Hasta 30 años a 'novios' que engañen mujeres para prostituirlas

La reforma contra la trata de personas avalada por el Senado, ahora precisa que habrá hasta 10 años de cárcel a quien obligue a tener hijos para separarlos de su madre

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12/02/2014 15:24 Jaime Contreras Salcedo
La reforma avalada por el Senado, ahora precisa la variedad de delitos que pueden ser considerados como trata de personas, como la explotación con fines pornográficos.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero.- Por unanimidad de los 102 senadores presentes, el pleno de la Cámara Alta aprobó este miércoles la reforma integral a la ley contra la trata de personas, para castigar este delito con mayor severidad y proteger a cabalidad a las víctimas.

Incluye el aumento de las penas para quienes trafican con las personas, como un castigo de 30 años a quienes se hacen pasar como novios enamorados para enganchar a las mujeres y obligarlas a prostituirse. De igual forma, serán 30 años de prisión a quienes videograben a menores de edad sometidos a explotación sexual, entre otras medidas de sanción, que se acumularán conforme se desarrolle la investigación.

Serán 30 años de prisión a quienes videograben a menores de edad sometidos a explotación sexual.

Así, las nuevas disposiciones establecen cárcel de hasta 10 años para quien obligue a una mujer a tener un hijo para separarlo de ella y someterlo al uso de terceros, sin el consentimiento de la madre y a quiénes simulen matrimonio o ejerzan seducción para forzar un embarazo.

Este nuevo marco normativo además de eliminar los vacíos que permitían la liberación de los delincuentes, crea el derecho inalienable de los menores de edad para que ni la prensa pueda hacer públicos sus datos personales, a fin de proteger plenamente su identidad.

Esta reforma precisa que las víctimas de trata tienen 11 derechos, entre ellos a la privacidad, que consiste en “proteger la vida privada, identidad, nacionalidad, filiación, parentesco, datos personales o cualquier otro que la identifique, revictimice o exponga a un riesgo, para evitar cualquier intromisión, publicación o difusión de información personal”.

En este ordenamiento “las víctimas menores de 18 años de edad, que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o no tengan capacidad para resistirlo, tienen el derecho inalienable de que no se publiquen o exhiban noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen, nombres propios o cualquier otro dato que de manera directa o indirecta permitan identificarlas”, subraya el dictamen.

También advierte que uno de los derechos de las víctimas menores de edad es que no serán reunificadas a su familia, “si tras una evaluación del riesgo y la seguridad, existen motivos fundados para creer que la reunificación familiar les perjudicará o pondrá en peligro sus derechos, en virtud del interés superior de la niñez. La autoridad deberá considerar la opinión de la niña o niño acerca de su posible regreso a la familia, ponderándola de acuerdo con su edad y grado de madurez”.

Con esta ley los tres niveles de gobierno están obligados a crear espacios seguros de refugio temporal para las víctimas, en función del nivel del riesgo y las necesidades del proceso de recuperación y rehabilitación; todos los servicios serán gratuitos.

Al ser lugares seguros para las víctimas no se podrá proporcionar su ubicación y se contará con protocolos de seguridad para el acceso, traslado, visitas y desahogo de diligencias, entre otros. En todo momento, se protegerá el derecho a la intimidad de las víctimas durante su estancia en dichos lugares”, ordena.

La nueva legislación también cambió de nombre y ahora se denomina “Ley general en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”.

 

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