Irregular, 30% de viviendas en el país; la reubicación costará 5 mil mdp

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que unas 100 mil viviendas se ubican en sitios de alto riesgo

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10/03/2014 05:55 Ernesto Méndez

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo.- Poco más de 30 por ciento de las viviendas construidas en México son irregulares y al menos 100 mil se localizan en zonas consideradas como de alto riesgo, que serán reubicadas en lo que resta del sexenio, a un costo aproximado de cinco mil millones de pesos, reveló Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En entrevista exclusiva con Excélsior, explicó que aproximadamente 11 millones de casas-habitación, de un total de 36 millones que existen en territorio nacional, no cuentan con título de propiedad, porque son producto de invasiones, ventas no regularizadas de ejidos y ocupaciones ilegales en terrenos federales.

Detalló que, de este universo, 0.9 por ciento (unas 100 mil viviendas) se ubica en sitios que enfrentan 20 diferentes factores de riesgo por fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, donde incluso pasan ductos de gas, “que ahora seguramente serán más con la Reforma Energética”.

Resaltó que el mayor número de casos de viviendas en peligro se concentra en “primerísimo lugar” en los estados de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco.

Ramírez Marín descartó que la corrupción sea el único elemento que genere esta problemática, cuando se tiene una frágil estructura administrativa y financiera en los ayuntamientos.

“Es muy fácil decirle al municipio que no otorgue permisos de construcción, pero es muy difícil abrir fuentes de trabajo o brindarle soluciones de vivienda a sus habitantes”, consideró.

El titular de la Sedatu consideró que, debido al corto período que tienen los ayuntamientos para ejercer el gobierno, hay mucha presión para avalar proyectos de vivienda.

“Hay una gran corrupción para otorgar permisos, sin duda, ésta es una de las causas, pero hay otras que tienen que ser revisadas, el desorden territorial, la ausencia de planeación municipal, la falta de apoyo, muchas veces de gobiernos estatales o del gobierno federal en obras para prevenir o que pueden convertir un terreno que hoy es de riesgo en una zona apropiada, realizando una serie de obras de mitigación, que no se hacen”, manifestó.

Al hacer un balance del parque habitacional del país, luego de que en 2013 las lluvias e inundaciones cobraron la vida de cerca de 157 mexicanos, Jorge Carlos Ramírez Marín precisó que la meta establecida dentro del programa de ordenamiento del territorio es reubicar entre 15 mil y 20 mil viviendas por año, hasta llegar a las 100 mil que se encuentran en una situación vulnerable, al final de la presente administración.

Dijo que el avance de estas acciones dependerá de la cantidad de recursos que aporten los gobiernos de los estados, pues se requiere de un presupuesto de hasta mil millones de pesos anuales, en el próximo quinquenio.

“Yo creo que nosotros ocuparemos alrededor de la cuarta parte del presupuesto de Fonhapo (Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares) y entre adquisición de terrenos, adecuaciones y la construcción propiamente dicha de viviendas, estamos hablando más o menos de entre 700 y mil millones de pesos al año”, calculó.

El político originario de Yucatán comentó que las familias asentadas en barrancas, laderas o lechos de ríos no pagarán nada por su nuevo hogar, porque es una aportación del gobierno y es la oferta para que abandonen los lugares donde se encuentran en peligro.

“Lo que sí es muy importante para nosotros es que estos sitios sean destruidos y que quede totalmente prohibido que alguien pueda levantar nuevamente ahí cualquier tipo de edificación”, indicó.

El titular de la Sedatu precisó que ya se tienen identificadas las primeras 19 mil viviendas en zonas de riesgo y, aunque los trabajos no se realizarán por entidad federativa, “en este momento la prioridad son las áreas afectadas por el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que quedarán completamente atendidas en 2014”.

“Tan sólo en Guerrero vamos a construir este año más de cuatro mil 900 viviendas, de las cuales dos mil 500 están ubicadas en zonas de riesgo o zona federal, es decir, donde no debería haber construcciones”, advirtió.

Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que existen suficientes terrenos en la República Mexicana para reubicar a la población, pues recordó que, en el caso de Guerrero, por ejemplo, se están reconstruyendo prácticamente dos pueblos, La Pintada y El Capricho.

“Y no tuvimos problemas para encontrar tierra. El proceso puede ser un poco lento, lo más difícil, sin duda, es la negociación de precios, que sean accesibles para el gobierno, con el fin de poder realizar estas obras, pero estamos encontrando muy buena respuesta”, afirmó.

Ramírez Marín agregó que en Guerrero el terreno más grande se localiza en Chilpancingo, donde se van a construir un promedio de mil viviendas, “y distribuido en otros municipios, debemos llevar alrededor de unas 500 hectáreas”.

Confío en que en las próximas semanas se firmen convenios con los 130 municipios más grandes del país, para que cuenten con sus Atlas de Riesgos y se comprometan a no seguir otorgando licencias de construcción en zonas irregulares.

“Algunos piensan que estamos conculcando facultades a los ayuntamientos, pero no, lo que estamos haciendo es proporcionarles una herramienta, el Registro Único de Vivienda y el Registro Nacional de Reserva Territorial, donde al inscribir los polígonos, lo que queda es la evidencia de que están autorizando una licencia de construcción en un lugar donde sí deberían o no deberían otorgarla, subrayó.

Agregó que, de esta forma, se mantienen intactas las facultades de los municipios para emitir permisos pero se deja el antecedente de quién incurrió en actos contrarios a la ley.

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