INE y SHCP alistan plan para limpiar elecciones

A partir de 2015 sanciones más severas por uso ilícito de recursos públicos; prohíben reparto de promocionales utilitarios en precampañas

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13/04/2014 04:42 Jaime Contreras Salcedo
El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales determinarán la viabilidad del conteo rápido. Foto: Archivo
El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales determinarán la viabilidad del conteo rápido. Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril.- A partir de las elecciones de 2015 —nueve gubernaturas en juego, 500 diputados federales y cinco comicios locales—, el Instituto Nacional Electoral  (INE)y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púlico (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), prevendrán, detectarán y sancionarán severamente el uso ilícito de recursos públicos y se coordinarán con otras autoridades supervisoras “en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

Así lo prevé la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), que exige a todas las entidades públicas federales, estatales y municipales colaborar de manera oportuna y expedita con estas instancias para salir al paso de cualquier intentona de que el crimen organizado pretenda influir en elecciones.

Esta UIF, advierte a los presuntos delincuentes la nueva normatividad electoral, podrá actuar sin necesidad de requerimiento de información previo del instituto, para lo cual “remitirá un informe en el que se identifique al órgano o dependencia responsable de la disposición de efectivo, monto, fecha y lugar de la operación, así como la demás información que resulte útil”.

En el artículo 171 de este proyecto de dictamen que ha construido el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como las principales fuerzas políticas en el Senado, estipula que en este tema Hacienda “deberá informar al INE de operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que, de conformidad con las disposiciones de carácter general que en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo se consideren relevantes o inusuales”.

Reglas del juego

En este trabajo que ha significado más de dos meses de negociaciones entre autoridades y partidos, se detallan y afinan las reglas de juego de todos los actores involucrados, desde los ciudadanos, partidos, precandidatos, candidatos, medios de comunicación y las mismas autoridades, en cuanto a debates, sondeos y encuestas, observadores, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), conteos rápidos, votos de mexicanos en el extranjero y de la jornada electoral misma.

En el capítulo referente al uso indebido de recursos públicos, esta LGIPE advierte que el instituto podrá, a partir de la información proporcionada por la Secretaría Hacienda, requerir “documentos, opiniones y elementos de prueba, en general, necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así como coordinarse con otras autoridades en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y éstas deberán colaborar de manera pronta y efectiva”.

Encuestas y sondeos

Por lo que se refiere a las encuestas y sondeos de opinión, esta legislación que se debatirá y eventualmente se aprobará el 21 de abril en el Senado, consigna que el INE, a través de su consejo general, emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales.

Eso sí, “durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales”.

Observadores

También se pormenorizan los requisitos y derechos de los observadores electorales, entre los que se cuentan que deberán señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar, y la manifestación expresa de que “se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna”.

Acorde con la LGIPE, los observadores se abstendrán de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas; hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno; externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos, y declarar el triunfo de partido político o candidato alguno.

Debates

El artículo 168 de esta normatividad se refiere a los debates e informa que el INE, mediante su consejo general, organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, “la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales”.

Aunado a ello, el consejo de los organismos públicos locales “organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a gobernador y, en su caso, jefe de Gobierno del Distrito Federal y promoverá la celebración de debates entre candidatos a diputados locales y presidentes municipales y, en su caso, jefes delegacionales y otros cargos de elección popular”.

Cabe señalar que las estaciones de radio y televisión concesionaras o permisionarias públicas “tendrán la obligación de transmitir en vivo la realización de los debates obligatorios entre los candidatos a los cargos de presidente y gobernador, o jefe de Gobierno.

En paralelo, los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre candidatos, con transmisión gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. “La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa de la no realización del mismo”.

Resultados preliminares

Capítulo aparte es el del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Esta ley resalta que su objetivo será informar oportunamente, bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

Y en el conteo rápido se subraya que el INE y los organismos públicos locales determinarán su viabilidad y, de igual manera, las personas físicas o morales que los realicen pondrán a su consideración las metodologías y financiamiento para su elaboración y términos para dar a conocer los resultados de conformidad con los criterios que para cada caso se determine.

Precampañas

También se detallan, por primera vez en la legislación electoral, los actos de precampaña electoral, que son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general en donde los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, “con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

Es más, se entiende por propaganda de precampaña “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido” y, además, durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios.

Gastos de campaña

Eso sí, los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General del INE serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido.

En lo que hace a la jornada electoral, esta LGIPE, sustituto del actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), detalla lo que se necesita para la instalación y apertura de casillas, los funcionarios de las mismas, el trabajo del escrutinio y la entrega de actas al final de los comicios tanto a nivel federal como local, e incluso los medios de impugnación que tendrían ciudadanos, representantes de partidos y de los mismos funcionarios electorales.

Voto foráneo

Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, esta normatividad recalca que podrán ejercer su derecho para la elección de presidente, de gobernadores de las entidades federativas y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De acuerdo con el artículo 279 para el ejercicio del voto, los ciudadanos que residan en el extranjero, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, por escrito y con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, en el formato aprobado por el Consejo General, su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero.

Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar, en su caso, la boleta electoral.

La solicitud de inscripción se podrá hacer por vía postal o en forma presencial en los módulos que para tal efecto se instalen en embajadas o consulados y dentro de los plazos que determine el instituto.

A más tardar el 15 de febrero del año de elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores pondrá a disposición de partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la impresión de las boletas electorales, de los sobres para su envío al instituto, del instructivo para el elector y de los sobres en que el material electoral antes descrito será enviado, por correo certificado o mensajería, al ciudadano residente en el extranjero.

Recibida la boleta electoral, el ciudadano “deberá ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta y directa, marcando el recuadro que corresponda a su preferencia”, destaca la ley electoral.

 

BAJO LA LUPA

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales detalla los  lineamientos a seguir.

  • En el artículo 171 se estipula que Hacienda deberá informar al INE de las operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que, de conformidad con las disposiciones de carácter general que en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, se consideren relevantes o inusuales.
  • El INE, mediante su consejo general, emitirá reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas y sondeos de opinión.
  • El artículo 168 informa que el INE, mediante su consejo general, organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia.
  • Tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

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