La ley de salud fomentará la transparencia: diputado

Se podrá vigilar a los gobiernos estatales, afirma Isaías Cortés Berumen; una de las metas es frenar la corrupción y el desvío de recursos en el sector, señala

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13/05/2014 05:46 Ivonne Melgar
Los gobiernos estatales estarán obligados a canalizar los recursos para salud, es decir, sin posibilidad de utilizarlos en otros rubros.
Los gobiernos estatales estarán obligados a canalizar los recursos para salud, es decir, sin posibilidad de utilizarlos en otros rubros.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo.- Ahorros hasta del 30 por ciento en la compra de los medicamentos y un sistema de fiscalización que obligará a los estados a canalizar única y exclusivamente a la atención en salud los 80 mil millones de pesos que anualmente se asignan, en promedio, al Seguro Popular, son parte de los beneficios que se esperan con la reforma a la Ley General de Salud.

Así lo destaca en entrevista con Excélsior el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional (PAN), quien considera que otro avance significativo es el de la portabilidad del servicio, lo cual obligará a las autoridades estatales a prestarlo a los afiliados, independientemente de la entidad de la que procedan.

El Seguro Popular cuenta con una afiliación actual de 57 millones de personas, beneficiarios potenciales de los cambios formulados por el Congreso a la Ley General de Salud.

El legislador detalla que la reforma impulsada por el Ejecutivo federal, y cuya promulgación se prevé en las próximas semanas, busca atajar la corrupción y el desvío de recursos que han ocurrido en el sector, como en Tabasco con el entonces gobernador Andrés Granier. 

“Había al menos 14 estados con problemas en la comprobación de los recursos públicos recibidos para el Seguro Popular”, reseña Cortés Berumen.

“Y es que cada uno de los estados tiene órganos diferentes de fiscalización interna, donde los propios gobernadores pueden tener una influencia sustancial sobre cada uno de esos órganos de fiscalización. Entonces, cuando ellos son juez y parte, era imposible fiscalizar los recursos.  Ahora no va a ser así. Claro, el propio Ejecutivo de los estados, junto con los titulares de finanzas y de salud serán responsables”, explica.

La reforma obliga a los gobiernos estatales a destinar el cien por ciento del dinero de salud a ese rubro y ya no a carreteras, escuelas o patrullas, como venía sucediendo, ejemplifica.

Además tienen la obligación de que si hoy se les destina un peso para salud, no podrán asignarlo a otro rubro.

Cortés Berumen destaca que el cambio más relevante se presenta en que la fiscalización que se da ya no ocurrirá de manera unilateral por parte de los estados, porque ahora la Federación tendrá la obligación de hacer lo propio.

“Y la reforma prevé sanciones administrativas, e incluso penales, en contra del Ejecutivo de cada uno de los estados por desvío de recursos”, enfatiza.

Con un tabulador único

Otra consecuencia positiva de la reforma sería el establecimiento de un tabulador para la adquisición de los medicamentos.

De manera que las autoridades “ya no tendrán la libertad de comprar a los precios que cada uno decida en los estados”, contando por lo tanto con un control a escala nacional.

Esta regulación contrasta con el hecho de que actualmente sólo había líneas sugeridas desde la Federación respecto de la aplicación de los recursos, destacando la guía de 40-30-30, correspondiente a la combinación de porcentajes de gasto que se sugerían para la contratación de personal, medicamentos y para gastos de operación del Seguro Popular.

“Pero los gobiernos locales no necesariamente lo gastaban así. Lo gastaban en patrullas, en construcción de carreteras, en escuelas. No significa que no fueran obras o acciones necesarias. Pero ojo, la salud está por encima de todo lo demás. Y ahora ya no podrán desviar estos recursos”, contrasta el legislador panista.

Ese desvío de los recursos de salud a otras actividades fue generando adeudos, porque el servicio seguía dándose.

Con la reforma, explica Cortés Berumen, las secretarías estatales de finanzas tendrán la obligación de programar a las secretarias de salud los recursos que la Federación les canalice, en un lapso no mayor de cinco días, después de la notificación correspondiente.

Al explicar a detalle los cambios que habrán de operarse en el rubro de medicamentos, el presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro explica:

“Si bien yo no estoy de acuerdo en la centralización que se está dando en muchos aspectos que estamos viviendo, entiendo que parte de centralizar es corregir, y luego descentralizar de nuevo.

Precisa que en el tema de los medicamentos “no es lo mismo el costo de un medicamento en Baja California Sur que en Sinaloa, porque el Ferry cuesta y la transportación hacia la península incrementa el costo”.

Puntualiza que hasta ahora en el Seguro Popular se hacían las compras por cada uno de los estados, y contaban con libertad de elegir proveedores.

