Investigan a policías que arrojaron huevos de tortuga al mar

Podrían purgar una pena de uno a nueve años de prisión, así como una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo

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28/08/2014 11:15 Notimex

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de agosto.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga el caso de dos policías que fueron grabados cuando arrojaban huevos de tortuga marina al mar en Manzanillo, Colima.

Las siete especies de tortugas marinas que arriban al país están protegidas por la legislación mexicana, a través de la NOM-059-SEMARNMAT-2010, por lo que cualquier tipo de aprovechamiento, venta o consumo constituye un delito federal

En un comunicado, la dependencia detalló que si se comprueba la responsabilidad de los agentes, quienes se encuentran bajo arresto por la Dirección de Seguridad Pública local, se presentará denuncia penal ante el Ministerio Público Federal.

Por lo pronto, personal de la dependencia inspeccionará el lugar y llevará a cabo las acciones correspondientes para determinar el posible saqueo de un nido de tortuga que quedó descubierto por el fuerte oleaje, así como el proceder de los agentes.

Aseguró que la Profepa ha impartido pláticas y cursos de capacitación tanto a la Policía Municipal como a la Estatal Preventiva, a fin de que conozcan cómo resguardar los nidos de tortuga marina y para que informen a las autoridades ambientales cuando detecten huevos de quelonio marino.

La dependencia detalló que las siete especies de tortugas marinas que arriban al país están protegidas por la legislación mexicana, a través de la NOM-059-SEMARNMAT-2010, por lo que cualquier tipo de aprovechamiento, venta o consumo constituye un delito federal.

En ese sentido, recordó que el artículo 420 del Código Penal Federal estipula sanciones claras a quien capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene cualquier forma de sus productos o subproductos.

Así, agregó, quienes incurran en algunas de estas acciones, se harán acreedores a una pena de uno a nueve años de prisión, así como una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo vigente.

dgo

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