Senado aprueba la reforma política; va a congresos locales

El Senado avaló con 95 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones la reforma político- electoral que le enviara a la vez la Cámara Baja

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14/12/2013 05:19 Leticia Robles de la Rosa
El Senado envió la aprobación de la Reforma Político-Electoral a los Congresos estatales, para que a la brevedad entre en vigor. Foto: Luis Enrique Olivares

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre.- Con la inconformidad expresa del PAN, pero con el voto de la mayoría de sus integrantes, el Senado aceptó los cambios hechos por la Cámara de Diputados y aprobó la Reforma Político-Electoral, que obligará a los políticos a esperar hasta 2018 para contar con el privilegio de la reelección consecutiva en el Poder Legislativo.

De esta forma, el Senado envió de inmediato esta reforma a los Congresos estatales, para que a la brevedad entre en vigor la transformación del sistema político-electoral, con la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y el nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), que será el responsable de todos los comicios federales, estatales y municipales.

Aunque los panistas criticaron que la Cámara de Diputados lesionó gravemente la reforma, porque cambió la palabra “adquiera” por “compra” en el párrafo que sanciona con la anulación del triunfo electoral cuando el partido o candidato contrate espacios en radio y televisión disfrazado como noticia, pues desde su perspectiva esa modificación impedirá que se puedan comprobar estos recursos.

En comisiones fueron los senadores Zoé Robledo y Alejandro Encinas, mientras que en el pleno Benjamín Robles Montoya, quienes argumentaron en tribuna el rechazo del PRD a las modificaciones de la Cámara de Diputados, y que fue pactado con su dirigente nacional, Jesús Zambrano, quien también negó que haya confabulado con Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones para cambiar esta reforma, como acusó la víspera el panista Javier Corral.

Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, fue la encargada de explicar por las comisiones unidas y recordó que todas las reformas de este tipo, desde la promovida por don Jesús Reyes Heroles en 1997 hasta ésta, han estado encaminadas a fortalecer nuestros sistemas político y electoral, con el objetivo fundamental de consolidar la gobernabilidad democrática del país.

“Todas han respondido a la creciente pluralidad y diversidad de la sociedad, que ha introducido y consolidado un mayor número de actores en todos los sectores, tanto el social como el político y el privado”, dijo.

Por su parte, Héctor Larios, del PAN, expresó el temor de su partido porque el PRI no cumpla su palabra y postergue la aprobación de la Reforma Político-Electoral en los Congresos estatales donde tiene mayoría; pero aclaró que el PAN se allana a los cambios de la Cámara de Diputados, a pesar de estar en desacuerdo con dos de ellos, porque no quiere dar pretextos para que no se cumplan los acuerdos pactados.

El Senado mandó así al Constituyente Permanente esta reforma que lleva a la Constitución el sistema de nulidades de elecciones federales y locales por rebase de topes de campaña, uso de dinero público para financiar una campaña, utilización de recursos ilícitos y la contratación de publicidad disfrazada de notas informativas.

De igual forma, concretaron el traslado de la toma de posesión del Presidente de la República del 1 de diciembre al 1 de octubre, que no afectará al presidente Enrique Peña Nieto, sino a su sucesor, quien será el primero que gobernará del 1 de diciembre de 2018 al 31 de septiembre de 2024, precisaron.

También acordaron que desde 2018 el Presidente de la República tenga derecho a optar por un gobierno de coalición, en cuyo caso el Senado y la Cámara de Diputados ratificarán absolutamente a todos los miembros del gabinete; en caso de que el mandatario federal decida no ir por el gobierno de coalición, a las ratificaciones que ya son procesadas en el Congreso, se sumarán la del Canciller, por parte del Senado y la del secretario de Hacienda por parte de los diputados federales.

La PGR será una Fiscalía autónoma y se auxiliará de dos fiscalías, una anticorrupción y otra para temas electorales.

La Cámara de Diputados ratificará el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, para que la responsabilidad de Estado sea compartida por los poderes Ejecutivo y Legislativo; el umbral para que un partido político conserve el registro será de tres por ciento.

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