Ley morelense auspicia corrupción de alcaldes

Tardan años en enjuiciar a acusados de desvíos; los tiempos que establece la legislación favorecen la prescripción de delitos

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09/12/2013 05:50 Pedro Tonantzin/ Corresponsal
Hace casi un año, al asumir el cargo de alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud anunció un plan anticorrupción.
Hace casi un año, al asumir el cargo de alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud anunció un plan anticorrupción.

CUERNAVACA, 9 de diciembre.- En Morelos sus 33 municipios han experimentado la alternancia, e incluso han tenido elecciones definidas únicamente por tres votos, pero esa alternancia no les ha garantizado contar con administraciones honestas.

En 1997, Morelos fue el primer estado con elecciones organizadas por ciudadanos. El resultado fue que 25 municipios dejaron de ser gobernados por el PRI, que gobernó 70 años casi todos los ayuntamientos de esta entidad federativa.

Pero a 16 años del inicio de la alternancia las administraciones municipales se enfrentan a la peor crisis financiera de su historia, a grado tal que entre todas suman una deuda superior a  tres mil 800 millones de pesos, que en algunos casos les impide cumplir con el pago de nómina y de aguinaldo, además de que la mitad de ellas tendrá que empezar 2013 con despido de personal para poder ajustar sus finanzas.

Teodoro Lavín, ex presidente del Instituto Estatal Electoral y analista político, señala: “La democracia nada tiene que ver con la deshonestidad. En Morelos se ha instalado la impunidad, y las mafias del poder se han puesto por encima de las instituciones. Nadie quiere abrir los expedientes de la corrupción, para que no hagan lo mismo con ellos”.

De esta manera define la inmovilidad de las denuncias y juicios interpuestos por la Auditoría Superior Gubernamental (ASG) contra ex alcaldes, ante todos los privilegios que existen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

En esta entidad federativa, juzgar a un alcalde por corrupción lleva un proceso inicial de dos años y medio, para que la ASG defina si hay delito o no que perseguir. Sin embargo, al llegar a la Procuraduría de Morelos, la Fiscalía Especializada se puede tardar de siete a diez años en ejercitar acción penal, como lo demuestran los casos de Zacatepec y Tlayacapan, cuyos ex ediles apenas fueron aprehendidos y sujetos a proceso penal.

Juan Ángel Flores Bustamante, presidente del Congreso de Morelos, lamenta: “Desgraciadamente la ley de auditoría que tenemos está hecha para que precisamente haya ese tipo de abusos, se cubran los unos a los otros, así lo hemos denunciado; es por eso que se está haciendo un proyecto de ley, para corregir, dado que los términos que establece la auditoría actual permite que haya impunidad”.

Afirma que la situación es tal que en este mes, a un año de haber iniciado la Legislatura, apenas se están revisando los primeros tres meses de 2009, y “es totalmente absurdo, desgraciadamente lo permite la ley, porque establece cierto tiempo para hacer auditorías”.

Los tiempos que establece la legislación son tan largos que facilitan la prescripción de los delitos, pero además la responsabilidad de presentar cargos contra los ex alcaldes es de los síndicos municipales, lo que abre la puerta a componendas, y a veces la ignorancia los hace pasar por alto las irregularidades.

El proyecto de ley establece que a partir del informe trimestral éste inmediatamente sea revisado, con la finalidad de que las administraciones sean fiscalizadas en funciones.

Ahora se plantea que todo el proceso no exceda seis meses para que los alcaldes en funciones se enfrenten a la ley en caso de incurrir en peculado.

En cuanto a los fiscalizadores adscritos a la ASG, al llegar esta Legislatura ganaban seis mil pesos al mes; ahora ganan ocho mil pesos mensuales, pero se espera que para 2014 perciban diez mil pesos al mes, pues el propósito es que hagan un trabajo eficiente y no se presten a componendas con los ediles.

En Morelos el Auditor Superior Gubernamental es Luis Manuel González Velázquez, ex presidente de PRI en el estado, el cual fue designado por esta misma fuerza política en la Legislatura anterior, lo que no garantiza imparcialidad, lamentó además Flores Bustamante.

Otra medida para frenar la corrupción es que los alcaldes  perdieran el fuero desde el pasado 23 enero, fecha en la que entraron en vigencia las reformas al artículo 40 y 136 de la Constitución; esto ocasionó que 29 de los 33 ediles presentaran una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue desechada inmediatamente.

Entre sospechas

Para Matías Nazario Morales diputado del PRI en Morelos, no hay equidad en la persecución de los alcaldes corruptos, “en eso consideramos que están actuando de una manera facciosa, en el caso de lo de Cuautla… el mismo procurador reconoce que hubo una filtración y le permitió al ex alcalde Cruz (Arturo Cruz Mendoza) fugarse de la acción de la justicia”.

El auditor, dijo, debe rendir informes claros y precisos sobre las auditorías que realiza, pero también consideró que en el desarrollo de esas revisiones deberían intervenir monitores ciudadanos, que califiquen los resultados.

Actualmente hay 37 expedientes integrados en la Procuraduría estatal, de los cuales 15 están relacionados con ex alcaldes y el resto con funcionarios municipales, pero según el procurador hacía falta información y la ASG tuvo que entregar nuevamente la documentación.

Javier Bolaños, del PAN, promotor de la legislación para eliminar el fuero de alcaldes y diputados, pidió que la ley en el caso de los ex alcaldes corruptos sea expedita y transparente, por lo que se debe garantizar, argumenta, que los funcionarios en funciones sean juzgados.

