Las leyes estatales no pueden estar encima de la Constitución

El Congreso tiene facultades para disolver poderes en entidades que rechacen la reforma educativa, advierte Juan Carlos Romero Hicks

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15/04/2014 18:18 Jaime Contreras Salcedo
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks (foto: Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril.-Las leyes estatales no pueden estar por encima de la Constitución. En algunas entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero los maestros se habían erigido como patrones y eso no se puede permitir. Por esto, resulta un imperativo ético, político y social aplicar una controversia constitucional en materia educativa.

Así lo dijo Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, quien advirtió concretamente al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que el Congreso tiene las facultades de disolución de poderes en esa y otras entidades que trastoquen la Carta Magna si no se ajustan a su contenido:

Pero, ¿dónde están los poderes locales?, ¿dónde está el Congreso local?, ¿dónde está el gobernador?, ¿dónde están en general las autoridades? Y lamentablemente las condiciones de irregularidad en la conducción laboral se van principalmente a Oaxaca, Guerreo, Michoacán y Chiapas; sin embargo, esta es una situación de día a día y lo que habrá que estar haciendo es un ejercicio de seguimiento y de control y de verificación de las normas para que vayan atendiendo. Hay que armonizar el derecho superior a una educación de calidad y respeto a los derechos laborales, en ese orden".

Interrogado en su oficina el también senador panista destacó que la controversia constitucional que interpuso este medio día la presidencia en contra de cuatro gobiernos estatales, se platicó entre Humberto Castillejos, Emilio Chuayffet y él mismo, como titulares de la señalada Consejería Jurídica, de la SEP y de esta comisión senatorial, advirtiendo que no se podía permitir la inobservancia de la reforma constitucional en materia educativa en todo el país.

Juan Carlos Romero anotó que ahora corresponderá a las instancias jurisdiccionales obligar a esos cuatro estados a cumplir a cabalidad con la reforma en donde, desde luego, la evaluación a todos los integrantes del magisterio nacional es una obligación constitucional.

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