México pide abrir en la OEA debate sobre pena de muerte

Denuncia la actuación de Estados Unidos en el caso del morelense Édgar Tamayo, que será ejecutado la próxima semana en Texas

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15/01/2014 23:18 EFE / Foto: Archivo
Emilio Rabasa, embajador de México ante la OEA
Emilio Rabasa, embajador de México ante la OEA

WASHINGTON, 16 de enero.- El embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, pidió abrir un debate en la organización sobre la necesidad de abolir la pena de muerte en toda América y denunció la actuación de Estados Unidos en el caso del reo mexicano Édgar Tamayo, que será ejecutado la próxima semana en Texas.

En una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rabasa hizo un “respetuoso pero firme llamado a todos los Estados de la región que aún mantienen la aplicación de la pena capital para que consideren su abolición o bien apliquen una moratoria ‘de jure’ con miras a su abolición”.

En concreto, el diplomático mexicano denunció que el estado de Texas se muestre dispuesto a seguir adelante con la ejecución de Tamayo, condenado a muerte por el asesinato de un agente policial en Houston, pese a que en su caso se violó el derecho a la notificación consular incluido en la Convención de Viena.

“A Tamayo Arias no se le notificó la posibilidad de ejercer su derecho consular y ha sido condenado a muerte en unos días, no obstante que hay una resolución de la Corte Internacional de Justicia y de medidas cautelares emitidas por la CIDH que están siendo inobservadas por el tribunal” de Texas, indicó Rabasa.

Tamayo sería el tercer mexicano en ser ejecutado tras emitirse el Fallo Avena en 2004, en el que la Corte Internacional de Justicia ordenaba a EU la revisión de los casos de los mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, para determinar el daño ocasionado debido a ello.

“Sin duda, estas posibles violaciones al debido proceso nunca podrán ser reparadas, dada la definitividad de la pena capital”, apuntó Rabasa.

Para México resulta particularmente grave que, pese al otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de que los casos continúen en trámite ante el Sistema Interamericano, se programen y lleven a cabo ejecuciones a esos condenados”, continuó el embajador.

“Ello socava, compromete el respeto a los derechos humanos y es violatorio del derecho internacional vigente”, agregó.

Por tanto, Rabasa planteó la apertura de "un diálogo hemisférico" para "transitar hacia la derogación de la sanción, con miras a su abolición definitiva en el continente".

La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellín, replicó en la sesión que "la pena capital no está prohibida por el derecho internacional", y "se puede imponer a los crímenes más serios que se puedan decidir a través de un tribunal competente".

Respecto a la orden de la Corte Internacional de Justicia, aseguró que Estados Unidos "ha declarado su intención de cumplir esta orden" y reconoce que en el caso de Tamayo incurrió en una "violación de su obligación, a través de la Convención de Viena, de proveer una notificación consular".

"Estados Unidos ha demostrado, a través de acciones concretas, que toma estas obligaciones de forma muy seria, pero teniendo en cuenta la complejidad de las instituciones gubernamentales y policiales, esto no es un objetivo fácil", afirmó Lomellín.

La diplomática destacó los esfuerzos del Departamento de Estado por hacer llegar a las autoridades policiales locales información sobre los derechos consulares de los detenidos y destacó que el secretario de Estado, John Kerry, ha contactado en varias ocasiones al gobernador de Texas, Rick Perry, y otras autoridades estatales en relación al caso de Tamayo.

Embajadores de varios estados miembros de la OEA, como Argentina, Colombia, Venezuela o Nicaragua, y el observador permanente de Francia, apoyaron la idea de México de profundizar en el debate sobre la abolición de la pena de muerte, mientras que Jamaica coincidió con EU en que esa pena no está prohibida en el derecho internacional.

dgp

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