“Hoy se está buscando que haya una compra consolidada de medicamentos a nivel central en base a los requerimientos que tiene cada uno de los estados. Con esta medida se abaratarían los costos en un 30 por ciento “ y se garantizaría su abasto”, prevé el diputado panista.

Pero Cortés Berumen alerta de un riesgo: “Esperamos que no suceda lo que ahora ocurre en el Seguro Social. Que tiene compras consolidadas pero con los años comienza a ser ineficiente en el sistema administrativo y tenemos carencia de medicamentos en el sistema de salud.

La multiafiliación

Los 80 mil millones de pesos del presupuesto del Seguro Popular se divide entre los estados en función del número de habitantes sin afiliación al IMSS, ISSSTE e instituciones de Pemex, la Sedena y la Marina.

Si hay una entidad con seis millones de habitantes, de los cuales cinco millones ya están afiliados, en teoría el Seguro Popular tendría recursos para afiliar a un millón.

Por el contrario, hay estados con tres millones de población y en los que el IMSS sólo tiene una cobertura de medio millón de personas.

“Eso significa que hay dos y medio millones de personas que no tienen ningún tipo de seguridad. Y se le da el equivalente a ese volumen”, ejemplifica.

En cuanto a los cambios en la fiscalización, Cortés Berumen expone que en salud, a diferencia de otros rubros, “no se puede penalizar a los estados cuando se va a hacer una obra y si no está bien hecha o tiene retrasos en las comprobaciones, la Federación detiene los pagos. Porque si me pediste el 50 por ciento y no llevas ni el 10 por ciento no te puedo seguir dando, hasta que no me compruebes lo que te di”.

En el caso del Seguro Popular, explica, dichas suspensiones frenarían el funcionamiento de los hospitales, pago de los médicos o la compra de oxígeno.

Por lo tanto ahora “tenemos que controlar la operación, pero no castigarlos de esa forma”.

Consecuentemente, con los cambios a la ley, “se endurecen más las penas hacia el que haga mal uso de la operación del Seguro Popular”.

En cuanto al impacto en la mejoría del servicio, una vez que el dinero deje de irse a obras ajenas al sector, el presidente de la Comisión de Salud advierte que todavía hace falta atender el empalme que existe entre las instituciones de seguridad social y el Seguro Popular, es decir, la existencia de varios beneficiarios de diferentes programas.

Revela que hay un 38 por ciento de personas que se encuentran en ese caso: están afiliadas al IMSS y al Seguro Popular, al ISSSTE y al Seguro Popular, al IMSS y al ISSSTE.

“Desgraciadamente hay muchísimas personas que por la falta de atención en esos institutos acuden al Seguro Popular porque ahí tienen las bondades de acudir a una institución para una atención. Y ahora tenemos personas que están afiliadas al IMSS por parte del esposo y la esposa está afiliada al Seguro Popular con toda su familia”, describe.

“Entonces, en ese ejemplo, el IMSS está cobrando la cuota, pero a la hora de atenderse de un parto, la señora va un hospital acreditado por el Seguro Popular porque en el IMSS no tienen cabida, está lleno, o no le gustó la atención. Obviamente el IMSS es una de las instituciones más respetables que tenemos, pero los casos se dan y esto hace que al menos ese 38 por ciento de las personas que tienen esa multiplicidad se cargan más al Seguro Popular que al IMSS y sos costos que no están en este momento desdoblados”, abunda.

Comenta que según cifras oficiales somos 112 millones de mexicanos. “Pero la suma de los afiliados del IMSS, del ISSSTE, más Pemex, más Sedena y el Seguro Popular nos da un total de 107 millones de personas.”

Con esa cifra, indica el legislador, podría decirse que todos los mexicanos tenemos seguridad social.

“Pero lo cierto es que ahora al menos hay tres de cada diez mexicanos que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Esto significa que las cifras de afiliados están mal porque cada institución reporta sus respectivos padrones de afiliados. Pero hace falta contrastar quiénes son los afiliados del Seguro Popular y los afiliados del IMSS, y con los del ISSSTE.”

Esta medida pendiente, aclara, deberá ser la segunda parte de la reforma y se espera abordar el problema del traslape en la propuesta que enviará el Ejecutivo federal para la universalidad en los servicios de salud.

Modificaciones

La Cámara de Diputados aprobó a fines de abril pasado reformar la Ley General de Salud en materia de seguro popular.

  • El propósito es consolidar a la secretaría federal del ramo como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud, mejorar los servicios estatales y sancionar con prisión y multas el desvío de recursos.
  • Se busca mayor eficiencia en los servicios estatales de salud.

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