Publican Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-18

Lograr una procuración de justicia eficiente, reducir impunidad y asegurar la implementación del sistema penal acusatorio son unos de sus objetivos

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16/12/2013 12:38 David Vicenteño

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de diciembre.- Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia; asegurar la implementación en tiempo y forma del sistema de justicia penal acusatorio; lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, y reducir la impunidad, son los objetivos principales del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.

El documento fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, como parte del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, para el mismo periodo.

El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 plantea dos estrategias: la primera institucional, desde la Procuraduría General de la República, con los cuatro objetivos planteados, y la segunda a partir de los trabajos de coordinación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

La segunda estrategia presenta los mismos tres primeros objetivos planteados desde la PGR, ambos con la finalidad de cumplir con la meta nacional México en Paz, con la finalidad de garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

Diagnóstico

En el documento del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que fue publicado junto con el decreto de entrada en vigor, se presenta un diagnóstico de las condiciones en las que se encontró la PGR al inicio de la presente administración, y que ha sido ventilado por el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, en diferentes foros.

“Además de la impunidad, el sector de procuración de justicia presenta problemas de eficiencia en la actuación ministerial debido a inercias burocráticas, mala organización, indiferencia y limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de los delitos (ministerios públicos, policías y peritos).

La inactividad o el retraso en el desahogo de las tareas de procuración de justicia han sido también formas de negarla y fomentar la impunidad. La PGR reporta que del periodo comprendido entre 1999 al 2012 cada averiguación previa determinada, excluyendo las consignadas con detenido fueron integradas en promedio en 223 días, es decir, aproximadamente ocho meses”, se argumentó.

Se destacó el trabajo que se realizó al interior de la dependencia para detectar las fallas de operación y, como consecuencia, los malos resultados en los trabajos de la misma.

“La nueva administración de la PGR realizó un análisis organizacional de la institución en el que detectó deficiencias en la estructura, coordinación, mando y operación de la institución; discrepancias entre las funciones sustantivas y las adjetivas, con clara predominancia de estas últimas.

“(También) desvíos y deficiencias importantes en los manuales de operación que no reflejan las actividades que deben realizar ni la labor diaria de los funcionarios; carencia de una descripción adecuada de los perfiles de puestos; falta de actualización de la información disponible e inadecuado contenido de la normatividad administrativa”, se detalló.

En el documento se explicó que en la PGR no existe capacidad institucional de establecer nexos de colaboración efectiva entre las áreas, “de tal suerte que los procesos internos no expresan sino circuitos fragmentados y parcelados que impiden el flujo y uso correcto de la información”.

Trabajo a realizar

El principal objetivo de la PGR, como parte del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, es recuperar la confianza de la ciudadanía en el aparato legal.

El reto más importante, y al mismo tiempo el de mayor grado de complejidad que enfrentan las instituciones de procuración de justicia consiste, sin lugar a dudas, en revertir la percepción social desfavorable que la sociedad tiene sobre ellas.

“Para alcanzar este propósito se requieren cambios estructurales que permitan atender eficazmente las principales demandas sociales en la materia, como es el caso de los delitos de alto impacto que lesionan seriamente la paz social, así como un combate frontal a la corrupción que permita erradicar este mal que incide negativamente en todos los ámbitos de la vida social”, se explica en el documento.

Otros capítulos importantes a atender, para recuperar la confianza ciudadana, son asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas.

Las estrategias para lograr recuperar la confianza son: atender prioritariamente los delitos de alto impacto; coordinar esfuerzos para desarticular las estructuras operativas de la delincuencia organizada, e implementar en todos los ámbitos de la procuración de justicia, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

También se trabajará para garantizar la atención y protección a las víctimas del delito, combatir la corrupción y transparentar la actuación del personal sustantivo ante la ciudadanía.

dgp

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