Plantean ajustes a ley para evitar corrupción

PAN y PRD lamentaron que no haya una institución en el último año claramente identificada para atacar este tema; buscan evitar impunidad en Pemex y CFE

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19/06/2014 05:40 Leticia Robles de la Rosa
El senador Armando Ríos Piter acusó que desde hace seis meses la Cámara de Diputados tiene congelada la reforma que crea la Comisión Nacional Anticorrupción.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio.- Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD presentaron ayer miércoles propuestas para combatir la corrupción entre servidores públicos, sin embargo la Cámara de Diputados suma seis meses de tener en la congeladora la reforma constitucional que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, porque los legisladores federales consideran que tiene diversos errores.

Después de varios diferendos, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, en lugar de la Secretaría de la Función Pública, logró el respaldo del pleno del Senado en diciembre del año pasado y el 4 de febrero la Cámara de Diputados la turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia.

Pero al tratarse de la segunda vuelta —es decir, que fue aprobada por el Senado, modificada por la Cámara de Diputados, nuevamente cambiada por el Senado y ahora en evaluación de Diputados—, cualquier cambio la matará y tendrá que esperarse un año para volver a intentar esta reforma constitucional, los diputados federales no le han dado prioridad a construir los consensos en torno a este tema.

Reproche a diputados

A su vez, el PRD presentó una iniciativa para crear la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, y su promotor, Armando Ríos Piter, hizo un reproche a la Cámara de Diputados.

“Yo quisiera primero, arrancar con un reproche a los diputados; un reproche público, y creo que es pertinente hacerlo desde el Senado de la República, porque ya ha pasado prácticamente un año desde que se hizo la modificación constitucional, que se sacó un dictamen votado por prácticamente todas las fuerzas políticas, aquí en el Senado, y está durmiendo el sueño de los justos ahí en Cámara de Diputados.

“Preocupa y apena, lo digo a título personal, que se esté convocando a un periodo extraordinario y un tema que debiera ser de los prioritarios por parte de los diputados para discutir el día de mañana o el próximo viernes, no está considerado. Han dejado la minuta en el cambio constitucional para configurar el Sistema Nacional Anticorrupción, la han dejado durmiendo.

“Y esto lo que tiene es, por ejemplo, que la Secretaría de la Función Pública esté prácticamente en el limbo, que no haya una institución en el último año y tantos meses de gobierno, que esté claramente identificada como la encargada del combate a la corrupción”, dijo el legislador federal.

Momentos antes, los senadores y diputados federales de Acción Nacional, encabezados por sus respectivos coordinadores, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Luis Alberto Villarreal García, presentaron una propuesta de reformas a Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Desde la perspectiva de los panistas esto es fundamental, que se regulen o que se armonicen estas tres leyes para poder atajar la corrupción por parte de particulares que quieran participar en los procesos licitatorios de Pemex y de la CFE, pues al modificarse el perfil de las nuevas empresas productivas del Estado, quedarán fuera del régimen de los servidores públicos.

Advierten de vacío legal en la Reforma Energética

Laura Rojas, senadora del PAN e integrante de la Comisión Anticorrupción, advirtió sobre la existencia de un hueco legal en la Reforma Energética que permitiría a funcionarios no ser sujetos a la acción de la justicia en caso de que incurrieran en actos de corrupción e irregularidades.

En entrevista para Excélsior Televisión con Mario Carbonell, la legisladora explicó que este vacío jurídico tiene que ver con lo previsto en esta reforma de dejar de considerar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas paraestatales, con el fin de hacerlas competitivas frente a las compañías extranjeras del ramo energético.

No obstante, subrayó que su desempeño debe estar regulado a través de la Ley Federal Anticorrupción, en la cual también son sujetas todas las entidades públicas, como son las delegaciones del Distrito Federal, los gobiernos estatales, municipales y el propio Congreso de la Unión.

Expuso que dicha ley fue elaborada para atender compromisos internacionales, como la Convención de Cohecho de la OCDE, la Convención de Naciones Unidas en Materia Anticorrupción o la que México suscribió en esta materia ante la OEA, sin embargo subrayó que estos instrumentos legales sólo regulan los actos de los particulares que participan en las licitaciones públicas.

Por lo tanto, aclaró que esta Ley Federal Anticorrupción no regula los actos de los funcionarios, pues para esto está la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por ello, enfatizó, es necesario ajustar la legislación para que queden considerados los casos de Pemex y CFE, que ahora serán “empresas productivass del Estado”.

“De lo que se trata es de que todas estas nuevas empresas productivas del Estado, que van a generar riqueza también a través de estos contratos que se van a poner a disposición del público, estén en esta ley para que se puedan sancionar estas personas.

“Esta parte es muy importante, porque si se genera la mordida, si hay cohecho que le dé ventaja a uno de los licitantes, no se va a poder sancionar esa conducta ilícita si no se incluye a la CFE, si no se incluye a Pemex y también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, dentro del catálogo de empresas públicas contratantes”, señaló.

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