Comisionado, con ley de sobra para actuar: José Elías Romero Apis

La autoridad debe tener un basamento constitucional incuestionable en el combate al crimen, señala. Dice que no hay contradicción entre las funciones de Alfredo Castillo en Michoacán con las facultades de Gobernación o las del gobierno de ese estado

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24/01/2014 05:49 Héctor Figueroa
Cuando la autoridad ejerce funciones que están en duda, acerca de si puede hacerlo o no, surge un problema, comentó José Elías Romero Apis.
Cuando la autoridad ejerce funciones que están en duda, acerca de si puede hacerlo o no, surge un problema, comentó José Elías Romero Apis.

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero.- El andamiaje legal para enfrentarse al crimen debe fortalecerse, a fin de que el gobierno federal tenga un “basamento legal incuestionable” a fin de ganar la batalla a la delincuencia y que no se ponga en duda la participación del Ejército o el ejercicio del comisionado federal para Michoacán.

Así lo consideró el jurista José Elías Romero Apis, al afirmar que el Legislativo debe modernizar las leyes en materia de seguridad, aunque dijo que aun con la actual normatividad, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, tiene todo para dar resultados.

En entrevista con Excélsior, consideró que  las funciones de Castillo no entran en contradicción con las facultades de la Secretaría de Gobernación o del gobierno de Michoacán, sino que asume funciones de secretario técnico para coordinar esfuerzos federales y locales en contra del delito.

Dijo que quizá el comisionado tendría un mayor margen de operatividad en el combate al crimen en Michoacán si se le hubiera designado con un cargo relativo a la procuración de justicia, un Ministerio Público, pues con ello se le hubiera otorgado “mayor potestad y competencia”, y valoró la decisión del Presidente de la República para combatir el crimen y poner freno a los grupos de autodefensa.

–¿Cómo interpretar desde el punto de vista constitucional y de la Ley Orgánica de la Secretaría de Gobernación, entre otros ordenamientos, la designación de un comisionado federal para Michoacán? ¿No existen contradicciones con las funciones de otras dependencias?

–Es mucho lo que se ha estado comentando estos días sobre el aspecto legal de la figura del comisionado especial para la seguridad en Michoacán. No es una figura que existiera, es una figura que se ha implantado con el objeto de coordinar algunas actividades relacionadas con la lucha contra el crimen, y con la lucha en contra de aquellos que hoy se ostentan o se erigen como defensores de la ley sin serlo ni tener los atributos explícitamente por la ley, estas guardias de autodefensa. Se trata de un funcionario que coordina esfuerzos de dependencias federales y esfuerzos del gobierno de Michoacán, y de servir de enlace entre unos y otros.

“Si fuéramos más ortodoxos, esta figura, que la tenemos en muchos casos en diversas actividades, sería lo que hemos llamado un secretario técnico; es decir, se forma un conglomerado de dependencias, en donde participan los secretarios de Gobernación, de Defensa, de Marina, el procurador de la República, el gobernador de Michoacán, los secretarios de Seguridad Pública Federal, estatal y municipal, y donde un funcionario se hace cargo en una oficina técnica, con un secretariado técnico para llevar el enlace, la coordinación, la comunicación, la memoria de esas actividades.

“Si lo quisiéramos ver como un jefe de esas dependencias, o como un jefe del gobierno de Michoacán, entonces estaríamos incurriendo en una idea que nos lleva automáticamente a un desalineamiento competencial y potestativo. Es decir, no puede crearse una figura que tenga una intermediación entre el gobierno federal y el gobierno local, así como no puede crearse una comisión de dependencias federales simplemente como si lo viéramos como una tarea jerárquica sobre esas dependencias.”

–Entonces, ¿el comisionado para Michoacán cumple una función operativa y no ejerce o asume funciones de otras secretarías?

