El año en que nacieron las reformas

Fueron nueve en total en el segundo año de administración de Peña Nieto; en PAN y PRD se agudizan las diferencias internas

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01/09/2014 05:52 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre.- Logro histórico del gobierno de Enrique Peña Nieto, las reformas que concretó en su segundo año al frente de la administración pública federal dejaron, sin embargo, un saldo negativo en el interior de las dos principales fuerzas políticas que lo respaldaron para concretarlas, pues el PAN y el PRD profundizaron sus diferencias internas durante los procesos legislativos que las originaron.

Decididos a impedir que el Pacto por México, el principal instrumento de construcción de acuerdos que permitió estas reformas, les diera “órdenes”, desde el Senado de la República el panista Ernesto Cordero y el perredista Luis Miguel Barbosa emprendieron una lucha constante contra los respectivos líderes nacionales de sus partidos políticos para colocarse como los interlocutores directos ante el gobierno de Enrique Peña Nieto para concretar las reformas.

Por momentos lo lograron, ellos de manera directa o a través de sus compañeros senadores; incluso fueron factor decisivo para impedir el avance de las reformas, con el saldo de un distanciamiento notorio, de rompimiento de facto, con los grupos políticos hegemónicos de sus partidos y la consecuente división en ellos.

En contraste, el saldo de las reformas construidas en el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que hoy entrega su Segundo Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, fue de unidad como ente de gobierno y de cohesión de los militantes del PRI, y a pesar de que en temas como la Reforma Energética hubo numerosas voces en contra, mantuvieron su tradicional disciplina para evitar la división interna.

El gobierno de Enrique Peña Nieto concretó diez reformas estructurales en los primeros 21 meses de administración, pero nueve de ellas se hicieron realidad durante el periodo que va del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de este año.

Es decir, durante su segundo año de gobierno y el segundo año de trabajo del Legislativo federal.

La reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, que oficialmente es incluida entre las reformas estructurales del gobierno peñista, fue aprobada plenamente en abril del año pasado; es decir, durante su primer año de gobierno.

Oficialmente, la Presidencia de la República incluye la Reforma Laboral en el recuento de los cambios estructurales hechos por el actual gobierno, pero se trata de una iniciativa promovida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y aprobada durante el último trimestre de su gobierno, en octubre de 2012; es decir, fue su última gran reforma concretada.

Así, el gobierno de Enrique Peña Nieto concretó nueve cambios en su segundo año de administración.

Cuatro de ellas fueron aprobadas a nivel constitucional en el primer año de gobierno, pero su concreción plena fue en los meses recientes, junto con otras cinco que nacieron constitucionalmente y en leyes reglamentarias en el periodo del segundo año de gobierno.

Las cuatro reformas que tuvieron el cambio constitucional en el primer año de gobierno y sus leyes reglamentarias en el segundo son el Código Único de Procedimientos Penales; Telecomunicaciones; Competencia Económica y Ley General del Servicio Profesional Docente.

A su vez, las cinco reformas que concretaron su capítulo constitucional y secundario o sólo modificaciones a las leyes existentes durante el segundo año de gobierno fueron la Fiscal-Hacendaria, Energética, Financiera, Transparencia y Político-Electoral.

Las divisiones partidistas

Reunidos en un restaurante ubicado a una calle del Senado de la República, la tarde del 20 de diciembre de 2012, los dirigentes perredistas integrantes del Pacto por México intentaban convencer a su entonces compañero cercano, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que debía aprobar en sus términos la minuta de la Reforma Educativa a nivel constitucional, primer producto del Pacto y que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

Pero Luis Miguel Barbosa no lo aceptó y prefirió dialogar con el entonces coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y en ese momento presidente del Senado, Ernesto Cordero, para unir fuerzas y obligar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Emilio Gamboa a aceptar los cambios que deseaban hacer a la minuta y dejar así en claro que el Senado no era una instancia al servicio del Pacto, que recién nacía el 2 de diciembre de ese año. El criterio de Barbosa y Cordero se impuso.

Era el 2 de abril de 2013, cuando Ernesto Cordero fue claro. “No puedes poner plazos fatales. Yo creo que no puedo decir ‘puede salir mañana, puede salir en un mes’. No lo sé, todo depende del análisis que se haga; todo depende de la minuta que nos llegue de la Cámara de Diputados”.

De esta forma, el entonces presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, ignoraba la recomendación emitida por el Consejo Rector del Pacto, que pidió al Senado turnar sólo a dos comisiones la minuta de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, para que tuviera un proceso “espejo” a lo ocurrido en  Diputados.

La turnó a cuatro comisiones, y junto con Barbosa promovió diversos cambios y llevó su aprobación al límite del periodo ordinario de sesiones de ese momento.

Esos fueron los dos primeros sucesos que marcaron la historia de las reformas promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto al amparo del Pacto por México, que al paso del desgaste político y el bombardeo constante terminó por quedar en el limbo, sin un final oficial, pero tampoco con una operación formal.

Y son sucesos ilustrativos, porque trazaron el camino de la división interna que provocaron estas reformas, que salvo la Energética, no tuvieron que ver con el objetivo de los cambios, sino con la pelea por la interlocución con el gobierno federal.

El 15 de mayo de 2013, el PAN, dirigido por Gustavo Madero, presentaba ante el pleno de la Comisión Permanente la iniciativa del partido en materia electoral, y el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunciaba que harían lo mismo sus legisladores, pero al mismo tiempo, Ernesto Cordero y Luis Miguel Barbosa anunciaban en conferencia de prensa su rebelión contra el Pacto por México y decidieron irse por la libre en la construcción de la Reforma Político-Electoral, pues no esperarían la propuesta del Consejo Rector del Pacto.

