¿Qué mensaje envía lo que hoy sucede en Oaxaca y Guerrero? ¿Acaso lo ignora?

La vigencia del Estado de derecho puede hacer la diferencia.

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Ángel Verdugo 20/08/2014 00:00
¿Qué mensaje envía  lo que hoy sucede en Oaxaca y Guerrero? ¿Acaso lo ignora?

Es ya un lugar común afirmar que el distintivo —justificado o no— del sexenio del presidente Calderón fue, sin duda, el combate al crimen organizado y al desorganizado. Al margen del resultado, ese aspecto lo acompañará por años; por más esfuerzos que haga por cambiar ese hecho, se ve imposible lograrlo pero, allá él y sus obsesiones.

El gobierno actual pretendió, desde el momento mismo de la toma de posesión, distanciarse de su antecesor; sin embargo, la realidad terminó por imponerse y hoy, igual o peor que en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno actual se encuentra sumido en una guerra-lucha-combate o lo que sea, en contra del crimen desorganizado u organizado.

Si bien es temprano para afirmar que a este gobierno lo recordaremos como el continuador de la guerra de Calderón, o si derrotó al crimen e inauguró una nueva etapa en ese esfuerzo por hacer que la legalidad y la vigencia del Estado de derecho sean algo cotidiano y no acto de excepción, los ciudadanos no ven diferencia alguna con lo que intentó concretar el gobierno anterior.

Ahora bien, como es conocido por todos los que de una u otra manera están relacionados con el crecimiento económico, el respeto de la ley y la vigencia del Estado de derecho pueden hacer la diferencia para que una inversión llegue a un país o, al ver que la realidad que ahí priva envía un mensaje en la dirección contraria decida —como una forma elemental de protección—, irse a otro donde las condiciones en lo que respecta a la legalidad y vigencia del Estado de derecho dejan ver un riesgo menor.

Viene a cuento lo anterior por lo que vemos—desde hace muchos años—, en varios estados del país; si bien Oaxaca y Guerrero serían evidencia clara de la realidad que priva en México en relación con la impunidad de la cual gozan —sin restricción alguna—, grupos de delincuentes disfrazados de profesores en su permanente comisión de delitos y violación sistemática de la ley, no están solos en esta cruzada emprendida en contra de la legalidad para hacer añicos el Estado de derecho.

¿Acaso no merecen Tamaulipas, el Estado de México, Michoacán y el Distrito Federal, acompañar a aquel par de entidades en su tarea diaria de exhibir a las autoridades municipales y estatales y a las federales, como peleles incapaces de hacer respetar la ley? ¿Quién soy yo para negarles ese honor el cual, más que merecido lo tienen?

Esta realidad inocultable, imposible de disfrazar con el ropaje andrajoso de los porcentajes y cifras sacadas de contexto, envía un mensaje que no es el mejor frente a las ilusiones que no pocos se han hecho de la llegada de decenas de miles de millones de dólares en inversiones. La elección intermedia de 2015 nos ha llevado, a querer y no, a perder toda objetividad en materia de atracción de inversión para elevar el número de empleos formales.

Olvidamos —o hacemos a un lado— la realidad que la globalidad y la apertura de las economías han creado estos últimos 40 o 50 años; hoy, México y las leyes reglamentarias en materia energética son sólo un texto el cual, aceptémoslo, no se ha traducido en hechos que convenzan a los potenciales inversionistas de tomar riesgos en nuestro país.

En tanto no enfrentemos el daño que causa la violación sistemática e impune de la ley, la llegada de miles de millones de dólares será un buen deseo o, ¿por qué no?, instrumento útil para convertir simpatías en votos.

No coma ansias, pronto lo verá usted.

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