Primer reto de reforma, en 16 entidades

Envía el Senado a los diputados la iniciativa que avaló ayer en la madrugada; gobernadores no podrán influir en las elecciones de 2015, que serán la prueba de ácido del Instituto Nacional Electoral

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05/12/2013 07:06 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre.- El Senado de la República aprobó la madrugada de ayer que las nuevas reglas electorales entren en vigor en las elecciones federales y estatales de 2015, con lo cual los gobernadores de 16 estados serán los primeros en resentir sus efectos, porque no influirán en las decisiones de los órganos electorales para los procesos en los que se elegirán a sus sucesores, alcaldes, jefes delegacionales y congresos locales.

En 2015 se registra el cambio de gobernador en Colima, Campeche, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, mientras que habrá renovación de congresos estatales y/o alcaldías en el Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán, y de acuerdo con la reforma constitucional, enviada ya a la Cámara de Diputados, ya serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De las siete entidades en que habrá elección de gobernador, sólo en Colima y Campeche se mantiene el poderío electoral del PRI; en el resto se ha registrado la alternancia entre PRI y PAN y entre PRI y PRD; la apuesta de panistas y perredistas es que el nuevo modelo electoral, que cierra el paso a la influencia de los gobernadores en las autoridades estatales electorales, permitirá mejores condiciones de competencia que pueden llevar a la alternancia en estados dominados por el priismo.

Después de varias semanas de construcción, la reforma política fue aprobada en su totalidad a las 2:25 del miércoles, con algunos ajustes realizados por el pleno; uno para que el mecanismo de elección de los integrantes del nuevo Coneval autónomo se desarrolle en las leyes secundarias y no en el texto constitucional; otro para elevar a nivel de la Constitución el principio de la paridad de género.

También para que la remoción presidencial del Fiscal General pueda ser impugnada por el Senado con el voto de la mayoría simple de su pleno, y no de la mayoría calificada, como estaba previsto en el dictamen.

Y otra precisión para dejar en claro que las nuevas reglas electorales tendrán su primera aplicación efectiva a partir de 2015; por lo tanto, en las próximas elecciones federales y estatales los comicios se realizarán el primer domingo de junio y no el primer domingo de julio, como estaba previsto.

De esta forma, una vez que la reforma político-electoral concluya su recorrido por los Congresos estatales, la Cámara de Diputados tendrá cuatro meses, y la transición entre el IFE y el INE deberá concretarse una vez que se desarrolle la ley general que regulará los partidos políticos nacionales y locales; se cree el sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos.

También deberá estar lista la ley general que regule los procedimientos electorales y la ley general en materia de delitos electorales que establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

El Instituto Nacional Electoral será el responsable de la capacitación electoral, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales y de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Para 2015, el sistema electoral deberá estar transformado para que las elecciones en los 16 estados con comicios, los organismos públicos autónomos, que ahora todavía se conocen como Institutos Estatales Electorales, se hagan cargo de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos; educación cívica, preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de materiales electorales; escrutinios y cómputo en los términos que señale la ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo.

Además, de los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral y conteos rápidos; organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local.

El INE podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los órganos electorales locales; también, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

La reforma político-electoral dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

El INE será autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

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