Modelo de fiscalización: proceso 2011-2012

Por Francisco Guerrero*

(Segunda parte y final)

En términos generales, del Dictamen Consolidado y Proyecto de resolución que presentó el órgano especializado del IFE, se desprendieron los siguientes resultados:

El monto reportado en los informes de los partidos políticos y las coaliciones respecto a los gastos de los candidatos presidenciales, que se acompañaron con las balanzas y documentación comprobatoria, dieron cuenta de los siguientes importes: PAN, 209.1 mdp; Compromiso por México, 241.8 mdp; Movimiento Progresista, 370.5 mdp, y Nueva Alianza, 108.8 mdp.

Derivado de la auditoría practicada por la Unidad de Fiscalización se determinaron diferentes montos de los gastos finales para la campaña presidencial: PAN, 220.5 mdp; Compromiso por México, 328.7 mdp; Movimiento Progresista, 398.8 mdp, y Nueva Alianza, 110.3 mdp.

Se desprendió que el PAN y Nueva Alianza registraron gastos muy por debajo del tope máximo, la Coalición Compromiso por México tuvo gastos por 7.3 mdp por debajo del tope máximo, mientras que la Coalición Movimiento Progresista, integrada por el PRD, PTD y MC, sobrepasó los límites por 62.7 mdp.

Así, la propuesta presentada consistió en aplicar sanciones a los partidos y coaliciones por numerosas faltas de fondo y forma: PAN, 2.2 mdp; Compromiso por México, 54.6 mdp; Coalición Movimiento Progresista, 129.6 mdp, y Nueva Alianza, 283 mil pesos.

Uno de los resultados que llamó la atención de la opinión pública fue el rebase de tope de campaña por parte de la coalición Movimiento Progresista, abriendo un importante debate en los medios de comunicación respecto a los errores e inconsistencias detectadas principalmente en los informes de dicha coalición.

Por ello, considero oportuno señalar sintéticamente la manera en la que se contabilizan los gastos de campaña de los partidos políticos para mejor comprensión del lector. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos o coaliciones incurren en dos tipos de gastos: los gastos directos, que son los que se aplican cuando es identificable sólo una campaña beneficiada, y los gastos “prorrateables” que se aplican cuando existen dos o más campañas beneficiadas, es decir, el término “prorrateo” es la distribución de un determinado gasto entre dos o más campañas cuando éstas son beneficiadas.

La ley establece con claridad que la distribución del gasto entre las campañas beneficiadas se debe realizar de la siguiente forma: 50% se asigna de manera igualitaria y el otro 50% restante en función del criterio que cada partido o coalición adopte de manera libre, en concordancia con las campañas beneficiadas y que haya notificado a la autoridad con la presentación de sus informes.

En este sentido, es relevante señalar los criterios de prorrateo que las coaliciones y partidos decidieron aplicar a su 50% y que les permite la ley distribuir libremente: para las campañas presidenciales de 2012, los porcentajes definidos fueron los siguientes: el PAN, 40%; la coalición Compromiso por México, 1%; Nueva Alianza, 100%, y la Coalición Movimiento Progresista, 33%.

Cabe destacar que la autoridad debe respetar invariablemente el criterio de prorrateo que notificó el partido político a la Unidad de Fiscalización, tal y como lo hizo para el año 2006, en el que el porcentaje de prorrateo presentado por el Partido Acción Nacional para su candidato Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia fue de 0 por ciento.

Después del análisis de los principales conceptos y a partir de la propuesta que la Unidad de Fiscalización presentó en el Consejo General, el 6 de febrero de 2013 se resolvió por cinco votos a favor y tres en contra utilizar la facultad de devolver el dictamen correspondiente para su estudio y revisión por parte del órgano encargado de su elaboración.

De manera sintética, los argumentos que se expresaron en la mesa del Consejo a favor de devolver el dictamen y resolución fueron en esencia los siguientes: el dictamen no ofrecía los elementos que explicaran los criterios para clasificar el gasto; se carecía de claridad respecto a conceptos como el de “beneficio” o de “campaña beneficiada”, es decir, bajo qué criterios se consideró que se beneficiaban a unas campañas u otras; no estaba suficientemente motivado; se consideró que era necesario hacer una revisión integral al dictamen; y para algunos consejeros como Alfredo Figueroa Fernández y Benito Nacif Hernández se requería reinterpretar el artículo 177 apartado B, para que la autoridad reasignara nuevos porcentajes del gasto a prorratear, con la finalidad de garantizar una mayor equidad en la contienda.

En otro sentido, los argumentos que se expresaron a favor de discutir y votar el dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización consistieron básicamente en lo siguiente: el reconocimiento al gran trabajo de la Unidad de Fiscalización; el respeto a los partidos políticos que cumplieron en tiempo y forma con sus informes finales de campaña y a las reglas que se pusieron y se informaron debidamente; los partidos tuvieron durante el proceso de fiscalización la garantía de audiencia y confrontas para explicar y, en su caso, subsanar las observaciones que se fueron encontrando a lo largo de la auditoría.

Por lo anterior, y por decisión de la mayoría de los integrantes del Consejo General, será hasta el próximo mes de julio cuando se contará con un nuevo dictamen consolidado que incluya los gastos de las campañas de Presidente, senadores y diputados, tal y como lo mandata el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Finalizo el artículo subrayando que éste es el primer ejercicio de fiscalización de un proceso electoral federal después de la reforma de 2007. Como consejero electoral tuve la honrosa responsabilidad y la inapreciable experiencia de participar en la organización de las Elecciones Federales de 2009 y de 2012, por ello tengo la certeza de que como todo proceso de aprendizaje institucional, esta experiencia brindará nuevos y valiosos elementos para el análisis y mejora de nuestras prácticas, siempre con la finalidad de cumplir con los principios rectores del Instituto Federal Electoral y así avanzar en el desarrollo de la democracia a través de la mejora de temas relevantes, como es la fiscalización del financiamiento público.

*Consejero electoral del IFE