2014: la reivindicación de la ley

En materia de seguridad pública y legalidad, no hay nada que indique la posibilidad de un cambio significativo

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Alberto Begné Guerra 23/12/2013 00:01
2014: la reivindicación de la ley

En el balance de 2013, en contraste con los saldos positivos de las reformas en áreas clave para el desarrollo, saltan a la vista saldos negativos en tres rubros cruciales para el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos: baja productividad y falta de crecimiento económico; marginación y pobreza extrema, e inseguridad, violencia e impunidad en regiones, entidades y localidades que, literalmente, han quedado fuera de la esfera de la ley y la autoridad del Estado.

Una parte importante de las reformas aprobadas apunta a la solución de los problemas estructurales que, en buena medida, explican el estancamiento de la economía y los círculos viciosos de la exclusión social. Entre ellas, aunque no son las únicas, destacan la educativa, la fiscal y la energética, y si bien sus resultados no se verán de inmediato, el gasto y las inversiones públicas programados para 2014, sobre todo en infraestructura, previsiblemente generarán un impacto económico positivo y perceptible desde los primeros meses del próximo año.

En materia de seguridad pública y legalidad, sin embargo, no hay hasta ahora nada que, en el corto plazo, indique la posibilidad de un cambio significativo. La reorientación estratégica planteada por el gobierno del presidente Peña Nieto, con el fin de priorizar la inteligencia sobre el uso de la fuerza, no se ha reflejado en una mejora sustancial de los indicadores sobre inseguridad, violencia e impunidad. Aunado a lo anterior, los territorios de la barbarie en algunas entidades federativas se han extendido. A los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, con zonas enteras controladas desde hace años por el poder de las organizaciones criminales y, más recientemente, por los llamados grupos de autodefensa —cuyos autenticidad, objetivos y naturaleza son, por lo menos, confusos, y de cualquier forma inadmisibles en un Estado de Derecho—, deben sumarse el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, entre otras entidades, donde delitos muy sensibles para la sociedad, como el homicidio, el secuestro y el robo a mano armada, se han disparado de manera inquietante. A este oscuro escenario se añaden otros hechos y actores que, empezando por la CNTE, pasan a su antojo por encima de la ley.

Si el primer año de gobierno fue el año de las reformas, cuya negociación y aprobación exigió la concentración del poder presidencial en la agenda del Pacto por México, así como una suerte de autocontención en aras de no alterar el clima propicio para los acuerdos, el segundo año, además de dedicarse a la implementación de las reformas, debe tener como su primero y más importante objetivo la reivindicación del valor de la ley, a través del ejercicio legítimo, legal y eficaz de la autoridad del Estado.

                *Socio Consultor de Consultiva

                abegne.guerra@gmail.com

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