Justicia busca enfoque de género

Un diagnóstico de la SCJN considera que hay desconocimiento de perspectiva de género en 15 tribunales estatales

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08/03/2014 05:58  Juan Pablo Reyes

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo.- De acuerdo con un diagnóstico realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 15 tribunales superiores de justicia estatales, pese a que la mayoría del personal jurisdiccional está de acuerdo con la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones, existe un importante desconocimiento de los instrumentos internacionales y leyes nacionales en materia de derechos humanos de la mujer.

El pasado jueves, la ministra Olga Sánchez Cordero acudió a la Universidad del Claustro de Sor Juana con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y expuso que para garantizar el acceso igualitario a la justicia es imperativo que los jueces y magistrados juzguen con perspectiva de género.

“Juzgar con perspectiva de género, nos dice en estas tesis, implica que el juzgador, o juzgadora, detecte o elimine todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o genero, juzgar con perspectiva de género exige considerar las situaciones contextuales de desventaja que enfrentan las personas por estos motivos”, explicó la integrante de la Corte.

Durante 2013, la SCJN publicó un protocolo destinado a los impartidores de justicia de todo el país para juzgar con perspectiva de género con el principal objetivo de garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Con este método se busca también erradicar prácticas discriminatorias, sin afectar la independencia de los jueces, y se pretende impulsar la adopción de criterios jurídicos basados en el derecho a la igualdad, que mejore el trato hacia la mujer y sus condiciones de vida.

Durante la presentación de este documento, la ministra Sánchez Cordero expuso que “toda la discriminación que ha sufrido la mujer durante años, histórica, las relaciones de asimetría que tiene, por ejemplo, en relación con el varón, la norma que aparentemente es neutral, pero los efectos en la aplicación nos son altamente discriminatorios.

“Yo pienso que es un gran paso de la Suprema Corte, es un compromiso para la sociedad con la igualdad de género y para que las mujeres vivan no solamente una vida libre de violencia, sino una vida de igualdad de oportunidades y de igualdad en todas las actividades que realiza”, expresó.

Para diversos consejeros de la Judicatura Federal, como Daniel Cabeza de Vaca, contar con legislaciones que eliminen la desigualdad, la violencia y la discriminación que padecen las mujeres es insuficiente, porque se requiere de la participación decidida de la sociedad en conjunto.

“Ni  la ley ni la judicatura son suficientes para erradicarlas, pues es únicamente la sociedad, la que puede hacerlo en su conjunto, al evitar que en su seno se perpetúen esas hirientes realidades. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos; de la teoría a la práctica, es decir, de la ley a la realidad incontestable; todo ello en favor de nuestras niñas, mujeres y ancianas”, expuso el funcionario del Poder Judicial de la Federación.

Tan sólo a finales del año pasado, de acuerdo con la ministra del máximo tribunal del país, en el Poder Judicial Federal sólo 24 por ciento de los jueces de distrito son mujeres, y únicamente 17% de los tribunales colegiados están a cargo de magistradas.

De acuerdo con las cifras del INEGI, en todo el territorio nacional hay 57 millones de mujeres, de las cuales 40 por ciento de ellas, de entre 15 y 29 años, tiene un grado de educación básica, y uno de cada cuatro hogares es encabezado por una mujer.

Mujeres en la justicia militar

De un total de 458 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encuentran adscritos al servicio de justicia militar, únicamente 74 son mujeres.

Actualmente existen 17 grados en los que se presta este servicio y, de ellos, sólo en siete hay personal femenino, la mayoría de ellas (43) laboran como Mayor de Justicia Militar y licenciadas. En este grado hay 222 hombres.

De acuerdo a información proporcionada a Excélsior por la dependencia federal vía transparencia, siete féminas son Teniente Coronel y Licenciado, dos fungen como Capitán Primero de Justicia Militar y Licenciado, una como Capitán Segundo Criminólogo, una más como Teniente Criminólogo, 17 como Subteniente de Justicia Militar y Licenciado y tan sólo tres mujeres son Cabo Criminólogo.

Al interior del Servicio de Justicia Militar de la Sedena, ninguna mujer ocupa el cargo de general mientras que 20 hombres se encuentran en esa posición, 50 elementos femeninos son jefes al tiempo 273 hombres lo son. Como oficiales hay 21 mujeres y 81 varones y como tropa hay diez elementos masculinos y tres femeninos.

Caso de indígena tlapaneca

En enero pasado, el tribunal constitucional analizó el caso de Adriana Manzanares, una joven indígena tlapaneca quien tras ser apedreada e insultada fue condenada a pasar 22 años en prisión. Era acusada de infidelidad a su esposo y de supuestamente asesinar a su hijo recién nacido.

Después de sufrir las agresiones de quienes la inculparon, entre ellos su propio padre, las fallas en el sistema judicial también se hicieron presentes, pues ella no conocía la lengua española y en ningún momento de su proceso legal contó con la ayuda de un traductor.

Después de escupirle, insultarla y obligarla a declararse infiel y de provocarse un aborto, la joven indígena fue entregada a los agentes del Ministerio Público de Ayutla, donde sin la atención de un intérprete, pues ella no habla ni comprende el español y sin la presencia de algún abogado que la defendiera, firmó los documentos que ahí le entregaron.

Meses después, el 27 de abril de 2010, le fue dictada por un juez una sentencia de 27 años de prisión.

La Primera Sala del máximo tribunal del país decidió atraer este asunto bajo el argumento de que la mujer fue juzgada sin el apoyo de un intérprete.

El pasado mes de marzo, los ministros dieron entrada al amparo promovido por la defensa de Manzanares Cayetano en razón de que hubo graves deficiencias en debido proceso judicial seguido en su contra y a que las pruebas para acusarla y posteriormente condenarla fueron obtenidas de forma ilícita.

La Suprema Corte, con base en los criterios para la atención a las mujeres y a indígenas, determinó ampararla y dejarla en libertad.

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