Modelo de fiscalización: proceso 2011-2012

Por Francisco Guerrero *

(Primera de dos partes)

En las últimas semanas ha estado de manera recurrente en la opinión pública el tema de la fiscalización de los recursos que gastaron los partidos políticos en las campañas en el 2012. Este tema cobra especial relevancia debido a que en México se privilegia el financiamiento público como principal fuente de recursos para que los partidos políticos puedan realizar sus actividades, por lo que la rendición de cuentas se vuelve un punto central de la transparencia y un elemento fundamental en la búsqueda de la equidad de los procesos electorales.

Se trata, para muchos, de un tema complejo, por lo que en aras de abonar a la comprensión de una de las más delicadas funciones del Instituto Federal Electoral (IFE), me di a la tarea de escribir este artículo y presentar los principales elementos de análisis de este tema tan importante para la vida democrática del país.

Sin duda alguna, la fiscalización de los recursos públicos es una preocupación de las democracias modernas en el mundo, y más aún tratándose de recursos que son utilizados para el financiamiento de los partidos políticos y los procesos electorales.

Para nuestro país, es una materia relativamente novedosa, ya que con la reforma legal de 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para los partidos políticos, cuyos criterios para la distribución consideraban el número de votos obtenidos en las elecciones federales inmediatas anteriores y el número de curules logradas en la Cámara de Diputados, estableciendo lo que se denominó como “costo mínimo de una campaña para diputado”.

Posteriormente, con las reformas constitucional y legal de 1990 y 1993, se ampliaron los conceptos de financiamiento público y se aprobaron normas relativas al financiamiento privado, prohibiendo el financiamiento proveniente de los órganos federales, de los estados o de los ayuntamientos, además de que se prohibieron las aportaciones de entidades públicas, de extranjeros, de ministros de culto y de empresas mercantiles; es decir se siguió privilegiando el financiamiento público sobre el financiamiento privado.

Sin embargo, en el terreno de la fiscalización fue en 1994 cuando se registra la primera experiencia oficial de revisión de las finanzas partidistas a propósito de las campañas presidenciales. De ese ejercicio se conoció que el 80% de los recursos habían sido erogados por un solo partido, el PRI, lo cual dio elementos objetivos para avanzar hacia un sistema más equitativo en materia de financiamiento y gasto de recursos, como el que se configuró con la reforma de 1996.

En 1996 se reformó el artículo 41 de la Constitución a fin de garantizar que los partidos políticos contaran con recursos cuyo origen fuera lícito, claro y conocido, estableciendo las bases constitucionales del sistema para el control y la vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos.

De esta forma, se reestructuraron las modalidades de financiamiento público y su forma de distribución, se establecieron nuevos límites al financiamiento de simpatizantes y en general se estableció una mayor fiscalización del origen, manejo y destino de los recursos de los partidos políticos.

Con la finalidad de vigilar y dar cumplimiento a lo antes mencionado, el IFE, creó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, integrada por Consejeros Electorales, la cual desde sus inicios tuvo como uno de sus principales retos el relacionado a la fiscalización de las campañas presidenciales del año 2000.

Los casos del Pemexgate y Los Amigos de Fox pusieron a prueba tanto el diseño legal para llevar a cabo una exhaustiva fiscalización, como al IFE, el cual para la realización de sus investigaciones, requirió de la colaboración de distintas instancias de procuración de justicia, del sistema financiero mexicano y del Poder Judicial.

Ambos casos dejaron al descubierto la necesidad de mejorar el modelo de fiscalización vigente en aquel entonces, por lo que después del complejo proceso electoral de 2006 se abrió la oportunidad para gestar una nueva reforma (2007-2008), en la que se aprobaron nuevas e importantes reglas, incluidas las relacionadas a la fiscalización.

En esencia, en dicha reforma se ratificó el principio de transparencia y rendición de cuentas en los manejos financieros de los partidos, se creó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE (UFRPP), asumiendo las funciones que desempeñaba la Comisión de Fiscalización.

Derivado de la reforma, la Unidad de Fiscalización se configuró como un órgano con autonomía de gestión, es la responsable de recibir y revisar los informes del origen, monto, destino de los recursos ordinarios y de campaña que presenten los partidos políticos, así como de la práctica de auditorías sobre el manejo de los recursos y situación contable y financiera de los partidos; desahogar de los procedimientos administrativos respecto de las quejas presentadas en materia de fiscalización y vigilancia; presentar al Consejo General el proyecto de reglamento que indica la aplicación del esquema de rendición de cuentas, entre otras funciones.

Es importante mencionar que para realizar estas actividades y las investigaciones que resulten, la Unidad de Fiscalización no está limitada por el secreto bancario, fiscal o fiduciario.

En el proceso electoral Federal 2011-2012, por primera vez, las atribuciones en materia de fiscalización vigentes de la Unidad de Fiscalización se pusieron en operación. El reto para el modelo actual no fue menor, había que realizar una exhaustiva revisión y auditar el financiamiento público que consistieron en los gastos ordinarios que para 2012, ascendió a tres mil 361 millones de pesos y los gastos autorizados para campaña, los cuales ascendieron a mil 680 millones de pesos, adicionalmente de las otras formas de financiamiento permitidas (los recursos provenientes de la militancia y simpatizantes, etc.).

Por otra parte, y con la finalidad de preservar el principio de equidad, el IFE, estableció topes de gastos de precampaña y campaña presidencial para cada candidato por un monto de 67.2 millones de pesos y de 336.1 millones de pesos respectivamente.

En ejercicio de sus atribuciones y a los plazos establecidos, el 9 de mayo de 2012 la Unidad de Fiscalización presentó ante el Consejo General del IFE el dictamen consolidado y el proyecto de resolución de 261 informes de precampaña de los distintos candidatos a un cargo de elección federal, incluyendo los precandidatos presidenciales.

Este procedimiento expedito culminó con la sanción a 26 faltas formales y el inicio de ocho procedimientos oficiosos. Lo anterior implicó sanciones por un monto total de 782 mil pesos para todos los partidos políticos y coaliciones.

Por lo que corresponde a fiscalización de las campañas para Presidente de la República, el pasado 16 de mayo de 2012 el Consejo General, con el ánimo de coadyuvar en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, decidió aprobar un acuerdo en el que se anticipaba su revisión.

En dicho acuerdo se estableció el 30 de enero como fecha de entrega del Dictamen Consolidado y Proyecto de resolución de la revisión de los informes de la Elección Presidencial, denominándose como “Fiscalización Anticipada”, lo que implicó adelantar la presentación de los resultados prácticamente seis meses y separar los gastos de la elección presidencial de la revisión de las campañas de candidatos a senadores y diputados.

Por ello y cumpliendo el mandato del Consejo General, el pasado 30 de enero la Unidad de Fiscalización entregó el Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de la Elección Presidencial para ser discutido y aprobado por el Consejo General; sin embargo, por mayoría de los Consejeros presentes (7 votos a favor y 2 en contra), su discusión se postergó una semana en virtud del poco tiempo con el que se contó para la revisión y análisis del dictamen correspondiente.

* Consejero electoral del IFE