Una ley destinada a la Corte

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Alberto Begné Guerra 07/07/2014 02:24
Una ley destinada a la Corte

                Con mi afecto y solidaridad a Lorenzo Córdova

 

Pocos asuntos concitan tantos intereses como las telecomunicaciones. No sólo están en juego grandes cantidades de dinero y, por lo tanto, una feroz lucha empresarial, sino también el control de instrumentos decisivos para la disputa y el ejercicio del poder. Por ello las reformas legislativas en esta materia polarizan tanto las posiciones y exhiben de manera descarnada la intrincada red de relaciones y arreglos entre empresarios y políticos, desdibujando la necesaria frontera entre la esfera de los intereses particulares y la esfera del interés público.

No es una novedad. En 2007, cuando fue aprobada la reforma que modificó las reglas para la determinación y administración de los tiempos oficiales en radio y televisión, una suerte de revuelta empresarial se levantó contra el gobierno y los legisladores, con la falsa bandera de la libertad de expresión, cuando en realidad el motivo residía en las pérdidas económicas que esto les significaba a las empresas y, también, en la restricción para ofrecer tratos diferenciados a partidos y candidatos, en contra de una competencia electoral equitativa.

Ahora, a propósito de la discusión sobre la legislación reglamentaria de la reforma constitucional aprobada el año pasado, las presiones y las pugnas llegaron a niveles más extremos debido a los alcances e implicaciones de las nuevas reglas del juego en dos sectores, la telefonía y la radiodifusión, donde las estructuras monopólicas han obstruido la competencia y la ampliación y mejora de la oferta de servicios, en perjuicio de los consumidores.

Si bien el gobierno y los partidos habían logrado construir un amplio consenso a favor de la apertura y la competencia, lo que quedó plasmado en la reforma constitucional, el debilitamiento de la lógica de los acuerdos debilitó también su capacidad para resistir presiones, una condición indispensable para establecer límites y ordenar estos grandes intereses, lo que condujo a los legisladores a entramparse en un falso debate para determinar si la preponderancia debe declararse por sector o por servicio; un falso debate porque las dos posiciones reflejaron más los intereses de los grupos empresariales en conflicto que una genuina polémica de interpretación. Bajo una interpretación literal, la Constitución ofrece las dos posibilidades, pero una interpretación integral sobre el espíritu de la reforma constitucional deberá hacer irrelevante la discusión conceptual, pues su sentido es garantizar la competencia tanto en los sectores como en los servicios. La solución legislativa, en efecto, no es tal. Unos y otros actuaron en función de sus arreglos e intereses con los grupos en pugna. El resultado es una ley destinada a la interpretación de la Corte. 

                *Socio Consultor de Consultiva

                abegne.guerra@gmail.com

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