Conceden amparo a sujeto carente de recursos para pagar peritaje

La decisión de la primera sala de la Corte precisa que las diligencias deben ser pagadas por el erario público y admitirse, contrario a lo que determinó el Ministerio Público

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21/05/2014 17:17 Isabel González
La decisión de la primera sala de la Corte precisa que las diligencias deben ser pagadas por el erario público y admitirse, contrario a lo que determinó el Ministerio Público. Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a una persona que no contó con recursos económicos para pagar el peritaje de particulares que había ofrecido como prueba en un juicio.

La decisión de la primera sala de la Corte precisa que las diligencias deben ser pagadas por el erario público y admitirse, contrario a lo que determinó el Ministerio Público en el caso concreto.

Los alcances de la resolución emitida por los ministros este miércoles, derivan al haberse declarado inconstitucional el segundo párrafo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales, según el cual, los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos, en principio, por quienes las promuevan.

Sin embargo, señala el precepto invalidado, sólo en el caso de que estén imposibilitados para ello, y de que el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, entonces serán admitidas y cubiertas por el erario público.

La SCJN concedió un amparo a una persona que no contó con recursos económicos para pagar el peritaje de particulares que había ofrecido como prueba en un juicio

Al conceder el amparo 99/2014, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, se estableció que el artículo impugnado ocasiona que los juicios penales inicien de manera desequilibrada, ya que da al ministerio público "una importante ventaja a su favor" la cual equivale a un detrimento en los intereses del acusado.

Ello, se explicó en la sentencia, porque se afecta el debido proceso y el acceso a la justicia, protegidos en el Artículo 14 constitucional.

Otra de las razones para invalidar la disposición procesal consistió en que el legislador "se entromete en el terreno decisorio" del juez debido a que impone una actuación predeterminada por la voluntad del ministerio público y ello elimina el papel imparcial que debe tener la autoridad.

Finalmente se aclaró que al delegar al representante social la facultad de determinar si una diligencia consistente en una prueba es indispensable o no, viola el derecho de defensa adecuada y, con ello, el contenido del Artículo 20 constitucional, pues este hecho resulta contrario en relación con la garantía de defensa, ya que, en realidad, el obstáculo económico no se elimina, sino que se desplaza a la voluntad del representante social.

El efecto de la concesión del amparo fue declarar la inconstitucionalidad de la disposición impugnada en la parte en la que se habilita al MP a determinar si las diligencias son indispensables para el esclarecimiento de los hechos.

jgl

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