Dudan de viabilidad de recursos contra telecom

Movimiento Ciudadano y PT no han formalizado en qué términos procederán contra las leyes aprobadas

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11/07/2014 13:37 Ivonne Melgar
En San Lázaro, el PAN y el PRD tendrán unos 60 días para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En San Lázaro, el PAN y el PRD tendrán unos 60 días para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio.- El vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, consideró que mientras el PRD tiene “un déficit importante” para reunir las firmas que requiere una acción de inconstitucionalidad contra las leyes en telecomunicaciones, los asuntos que el PAN pretende impugnar ya fueron validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el también presidente de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro analizó la viabilidad de los recursos que ambos partidos de oposición han anunciado presentar, a fin de que los ministros de la SCJN resuelvan la presunta inconsistencia entre la regulación secundaria aprobada el pasado miércoles y la Carta Magna.

Según declaraciones del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ya se buscan las firmas de los diputados que sustentarían una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias, destacando el tema de la preponderancia, entre otros.

En el caso de los legisladores panistas, anunciaron en tribuna la madrugada del miércoles que presentaron un solo recurso en contra los actos vinculados a la impartición de justicia y confiaron en que se sumarían a esta impugnación las bancadas de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos grupos parlamentarios formalizaron en qué términos procederán.

El diputado Gutiérrez de la Garza recordó que, por ley, una acción de inconstitucionalidad debe estar avalada por al menos 33% de los integrantes de la Cámara.

El político regiomontano recordó que el plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.

“Y ésta va a entrar en vigor a los 30 días naturales de su publicación. Es decir, el plazo que tendrían los inconformes sería aproximadamente de unos 60 días”, detalló.

Bloqueo de señales en cárceles

En cuanto a la idea del PAN de impugnar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque supuestamente contradicen lo establecido en la Constitución respecto al respeto a los derechos humanos, el vicecoordinador jurídico de la bancada priista desestimó los argumentos hasta ahora ventilados, particularmente en torno a la geolocalización en la que los concesionarios de telefonía tendrían que colaborar con las autoridades judiciales.

“La geolocalización no se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La posibilidad de la geolocalización está prevista en el Código Federal de Procedimientos Penales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, aclaró.

Lo que sí señala la ley, explicó, es que para la geolocalización hay que remitirse al procedimiento que establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, “y que nosotros mismos aprobamos”.

Pero éste, puntualizó, aún no ha entrado en vigor. “Entonces, hay un artículo transitorio dentro de la propia ley que aprobamos que señala que se va a aplicar el Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Qué implica ello? Que la geolocalización está limitada a los delitos de extorsión, de secuestro, de trata de personas, pornografía infantil”, enumeró.

Preponderancia, la decisión correcta

En cuanto a la definición de la preponderancia que se evaluará por sector, un concepto que también podría ser impugnado por el PRD ante la Corte, Gutiérrez de la Garza comentó: “Tomamos la decisión correcta, la preponderancia es por sector, porque así está prevista en la Constitución. Pero sobre todo porque así lo interpretó, desde marzo de este año, y nadie había dicho nada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“El tomar otro tipo de interpretación, lo único que generaría es que nos quedemos sin agentes económicos preponderantes, porque las resoluciones emitidas desde marzo por el IFT terminarían siendo nulas en el juicio que ambos agentes económicos —tanto Telmex como Televisa— interpusieron mediante el juicio de amparo”, alertó.

Consideró como un hecho relevante el que “una ley que todavía no ha entrado en vigor ya surta efecto, en la decisión de América Móvil, con la posibilidad de la desincorporación de activos”.

Pero, remarcó, “para ello se requerirá presentarle un plan al IFT, que es el único que puede aprobarlo. Y posteriormente va a estar sujeto a revisión durante 365 días, es decir, un año”.

dgp

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