El monstruo magisterial y sus aliados

El desastre educativo tiene varios frentes. Uno de ellos ha sido diagnosticado con la mayor precisión posible.

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Alberto Begné Guerra 14/04/2014 01:05
El monstruo magisterial y sus aliados

Lo más sorprendente del censo de maestros es que sus resultados no son una sorpresa. Los datos del estudio de campo realizado por el INEGI no son, en efecto, una revelación, sino la confirmación sustentada de una de las piezas centrales del gran fraude educativo. El capítulo correspondiente al magisterio es la fotografía de una realidad que, si no fuera por la mala costumbre de asumir estas tremendas desviaciones como una suerte de fatalidad nacional, resultaría inverosímil, en especial, en lo que toca a las escandalosas irregularidades de la nómina de los profesores: 30 mil comisionados en funciones sindicales o administrativas; 39 mil que nunca han trabajado en la escuela donde cobran; 115 mil jubilados o fallecidos; y 138 mil con tres o más plazas simultáneas. Esto, sin contar con la información de 41 % de las escuelas de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, donde la CNTE impidió el levantamiento del censo.

Las dimensiones y los vicios del monstruo magisterial han quedado retratados con nitidez, para vergüenza del país. Los responsables son los gobiernos y  dirigentes sindicales que, durante décadas, fueron construyendo y, si cabe la expresión, normalizando, una serie de arreglos políticos y laborales que, como es evidente, relegaron al último plano lo que debía ser la prioridad del sistema: impartir educación de calidad.

El desastre educativo tiene varios frentes. Uno de ellos ha sido diagnosticado con la mayor precisión posible. Es un primer paso, muy importante, pero desde luego insuficiente, en la medida en que, vistos el arraigo y la profundidad de las deformaciones, no hay solución que no pase por una completa reformulación de la relación política, laboral y administrativa entre las autoridades y el magisterio, bajo un riguroso código de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar el gobierno federal y los gobiernos locales en este propósito? ¿Existen la disposición y la capacidad para asumir los costos y procesar los riesgos de una operación compleja, pero vital para el desarrollo del país?

La organización Ciudadanos Primero denunció la semana pasada que la mayoría de las entidades federativas no cumplió la exigencia de adecuar sus ordenamientos a la reforma constitucional. La obstrucción es producto de la simulación, complicidad, incompetencia o debilidad de los gobiernos y congresos locales que no han hecho lo que deben hacer. En cualquier caso, es inadmisible. Parece que no ha quedado claro que la ruta hacia un desarrollo sostenido y equitativo, con capital humano calificado, competitividad, crecimiento económico y bienestar social, pasa necesariamente por una transformación radical del sistema educativo, impensable con el monstruo magisterial y sus aliados a bordo.      

                *Socio Consultor de Consultiva                               

                abegne.guerra@gmail.com 

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