Acuerdan que Cofipe muera junto con IFE

Será sustituido por tres leyes que garanticen mayor transparencia en los procesos electorales

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06/04/2014 08:08 Ivonne Melgar
Ayer arrancó oficialmente el Instituto Nacional Electoral (INE), que es presidido por el consejero Lorenzo Córdova. Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril.- El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) será derogado, al tiempo que se crearán tres nuevas leyes en la materia.

Así lo determinaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con las dirigencias del PAN y del PRD.

Legisladores de la oposición y del PRI trabajan ya en un paquete de leyes secundarias de la Reforma Electoral que parte del compromiso político de derogar el Cofipe, como lo planteaban en sus propuestas correspondientes panistas y perredistas.

Resolvieron también sacar adelante antes de que concluya abril tres nuevos ordenamientos: la Ley General de Organismos y Procedimientos Electorales, la cual dará sustento al INE; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Delitos Electorales.

Fuentes involucradas en la negociación revelaron a
Excélsior parte del contenido de los acuerdos que se tomaron en el grupo de trabajo que, a convocatoria del titular de la Segob, se instaló desde el 27 de marzo para revisar los planteamientos del gobierno y de cada partido, con el fin de establecer coincidencias.

Al ser derogado, el Cofipe se sustituirá por una Ley General de Delitos Electorales en la que se establecerá la distribución de competencias federales y estatales para la aplicación de sanciones.

El acuerdo político alcanzado ya entre las partes prevé, además, que las entidades conservarán sus propios códigos en la materia y que seguirá vigente el capítulo de delitos electorales del Código Penal Federal.

Así también, los nuevos ordenamientos contendrán disposiciones del Cofipe.

De esa manera, el gobierno de Enrique Peña Nieto cedió al reclamo de la oposición de garantizar el fin del Cofipe.

En el arranque de las negociaciones, en las que también participa Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, Felipe Solís Acero, planteó que la propuesta del gobierno era conservar el Cofipe.

Entonces, el funcionario federal fue rebatido por el representante del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, quien advirtió que su partido no iría a una negociación en la que se pretendiera conservar un instrumento ya rebasado por la realidad y que no responde al espíritu de la reforma constitucional electoral que se aprobó a finales de 2013.

Realizadas en la oficina alterna del secretario de Gobernación, las reuniones de trabajo y negociación derivaron ya en un equipo técnico que, actualmente, se dedica a elaborar una propuesta que pueda ser de consenso.

Después de 17 años de vigencia, el Cofipe sería sustituido por una ley que describiría nuevas conductas. De acuerdo con la oposición, las descritas en el código a derogar ya resultan obsoletas.

El enfoque de la nueva legislación es garantizar mayor transparencia en los procesos electorales e igualdad de condiciones.

La propuesta para la Ley General en Delitos Electorales plantea nuevos tipos penales para castigar a quien realice, reciba o destine aportaciones en dinero o en especie superiores a los establecidos en la legislación electoral, así como el que abra o manipule los paquetes electorales sin causa justificada y, por ende, al que aporte fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos provenientes del extranjero para el apoyo de candidatos o partidos políticos.

Esa ley contendría sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Con el fin de darle al INE los instrumentos legales de su operación, las leyes secundarias en esta materia deben estar listas a más tardar el 30 de abril, al concluir el actual periodo ordinario de sesiones,

En el proceso de trabajo legislativo ahora en marcha participan diputados y senadores de las tres principales fuerzas políticas, así como el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

El grupo de trabajo deberá determinar si la ley contiene un apartado para la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales como un organismo operador y especializado de la PGR, responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales. Y en tal caso, cómo sería nombrado su titular.

Carta de presentación

Al estrenar imagen y portal de internet, el INE destaca la siguiente información a la ciudadanía:

  • El Instituto Nacional Electoral (INE) es una autoridad de carácter nacional.
  • El INE, además de organizar los procesos comiciales federales se coordinará con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.
  • El Consejo General del INE se compone de 11 consejeros elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente.
  • Se crea un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones, tanto a escala federal como local.
     
Nuevas funciones
  • A petición de los partidos políticos podrá organizar la elección de sus dirigentes.
  • Garantizará que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión para que puedan difundir sus campañas.
  • Verificará que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.
  • Una justicia electoral más efectiva
  • El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia encargada de resolver procedimientos sancionadores expeditos y no el IFE como antes ocurría.
  • Con el propósito de castigar conductas que pretendan vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones, se establecen tres nuevas reglas para la anulación de elecciones.
  • Estas tres causales son: exceder el gasto de campaña autorizado en 5%; comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión; y recibir o usar recursos ilícitos o públicos.

 

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