–Yo creo que las órdenes que le dieron es la de prestar su tarea, su labor, su esfuerzo de enlace para apoyo, precisamente de esas dependencias federales o locales. Esto es en cuanto a competencia. Habría otro tema que también he escuchado, que es el de la potestad, es decir, hasta dónde la Federación y hasta dónde el estado se están interfiriendo en sus exclusivas potestades.

“Yo diría que también esto hay que verlo: en el fenómeno delincuencial en Michoacán, como en el fenómeno delincuencial en muchas entidades, como suele suceder, se presenta una vertiente federal y estatal. Hay delitos que cometen estos grupos delincuenciales de cualquier signo que sean, que son de naturaleza local y por eso deben intervenir las autoridades del gobierno del estado, la Procuraduría del estado, el Ministerio Público, la seguridad pública estatal.

“Pero, al mismo tiempo, en la propia entidad y las propias personas están cometiendo faltas del orden federal; algunos, narcotráfico; otros, portación de armas, y otros, como las autodefensas, ni más ni menos que usurpación de funciones federales, un delito muy severo, consignado en el Código Penal Federal. Todas estas cuestiones obligan a una acción conjunta de las autoridades persecutoras de los delitos.

“Ahora bien, el licenciado Castillo no es un agente del Ministerio Público, lo fue hasta hace unos meses, antes de ser designado procurador del Consumidor, puesto que era subprocurador de la República, era un agente del Ministerio Público. Quizá en un criterio más puro debió de habérsele dado un rango, nombramiento, vulgo una charola de Ministerio Público, porque eso le legitima un gran paraguas de potestad y competencia para poder actuar y coordinar casi en forma de auxiliaridad a las demás dependencias y al gobierno del estado.

“Es decir, un solo nombramiento, el más modesto, de agente del Ministerio Público, le da mayor basamento competencial que una designación presidencial de alto nivel.”

–En el decreto que crea la comisión especial para Michoacán, según algunas opiniones, queda la duda de cómo puede ser operativa y si entra en contradicción, duplicidad y conflicto de funciones con la Secretaría de Gobernación, y su titular…

–Yo creo que eso tiene más que una lectura jurídica, una lectura política. Yo diría: no es fácil que alguien se pelee con la gente que designa el Presidente, entonces yo veo que es difícil que alguien se pelee con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong y que alguien se pelee con el licenciado Alfredo Castillo. Yo creo que no se van a pelear ni van a entrar en conflicto uno con otro. Y cuando hay experiencia política, en la vida política, cuando uno tiene tantitito de experiencia, sabe automáticamente, inconscientemente casi, subliminalmente, quien es el que manda.

–En la opinión pública se ha manejado la idea que desde la Comisión para Michoacán se asumirían funciones exclusivas del gobierno del estado…

–Yo lo veo como un esfuerzo de coordinación, no veo al gobierno federal ansioso o deseoso de desplazar al gobierno local de Michoacán. En todo caso, de comprometerse en una tarea para ayudarlo, para apoyarlo, para fortalecerlo, ayudarlo a realizar sus encomiendas. La participación de la Federación es a todas luces imprescindible ahorita en la crisis michoacana. No podría resolverse sin una decidida participación del gobierno federal, e incluso, sin el compromiso que ha sido asumido por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Entonces, en esta alianza Federación, estado, municipios, diversas dependencias, el Presidente ha nombrado un comandante supremo, por cierto, una gente de su cercanía, de su estado, un general Eisenhower.”

–¿Con la legislación actual, es factible que el comisionado para Michoacán pueda rendir frutos?

–Desde luego, para lo que tiene que hacer tiene leyes de sobra y las autoridades coordinadas por el comisionado tienen atribuciones de sobra: para encerrar a todos, para
procesar a todos,
para condenar a todos, para desarmar a
todos. Lo que les falta no es ley, son otras posibilidades: organización, gente, dinero, investigación, inteligencia, coordinación, pero la ley está sobrada, el problema no es que no haya ley, sino que no se aplica, pero la ley existe.

