Avanza Fiscalía para combatir corrupción

Estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas

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14/12/2013 05:28 Leticia Robles de la Rosa
En total, 111 votos del PRI, PAN, PRD y PVEM aprobaron la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Foto: Luis Enrique Olivares

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre.- Después de un año de discusión, el pleno del Senado aprobó por 111 votos del PRI, PAN, PRD y PVEM, dos en contra y dos abstenciones del PT, la creación de la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá facultades para investigar y castigar a los servidores públicos y a los particulares que cometan este delito, el cual no podrá prescribir en un lapso inferior de cinco años.

Aunque durante meses una parte del PAN detuvo esta reforma constitucional, porque insistió en que la Fiscalía Anticorrupción debía tener facultades de Ministerio Público, la reforma se mantuvo en que tendrá facultades de sanción administrativa y será coadyuvante del Ministerio Público en caso de la comisión de delitos.

Sin embargo, los legisladores federales decidieron elevar a nivel constitucional que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable, y la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción.

Añade que esta ley “sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes”, cuando se demuestre que fueron adquiridos con el dinero producto de la comisión de actos de corrupción.

Incluyó en el régimen transitorio que “si de la investigación de los hechos de corrupción (…) los órganos responsables de combatir la corrupción advirtieren la posible comisión de delitos, deberán presentar las denuncias penales y actuarán como coadyuvantes del Ministerio Público competente”.

También, que esta ley determinará las obligaciones de los servidores públicos a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones; las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de hechos calificados como de corrupción y de los cuales conocerá la Fiscalía Anticorrupción.

Las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados. En el caso de corrupción la sanción económica considerará además los beneficios obtenidos. En ningún caso las sanciones excederán de tres tantos los beneficios obtenidos o los daños y perjuicios causados.

Detalla que la Fiscalía Anticorrupción estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley, cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada en estos hechos, o que resulten beneficiada por los mismos.

De igual forma, podrá atraer investigaciones e imponer sanciones administrativas a servidores públicos de la Federación, por hechos de los calificados como corrupción, siempre que en los términos que prevea la ley concurran razones suficientes que justifiquen su conocimiento directo.

El titular de la Fiscalía será nombrado por el Senado de la República, a propuesta de los grupos parlamentarios y el Presidente de la República tendrá facultad para objetarlo hasta en dos ocasiones; en este escenario extremo, el Senado podrá nombrarlo de manera directa.

Esta Fiscalía tendrá un Consejo Consultivo integrado por su titular, quien lo presidirá; tres ciudadanos nombrados por el Senado; un representante del Poder Ejecutivo; un representante de la Auditoría Superior de la Federación y un representante del IFAI.

Dispone también que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, incluyendo las unidades de auditoría interna, colaborarán y prestarán auxilio a la Fiscalía y a los órganos especializados en los estados del país.

La reforma constitucional parte de una propuesta enviada por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de los senadores del PRI y PVEM, así como de tres iniciativas del PAN y una del PRD; y aunque ayer la aprobó el Senado, esperará hasta febrero para ser analizada por los diputados y su eventual aprobación.

Especifican castigos

La Fiscalía tendrá facultades para sancionar a los servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción.

  • Eleva a nivel constitucional que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable, y la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción.
  • Las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados.
  • Sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de bienes, cuando se demuestre que fueron adquiridos con el dinero producto de la comisión de actos de corrupción.
  • Estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley.

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