Cambiará concepto de impunidad: Zaldívar

El ministro de la Corte reconoció que el actual modelo de justicia penal en nuestro país padece “distorsiones históricas”; el 18 de junio de 2016 estarán en función los Tribunales Orales

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19/06/2014 11:11 Isabel González
ALCANCES Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la SCJN, afirma que la transformación en el modelo de justicia es muy grande. Foto: Paola Hidalgo/Archivo.
ALCANCES Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la SCJN, afirma que la transformación en el modelo de justicia es muy grande. Foto: Paola Hidalgo/Archivo.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio.- Dentro de dos años exactamente, el 18 de junio de 2016, audiencias públicas, soluciones alternas a juicio y sentencias emitidas por tribunales orales deberán ser la constante en el sistema de justicia de nuestro país, a nivel local y federal.

La transformación en el modelo de justicia “es tan grande” que obliga a la sociedad mexicana a modificar el concepto de lo que se debe entender por impunidad, destacó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al reconocer que el actual modelo de justicia penal en nuestro país padece “distorsiones históricas” y no corresponde a las necesidades de un país democrático y al nuevo marco de los derechos humanos.

Tenemos que cambiar la percepción de la sociedad en el sentido de que el hecho de que alguien esté en libertad mientras es procesado no implica impunidad, la impunidad se da solamente si después de un proceso no se logra demostrar adecuadamente la responsabilidad de alguien que eventualmente cometió un delito”, comentó en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.

Me parece que nosotros hemos tenido una distorsión histórica en la cual se ha abusado de la prisión preventiva; es decir, que gran cantidad de personas que son denunciadas por un delito y consignadas por un delito pasan el proceso en prisión aunque al final resulte que fueron inocentes”, apuntó Zaldívar.

Y es que en el procedimiento acusatorio penal no necesariamente una persona, señalada de cometer un delito, estará en prisión o enfrentará un juicio.

Tendrá la posibilidad de enfrentar una investigación bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva o, incluso, evitar un juicio si es que reconoce su culpabilidad o bien, alcanzar un acuerdo con la víctima u ofendido.

Lo anterior permite, a consideración de Zaldívar, que los procesos en el nuevo sistema penal sean más justos, eficaces y equilibrados. Además de acabar con la injusticia en la cárceles del país.

De tal suerte que una persona que fue procesada en libertad, pero se demuestra su culpabilidad, entonces recibirá la sanción y en su caso la pena de prisión, pero la prisión preventiva, es decir, que se prive de su libertad mientras se demuestra que es culpable, debe ser la excepción, nosotros tenemos las cosas cambiadas y esto genera una gran cantidad de problemas y muchísimas injusticias en nuestro país”.

Al expresar lo anterior, Zaldívar habló de la importancia de que las autoridades judiciales y de investigación mantengan un acercamiento constante con la sociedad civil y los medios de comunicación de cara al nuevo modelo de justicia penal, a fin de evitar malas interpretaciones sobre su funcionamiento y objetivos.

Tenemos que estar en comunicación constante con la sociedad civil y con los medios de comunicación porque el nuevo sistema implica un cambio cultural al cual tenemos que adaptarnos todos porque puede ser malinterpretado y puede generar deslegitimación, incluso de entrada”, alertó Zaldívar.

Implementación de la reforma

La constitución obliga al estado mexicano a implementar el sistema acusatorio a más tardar el 18 de junio de 2016.

Para ello, desde 2008, se dio un plazo de ocho años para hacer realidad la reforma en las instituciones de justicia en el país.

A seis años de haber iniciado el plazo, hoy día los estados de Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Estado de México tienen implementado el procedimiento acusatorio al 100 por ciento.

Hace menos de dos semanas que Yucatán y Quintana Roo lo pusieron en marcha de manera parcial.

En el caso de la Ciudad de México se espera que para enero de 2015, la reforma se aplique en los casos de delitos no graves durante los primeros seis meses de ese año y para la segunda mitad de 2015, se tiene previsto implementar la reforma de manera paulatina, hasta 2016, en el resto de los delitos tanto en los que requieran querella o por tratarse de conductas graves.

Fg

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