–¿Qué opinión le merece que el gobierno de Michoacán haya dejado crecer tanto los grupos de autodefensa? Parece que el gobierno estatal habría abdicado a garantizar la seguridad…

–Sí, desde luego, las fuerzas de autodefensa parten de un supuesto real, pero llegan a una conclusión falsa. Las fuerzas de autodefensa se generan por la derrota del Estado en contra del crimen, es decir, porque ha fallado, pero no puede optarse por la solución de grupos paralelos, subsidiarios y suplentes del Estado. Bajo ese criterio pasaríamos de la autodefensa y crearíamos al autofisco, la autoinspección, el autobanco, la autolegislación, la autoelección, el autoejército. Es decir, sustituiríamos todo bajo ese mismo criterio.

–¿Cabe la posibilidad de tener un andamiaje legal en la Constitución, en leyes orgánicas de las dependencias para dar un sustento más fuerte a figuras como la del comisionado en Michoacán o la labor del Ejército en temas de seguridad?

–Yo diría que sí, que sí se podría, y además agregaría que es imprescindible que se haga y que se haga pronto, porque, repito, hay algunas cuestiones que están en la sombra, en la penumbra. Los abogados todos los días discutimos si estas tareas, las que realiza el Ejército, las que realiza el comisionado, las que realiza la Federación, tienen un correcto basamento constitucional o no. Y hay zonas que se prestan a mucha discusión. No quiero afirmar en este momento si son constitucionales o inconstitucionales. Lo grave es que son discutibles y cuando una autoridad ejerce funciones que está en duda si puede o no ejercerlas, ya hay un problema. La autoridad debe tener un basamento constitucional incuestionable; el cuestionable, aunque exista, no sirve para la legitimación política, sirve para la legalidad jurídica, pero no sirve para legitimación política.

–Esto aplicaría en temas tan importantes como la función del Ejército en temas de seguridad pública. ¿Es endeble el fundamento legal y por eso las críticas a ciertas funciones de las Fuerzas Armadas?

–Es endeble, sobre todo en tareas en donde van involucradas cuestiones tan severas como es la vida, como son las libertades, como son los bienes y derechos; es decir, son cuestiones muy severas; es decir, no estamos discutiendo si el Ejército debiera participar en tareas de agente de tránsito; estamos discutiendo cuestiones muy severas y graves, incluyendo la soberanía, incluyendo el Estado de derecho, incluyendo la seguridad pública, además de valores tan importantes como los que mencioné: la vida, la libertad y los derechos individuales.

–Estas adecuaciones, de realizarse en un futuro, ¿qué deberían dejar en claro? ¿Serían modificaciones a la Constitución o a leyes secundarias?

–En general, tendrían que ser mucho más sencillas, no serían totalmente necesarios cambios en la Constitución, porque no son cambios de lo que los abogados llaman potestad; son cambios menores, importantes desde luego, de lo que los abogados llaman competencia, que tiene un rango ligeramente menor y derivado que la potestad, pero sí es muy importante que siempre se actúe con apego a los sustentos legales por la legitimación política que requiere el gobernante: la seguridad que requieren los agentes del Estado que participan en esas tareas, muchas veces arriesgando su vida, su salud, pero también arriesgan por falta de sustento jurídico, están arriesgando su libertad, su empleo, su patrimonio laboral. Trabajan con un pie en el panteón y con otro pie en la cárcel, y en esto me parece que no hemos actuado con la debida y suficiente responsabilidad.

–Entonces, ¿el Legislativo debería discutirlo como un tema prioritario?

–Desde luego, y si se decide que (el Ejército) participe en esta lucha, que las Fuerzas Armadas tengan el basamento suficiente. Ahora, estrictamente, las Fuerzas Armadas por poner un retén en una carretera y detener automóviles para revisión, estrictamente tienen un pie en la cárcel.

 

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