México social: Constitución, proyecto por cumplirse

De acuerdo con el Coneval, en el año 2012, 53 millones de mexicanos se encontraban en pobreza multidimensional

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04/02/2014 05:44 Mario Luis Fuentes/ CEIDAS

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero.- Mañana se cumplen 97 años de la promulgación de la Constitución de 1917. México está muy cerca del Centenario de vigencia de la Carta Magna, con la particularidad de que, a partir de la reforma al Artículo 1º Constitucional en materia de Derechos Humanos y Tratados Internacionales que se llevó a cabo en 2011, nos encontramos ante un nuevo paradigma que transitó, de la noción de las garantías individuales, a la de los derechos humanos.

Esta transición obliga al Estado mexicano a diseñar tanto las estructuras institucionales, como las medidas de políticas públicas necesarias, para garantizar plenamente, para todas las personas, todos los derechos contenidos, tanto en el texto de la Constitución, como en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que a la fecha suman, de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, más de mil 600; y de los cuales, casi 200 tienen como materia fundamental la protección de uno o varios derechos humanos.

En este nuevo aniversario de nuestra Carta Magna, estamos en muy buen momento para plantear que en 2017 tendremos una celebración mucho más allá de los eventos, y que la conmemoración del centenario de la Constitución tendrá como base fundamental una realidad en la que la mayoría de las y los mexicanos tengamos acceso al bienestar y a la justicia.

El gran reto: reducir y atemperar la pobreza

El principal motivo que impulsó al movimiento revolucionario que inició en 1910 se encuentra en el malestar y enojo provocado por la extendida pobreza y la profunda desigualdad que caracterizaban a la llamada “sociedad porfiriana”; adicionalmente, estaba el régimen de opresión política y el autoritarismo dictatorial del general Porfirio Díaz.

A más de 100 años del inicio de este movimiento armado, las condiciones en el país son inaceptables: de acuerdo con las cifras del Coneval, si se mide a la pobreza únicamente considerando los ingresos de las personas, en el 2012 estábamos en condiciones similares a las que había en 1992; es decir, nuestro  país vive un estancamiento de 20 años en materia social.

En efecto, mientras que en 1992 21.5% de la población era considerada en situación de pobreza alimentaria, es decir, con ingresos por debajo de lo necesario para adquirir una canasta básica alimentaria —lo mínimo para comer tres veces al día —, en 2012, aplicando la misma metodología de medición, la cifra fue de 19.7%.

Asimismo, mientras que en el año de 1992 el total de personas en pobreza fue de 53.1%, en el año 2012 la proporción medida por el Coneval asciende a 52.3%; con este ritmo, el país tardaría al menos 100 años más en erradicar la pobreza, un plazo que a todas luces es inaceptable.

Los niveles de marginaciín están asociados sin duda alguna al estancamiento en el crecimiento económico y en la ausencia de mecanismos eficaces para distribuir equitativamente la riqueza que se genera. De acuerdo con diversas estimaciones, el ritmo promedio de crecimiento anual del PIB en los últimos 20 años es de 1.5%, cuando, dada la tasa de crecimiento demográfico exige una economía capaz de crecer al menos al 5% anual.

En resumen, el Coneval estima que en el año 2012, sólo 23.3 millones de personas, de los más de 114 millones que había en el 2012 tenían en ese año acceso a niveles considerados como “adecuados de bienestar”.

El desempleo y la precariedad laboral

Nuestra economía ha vivido un proceso constante de precarización que nos ha llevado a una peligrosa combinación caracterizada por tres elementos: a) una tasa de desocupación por arriba de 5% de la PEA, de manera sostenida, desde el cuarto trimestre del 2008; b) un crecimiento constante en el número de población con ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, o que no reciben ingresos y; 3) un crecimiento constante en el número de personas que trabajan en la informalidad o en condiciones de informalidad laboral.

Respecto del primer punto, es de destacarse que según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, a lo largo de 2013 la tasa promedio mensual de desocupación se ubica en 4.92%, sólo tres centésimas por debajo de lo registrado para 2012, año en que la tasa promedio mensual de desocupación fue de 4.95%.

En números absolutos, estas cifras equivalen a aproximadamente 2.7 millones de personas que de manera constante, a lo largo al menos de los dos últimos años han estado buscando empleo sin lograr conseguir una plaza laboral.

Sobre el número de personas que no reciben ingresos por la actividad que desarrollan, el INEGI captó en el tercer trimestre de 2013 a un total de 4.1 millones, una cifra récord de gente que labora generalmente en negocios familiares, en agricultura de subsistencia o bien en trabajo doméstico no remunerado. La cifra equivale a 8.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) en condiciones de ocupación.

Asimismo, INEGI identificó a 6.72 millones de mexicanos ocupadas y que reciben sólo un salario mínimo o menos al día por la actividad que desempeñan; es decir, 13.6% de la PEA que perciben menos de 62 pesos al día.

De igual modo, las cifras oficiales indican que al cierre de septiembre del 2013 había 11.88 millones que ganaban más de uno, pero menos de dos salarios mínimos diarios, es decir, entre 62 y 124 pesos al día; esta cifra equivale a 24% de la población ocupada.

Como puede verse, 46% de la población ocupada en el país se ubica en uno de tres supuestos: o no percibe ingresos por su trabajo; gana 62 o menos al día por su trabajo, o gana más de 62 pesos, pero menos de 125 pesos al día por las actividades que desarrolla.

A lo anterior debe agregarse el tercer factor, es decir, que según las cifras del INEGI, 59.1% de las y los trabajadores del país labora en condiciones de informalidad laboral, es decir, no tienen acceso a la seguridad social, en muchas ocasiones carecen de un contrato escrito, y por lo general tienen bajos salarios.

El INEGI identifica que alrededor de 28.1% de la planta trabajadora lo hace en la informalidad, es decir, laboran en actividades que no tienen un establecimiento o local fijo, que no tienen salario diario garantizado, que no tienen prestaciones y que generalmente desarrollan sus actividades en la calle o en en duras condiciones.

La fractura de la justicia

Uno de los ámbitos que poco se vinculan al bienestar y la cuestión social es el acceso a la justicia. En ese sentido es de destacarse que de acuerdo con los datos del INEGI, en el país se cometen al año más de 23 millones de delitos, de los cuales, sólo 12% es denunciado a la autoridad y sólo casi 5% deriva en sentencias emitidas por una autoridad judicial.

Como resultado, la confianza en las autoridades es nula, lo cual cuestiona severamente su legitimidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe, 2013), 43% de la población confía poco o nada en la Policía Federal, cuando se supone que es la de mayor profesionalismo y capacidad.

Los jueces son peor valorados: 52.2% de la ciudadanía afirma confiar poco o nada en ellos. Asimismo, 55.4% de las personas mayores de 18 años confían poco o nada en las policías estatales: 58.1% dice confiar poco o nada en los Ministerios Públicos y las Procuradurías; y en la misma proporción de desconfianza se ubican las policías Ministeriales y judiciales.

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