Sólo unos días después Ernesto Cordero fue destituido como coordinador de los senadores del PAN por decisión de Gustavo Madero y eso abrió una serie de confrontaciones internas que todavía en este año registran consecuencias.

Esa rebelión de los senadores panistas y perredistas, junto con los conflictos electorales generados por la constante queja de Gustavo Madero y Jesús Zambrano hacia lo que han calificado de excesos de los gobernadores priistas que meten las manos en los proceso estatales, fue lo que provocó que el Pacto por México se fuera desdibujando.

La Reforma Financiera presentada en la primera semana de mayo fue el último producto formal del Pacto como tal.

Y es que la Político-Electoral a nivel constitucional fue construida en el Consejo Rector del Pacto por México, pero se decidió no presentar una propuesta formal y trabajar con base en las iniciativas que ya había, tanto del PAN como del PRD,

Es decir, trabajarla entre un grupo tripartita de senadores y diputados federales, aunque fueron los senadores perredistas y panistas, del ala de Ernesto Cordero, representados en esta negociación por Roberto Gil, quienes hicieron prevalecer sus visiones para concretarla.

Pero un mes antes de concretarse la Reforma Político-Electoral a nivel constitucional, el presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara su Reforma Fiscal y Hacendaria, por primera vez en alianza exclusiva con los perredistas y el voto en contra de los panistas, en una dinámica que ya trazaba una apuesta no por la unanimidad, sino por la mayoría.
Fue justamente esta dinámica la que permitió que el gobierno de Enrique Peña Nieto lograra, con el voto del PAN, aprobar la reforma constitucional en materia energética, con la constante oposición perredista.

A la par de la Reforma Político-Electoral, la Cámara de Diputados y el Senado concluyeron la Reforma Financiera, que no tuvo mayor problema, salvo que la senadora perredista Dolores Padierna presentó un centenar de reservas y la izquierda de Barbosa votó en contra.

También, después de más de un año de discusión, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de transparencia con el voto unánime de todas las fuerzas políticas.

En medio de un cerco de seguridad que duró una semana, el Senado aprobó la reforma constitucional energética y en un tiempo récord lo hizo la Cámara de Diputados; les siguieron los Congresos estatales; en menos de dos semanas México concretó una reforma que le llevó años discutir y aceptar.

Aunque en este tema había unanimidad entre los panistas, lo cierto es que en una primera etapa Ernesto Cordero declaró que si el gobierno de Peña quería esa reforma debía negociarla con él.

Los amagos

Pero las divisiones internas entre las dirigencias nacionales del PAN y el PRD y los coordinadores de sus senadores se agudizaron cuando se llegó a la etapa de las reformas secundarias o leyes reglamentarias.

La materia electoral fue el principal instrumento que sirvió para ganar la interlocución con el gobierno federal, a partir de pretender arrinconarlo y amagar con el rechazo a las reformas.

La ley reglamentaria de Competencia Económica no tuvo mayor problema, pero la nueva Ley de Telecomunicaciones generó un cisma en el interior del Senado de la República, por el estilo poco cuidadoso del panista calderonista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, las diferencias con su dirigente nacional, Gustavo Madero, y la animadversión que Lozano despierta entre los perredistas.

Pero también hubo lo que los políticos denominan fuego amigo, pues en el momento en que el PRD dejó en claro que no iba a acelerar los tiempos de las leyes en telecomunicaciones, como planeaba Lozano, el panista Roberto Gil les dio el respaldo en conversaciones bilaterales, como algunos senadores perredistas dieron a conocer.

También fue Roberto Gil, calderonista, quien echó abajo en dos ocasiones los acuerdos que ya trazaban la aprobación de la reforma electoral, porque en la primera ocasión desconoció los acuerdos logrados con su compañero Héctor Larios, y en la segunda advirtió que el PAN no iba a ir a un extraordinario para aprobar esta reforma antes de las elecciones del PAN del 18 de mayo, lo cual generó la molestia de los interlocutores en el PRD, el PRI y el gobierno federal.

La presión fue tal, que los calderonistas cedieron. Superada la aduana de la Reforma Electoral, se retomó el trabajo para construir la Ley de Telecomunicaciones con divisiones entre panistas y perredistas que no pudieron superarse del todo.

Barbosa pidió una mesa de negociación directa con el gobierno federal y con ellos construyeron los cambios que consideraron fundamentales y obligaron a que el PAN los aceptara.

Sin embargo, esa interlocución directa con el gobierno lo distanció aún más de su líder nacional, Jesús Zambrano, quien a final de cuentas lo obligó a él y a todo el grupo parlamentario a votar en contra de la reforma que había construido, con la amenaza de ser sancionados por el máximo órgano de gobierno del partido.

La Energética, principal apuesta del gobierno, fue la más vulnerable a las presiones panistas, que amagaron con no aprobarla si no se presionaba a congresos estatales a aceptar las posiciones panistas.

El gobierno cedió en un contexto panista con un fortalecimiento interno del poder de Gustavo Madero, ganador del proceso interno, y de un debilitamiento de Ernesto Cordero, que mantiene, empero, influencia en el Senado.

El saldo

Así, las reformas de este gobierno federal entregan al país una serie de instrumentos jurídicos, pero dejó entre los perredistas y panistas una división que impide su coordinación eficaz para enfrentar el proceso electoral de 2015, en que estarán en juego nueve gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.

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