vida pública de la Ciudad de México sabemos que es urgente promover una nueva relación con los ciudadanos sin clientelas o corporativismos que los mantengan cautivos, y el fortalecimiento de la vida institucional de nuestra ciudad-capital.

Más aún, considero que el eje de la Reforma Política del Distrito Federal que está próxima a discutirse debe ser representación de las minorías en los gobiernos delegacionales.

No olvidemos que las ciudades son espacios concertados por la humanidad para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades públicas. La ciudad es la forma inicial de participación política de los seres humanos y un escenario de permanente construcción del espacio público y de sus instituciones, y de creación constante de nuevos derechos para sus ciudadanos.

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