Incumplen tres estados armonización de leyes educativas

Aunque los estados tuvieron seis meses para hacerlo, las entidades de Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa no cumplieron el mandato

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13/03/2014 05:31 Lilián Hernández
Aunque los estados tuvieron seis meses para hacerlo, las entidades de Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa no cumplieron el mandato.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo.- Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa son los tres estados que no cumplieron con el plazo para armonizar sus leyes locales de educación con el Artículo Tercero Constitucional, pese a que ayer fue la fecha límite para hacerlo a fin de cumplir con las disposiciones establecidas en la Reforma Educativa aprobada en 2013.

Aunque las entidades federativas tuvieron seis meses, desde el 12 de septiembre de 2013, para cumplir con ese proceso, en los últimos días la mayoría de los Congresos estatales sesionaron para llevar a cabo las modificaciones y cumplir con lo que dicta la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Al respecto, la SEP informó que ahora hará una revisión “de las leyes locales a efecto de verificar que no incumplan con el marco normativo constitucional y con las leyes generales”.

En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 28 estados cumplieron con el mandato constitucional, mientras que tres no lo hicieron.

La SEP no indicó si iniciará de inmediato un proceso de controversia constitucional contra los tres estados que no cumplieron con la fecha fijada para homologar sus leyes y que no entren en contradicción con la Reforma Educativa o va a esperar algunos días para llevar a cabo esa demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La dependencia a cargo de Emilio Chuayffet se concretó a señalar que ahora revisarán las 28 leyes modificadas, para verificar que no haya algo que esté por encima del tercero constitucional, especialmente en el caso de la obtención de plazas, así como la promoción de cargos.

De acuerdo con el máximo órgano judicial, la controversia constitucional es un instrumento jurídico que sólo la SCJN puede resolver cuando surgen diferencias legales entre la Federación con uno o más estados.

Si la SEP o el Ejecutivo federal presentan la controversia, lo que procede es similar a lo que ocurre con un juicio: se presenta una demanda, hay una fecha de emplazamiento, se lleva a cabo el periodo de pruebas y alegatos, después es la audiencia y por último la resolución.

“Se trata de un juicio ante la SCJN, en la que los actores demandados o terceros interesados pueden ser la Federación, los estados, el Distrito Federal, el Ejecutivo federal o los Poderes de un estado en las que se plantea la posible inconstitucionalidad de normas generales o de actos concretos y se solicita la invalidación, alegándose que tales normas o actos no se ajustan a lo que dicta la Carta Magna”, señala un documento de la Suprema Corte.

De ese modo, la SEP podría promover esa controversia para indicar que esos tres estados podrían tener leyes locales contrarias a lo que señala la Reforma Educativa en el Artículo Tercero y sus leyes secundarias.

La SCJN podría revisar esa controversia para que Oaxaca, Sinaloa y Baja California Sur ajusten sus leyes educativas a lo que dispone la Constitución. Después de que la Corte dicte sentencia o resolución y si el demandado no cumple, puede estar sujeto a sanciones previstas en el artículo 107 de la Constitución.

“El incumplimiento de las sentencias es castigado con la pérdida del cargo y la consignación directa al juez de distrito para que se individualicen las penas que correspondan a los delitos contra la administración de la justicia”, señala un documento sobre controversia constitucional.

Por tanto, si la SEP promoviera esa controversia constitucional ante la SCJN y ésta la admite y determina en la resolución que las leyes locales de educación de esos tres estados están violando la Constitución, los legisladores locales podrían perder sus cargos.

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