Plantean cárcel por denunciar un falso fraude

Proponen castigar con seis años de prisión a quien acuse ilícitos electorales y no sean verdad

COMPARTIR 
27/03/2014 05:39 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó su propuesta de Ley General Electoral, que incluye cárcel para el funcionario electoral o partidista quien “propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de los resultados”.

Aunque no precisa la sanción, ordena el castigo a la denuncia frívola, entendida como “aquella que se presente con el único ánimo de lograr un efecto mediático y no para efectos de obtener su sanción por existir violación a una norma en materia de fiscalización”.

Precisa que las “reglas para el procedimiento ordinario de sanción por el Consejo General del Instituto y organismos públicos locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales como las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho.

“Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; c) Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y d) Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

“La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales”, precisa.

Incluye cárcel de tres años para los llamados mapaches electorales y el robo de urnas, amén de que modifica el periodo para la creación de los partidos políticos, que actualmente es cada seis años, después de elecciones presidenciales y ahora establece que será cada tres años; es decir, después de cada elección federal.

Además, establece mecanismos de control para evitar que el financiamiento político y de campañas electorales se utilice como un mecanismo de lavado de dinero, pues aun cuando permite que los partidos reciban financiamiento de “personas no identificadas” hasta por 0.5% del total de financiamiento privado, establece reglas para que el partido, el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revise con lupa las aportaciones a partir de 20 mil pesos.

Presentada por Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, la propuesta priista traslada a esta nueva ley el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de sujetos obligados y la mayoría de las sanciones, con los mismos montos, reglas y atenuantes, así como toda la parte referente al proceso sancionador y a la pérdida de registro de los partidos políticos.

Añade lo referente a los delitos electorales y define como sujetos obligados a los servidores públicos, los funcionarios electorales, los funcionarios partidistas, los candidatos y los precandidatos.

Obliga a los partidos a someterse a la transparencia, al grado de que deberá incluir en sus estructuras una instancia encargada en el rubro; los donativos en efectivo de sus simpatizantes no podrá rebasar 10%, mientras que los donativos en especie deberán ser menores a 5%.

Coloca medidas para evitar que los partidos políticos evadan al fisco, se sujeten a una contabilidad homogénea; abre la posibilidad de que el INE maneje la chequera en tiempos electorales; define ocho tipos de gastos de campaña; los tres tipos de coalición que son totales, parciales y flexibles.

Amplía el poder a los militantes de los partidos; permite que soliciten al INE que les ayude a organizar sus procesos de sucesión interna y ordena que todas las aportaciones en especie se realicen mediante un contrato, que deberá reportarse.

Instó a todas las fuerzas políticas y sociales del país a “continuar con el diálogo nacional, a seguir trabajando y lograr los consensos para hacer que la eficacia de nuestro régimen político se traduzca en una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus políticos”.

Relacionadas

Comentarios