SCJN da más recursos a la autoridad para que defienda sus intereses

La trascendencia del cambio deriva de que las autoridades estatales en ningún momento podían impugnar o combatir una ley emitida por el propio Estado

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08/01/2014 18:20 Notimex
La trascendencia del cambio deriva de que las autoridades estatales en ningún momento podían impugnar o combatir una ley emitida por el propio Estado.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió las posibilidades para que la autoridad pueda promover el recurso de revisión contra un amparo otorgado, con base a la inconstitucionalidad de una ley, para lo cual sólo necesitará alegar que hay una afectación jurídica o económica a sus intereses.

La trascendencia del cambio deriva de que las autoridades estatales en ningún momento podían impugnar o combatir una ley emitida por el propio Estado.

Hasta antes de esta nueva resolución de la SCJN, la autoridad estatal responsable estaba imposibilitada en todos los casos para recurrir a un amparo donde se cuestionara la constitucionalidad de una norma, ya que esa facultad está rigurosamente reservada a las autoridades específicas que intervinieron en el proceso legislativo.

Al resolver la contradicción de tesis 415/2003, los cinco ministros de la Segunda Sala aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos, en la que se adopta este nuevo criterio, que da más armas a la autoridad para controvertir las sentencias que le afectan.

La trascendencia del cambio deriva de que las autoridades estatales en ningún momento podían impugnar o combatir una ley emitida por el propio Estado, y aunque ahora de manera directa tampoco pueden hacerlo, se les abrió la posibilidad de que lo hagan de manera indirecta al combatir los efectos que resientan en sus intereses.

Para arribar a esta conclusión, los ministros consideraron que el recurso de revisión es el único medio de defensa que tienen las autoridades ejecutoras para modificar una sentencia de amparo, cuyos efectos le alcancen.

Puntualizaran que dar a la autoridad la facultad de interponer el recurso de revisión no es para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma, sino únicamente para la defensa de sus intereses jurídicos y económicos.

El propósito es que esos agravios puedan ser examinados por el tribunal revisor "sin comprometer el pronunciamiento sobre el tema de constitucionalidad de leyes ya establecido por el juez de Distrito, ya que sobre dicha materia están impedidas para formular agravios"

Los ministros señalaron en su resolución que "de no repararse los vicios sobre los alcances de la sentencia que obliga a las ejecutoras, pudiera prolongarse innecesariamente la etapa de cumplimiento y llegar al extremo previsto por el Artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando inaudita a la autoridad responsable", es decir que no se le escuche siquiera.

Para reforzar lo anterior, sostuvieron que si bien se mantiene la imposibilidad de que las autoridades cuestionen la constitucionalidad de las normas, es necesario darle vigencia a la "porción normativa" del Artículo 87 de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridades responsables "solamente" podrán reclamar en revisión el acto que "de cada una de ellas se haya reclamado".

Con esta argumentación, los ministros concluyeron que es posible que una autoridad pueda recurrir una sentencia de amparo fundamentada en la inconstitucionalidad de una norma, no para combatir la inconstitucionalidad misma, sino para alegar una afectación directa, "derivada de los efectos dados a la concesión del amparo".

Cuando la protección constitucional se hace extensiva a las autoridades ejecutoras y se les vincula a proceder restituyendo al quejoso en el goce del derecho que fue violado, tales autoridades se encuentran legitimadas para interponer la revisión", sentenciaron los ministros de la Segunda Sala.

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