La reelección de los diputados y alcaldes, dice, será crucial para que los ciudadanos puedan mantener administraciones honestas y retirarle la confianza a los que incumplan sus promesas de administrar adecuadamente los recursos del ayuntamiento.

Por lo pronto, el Ministerio Público presentó pruebas por peculado contra el ex alcalde de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica a quien se acusa de haber desviado 154 millones 309 mil pesos, de un préstamo de 300 millones otorgado por instituciones bancarias para amortizar una deuda; sin embargo, el ex edil comenzó a pagar a proveedores, por lo que se le acusa de mal uso de estos recursos.

Con miras a la audiencia de vinculación a proceso prevista, se le ha exigido que entregue una fianza de dos millones de pesos para librar su juicio en libertad.

 De no hacerlo antes del próximo 20 de diciembre, tendrá que dictársele prisión preventiva.

Éste es el único alcalde que recientemente ha dejado el cargo y que es sometido a proceso debido al supuesto daño que causó al erario, pero aún se encuentra pendiente que se investigue el posible desvío de recursos que realizó Manuel Martínez Garrigós, que ha originado una deuda que ha paralizado al municipio de Cuernavaca.

En la polémica

Aunque son numerosos los municipios de Morelos que tienen severos problemas financieros, el caso de Cuernavaca es el que más ha llamado la atención.

  • El asunto que se encuentra bajo investigación es precisamente el de Rogelio Sánchez Gatica, señalado de desviar 154 millones 309 mil pesos de un préstamo de 300 millones de pesos otorgado por instituciones bancarias.
  • Sánchez Gatica terminó el periodo de presidente municipal que inició Manuel Martínez Garrigós, quien dejó el puesto para contender por la candidatura del PRI al gobierno del estado.
  • Sin embargo, Martínez Garrigós también es señalado como presunto responsable de mal uso de recursos cuando fue alcalde de Cuernavaca.
  • La semana pasada, la diputada perredista Teresa Domínguez Rivera exigió a la Procuraduría General de Justicia agilizar la investigación sobre el presunto desvío de recursos al inicio de la administración de Manuel Martínez Garrigós.
  • Señaló que cada vez son más los ciudadanos que exigen al Congreso castigo para quienes saquearon las arcas municipales de la capital y la dejaron endeudada.
  • Dijo que la atención sobre los responsables del quebranto financiero  no se debe centrar sólo en Sánchez Gatica.
  • En otro caso, el ex alcalde del municipio de Tlayacapan Agustín Sánchez Ortiz fue detenido la semana pasada  por diversos delitos, entre ellos el de peculado.

Avanzan indagatorias contra ex munícipes

El Juez de Control y Juicio Oral determinó vincular a proceso penal al ex presidente municipal Rogelio Sánchez Gatica, por el delito de peculado cometido en agravio del ayuntamiento de Cuernavaca, de acuerdo a lo que informaron ayer las autoridades estatales.

Sánchez Gatica podrá enfrentar ese proceso en libertad al depositar una fianza de dos millones de pesos.

En esta misma audiencia, la juez María Guadalupe Flores Servín fijó cinco meses como plazo para el cierre de las investigaciones, por el desvío de fondos que presuntamente cometió el ex alcalde y también ex procurador del estado de Morelos.

El ex servidor público fungió como presidente municipal de Cuernavaca de noviembre de 2011 a diciembre de 2012, es decir 13 meses, lapso en que conforme a la denuncia no dio el uso determinado a alrededor de 300 millones de pesos del erario.

En la audiencia se estableció que el monto corresponde a 154 millones 309 mil 356 pesos, motivo por el que fue vinculado a proceso penal, ya que el dinero era para obras y no para el pago de gasto corriente y proveedores.

El ex alcalde deberá cumplir con las medidas cautelares impuestas en la pasada audiencia de formulación de imputación, las cuales son: una garantía económica que asciende a dos millones de pesos, no salir del estado y acudir a firmar cada semana a la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas del Estado de Morelos.

Con estas acciones el gobierno local, a través de la Procuraduría General de Justicia, aseguró que reafirmó su compromiso con la sociedad morelense de garantizar el cumplimiento de la ley y de llevar ante la justicia a cualquier persona que haya cometido un ilícito, no importando su filiación partidista.

El gobierno de Cuernavaca 2009-2012 inició con Manuel Martínez Garrigós, pero, a inicios de 2012 dejó el puesto para buscar la candidatura del PRI al gobierno del estado.

En su lugar fue dejado Sánchez Gatica.

Un caso más
Agentes Ministeriales de Morelos cumplimentaron dos órdenes de aprehensión libradas contra el ex alcalde de Zacatepec Gustavo Rebolledo y quien fuera director de Servicios Públicos municipales. Fernando Bravo Salazar, por los delitos de peculado y falsificación de documentos, en detrimento del erario.

El ex alcalde se encuentra preso en el penal de Jojutla, desde el pasado 4 de septiembre, acusado primero de hostigamiento sexual contra la regidora y ahora diputada local Amelia Marín Méndez.

Después se presentó una primera denuncia por peculado, y con ésta suman dos las acusaciones en su contra por haber desviado fondos del erario municipal.

De acuerdo a una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), del Congreso del Estado de Morelos, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre del año 2009, se detectó una conducta dolosa por parte de los responsables del manejo de los recursos financieros del ayuntamiento.

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