Hasta 40 años de cárcel a violentos en marchas

Senado aprueba la ley antiterrorismo; la reforma da un castigo de 20 años de prisión a quien atente contra plataformas petroleras

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11/02/2014 23:42 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE México, 12 de febrero.- Con los votos en contra de la izquierda, el pleno del Senado aprobó una reforma en materia de terrorismo para castigar hasta con 40 años de cárcel a quien utilice la violencia en protestas callejeras o atente contra la seguridad y la vida de agentes extranjeros; y ante la inminente entrada de empresas transnacionales, un castigo de 20 años de prisión a quien dañe plataformas petroleras.

De igual forma, incluyó un castigo de hasta 15 años de prisión para los prestanombres del crimen organizado que permiten el lavado de dinero en el sistema financiero nacional, con un tipo penal autónomo, amén de que lo incluye en el catálogo de delitos graves, junto con el financiamiento y encubrimiento al terrorismo y el robo de material radiactivo.

A pesar de que en varias ocasiones los perredistas Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Luis Miguel Barbosa, Dolores Padierna, Fidel Demédicis y Benjamín Robles, así como el petista David Monreal, pidieron hacer modificaciones para evitar que se use el Código Penal Federal, en el capítulo de terrorismo, para reprimir movimientos sociales, la mayoría del pleno mantuvo la posición de castigar la violencia en las calles y así lo mandó al presidente Enrique Peña Nieto para su entrada en vigor.

Frente a los argumentos de la izquierda, el panista Roberto Gil Zuarth y la priista Arely Gómez, presidente y secretaria de la Comisión de Justicia, argumentaron en favor del dictamen, porque permite al Estado mexicano contar con mayores herramientas jurídicas que castiguen los actos terroristas y otros atentados que lesionan la seguridad nacional o dañan el patrimonio de la nación.

La reforma eleva de cinco a 15 años de prisión el mínimo para el castigo del delito de terrorismo y mantiene el máximo de 40 años, pero añade una descripción de quiénes serán los sujetos y acciones terroristas, en lo cual centró la izquierda sus críticas.

“A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”, precisa la adición al artículo 139 del Código Penal Federal.

También dispone que se castigará con cárcel de 15 a 40 años a quien “cometa el delito de homicidio o algún acto contra la libertad de una persona internacionalmente protegida”.

“Se entenderá como persona internacionalmente protegida a un jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, así como los miembros de su familia que lo acompañen y, además, cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado.”

Darán garantías a víctimas de trata

En la antesala de la reforma integral a la Ley deTrata de Personas, el pleno del Senado aprobó ayer una adición para hacer obligatorio la presencia de intérpretes para las víctimas de este delito.

Este cambio, que consiste en agregar algunas líneas, fue enviado al Ejecutivo federal y el pleno del Senado espera que sea hoy miércoles cuando avance en la reforma integral, que fue avaladas en comisiones la noche del lunes, con el propósito de mejorar sustancialmente los instrumentos jurídicos del Estado para combatir este delito.

La reforma consiste en agregar a las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal que “deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística que comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad sicológica y la protección de su identidad e intimidad”.

De acuerdo con la exposición de motivos de las comisiones de Justicia y Contra la Trata de Personas, la población indígena o extranjera que no habla o comprende el español se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad frente a los perpetradores del delito de trata de personas, pues además de sufrir las consecuencias de esas conductas, la dificultad para comunicarse efectivamente en el idioma oficial las revictimiza y hace nugatorios sus derechos elementales.

“Con la adición que se propone se fortalecerán también los derechos y principios derivados del sistema internacional de derechos humanos, con lo que nuestro sistema jurídico continuará su armonización respecto de los instrumentos que los contienen.”

En Chiapas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), logró el rescate de ocho personas; entre ellas cinco menores de edad, víctimas de trata de personas, como resultado de una serie de operativos.

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