Programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo.-Cambio de visión. Uno de los atributos de la democracia es que los cambios de gobierno implican cambios en los temas de agenda y el orden en que se priorizan.

En modelos monárquicos absolutistas es sólo la muerte del rey la que permite cambios y a veces ni siquiera eso, cuando las dinastías “preservan” sus valores más allá de los individuos. Así, temas o programas que eran prioritarios para una administración dejan de serlo para la siguiente; o enfoques que eran firmes e inamovibles se reemplazan por otros enfoques y temas.

Por supuesto, hay temas que por su gravedad o importancia jamás saldrán de la agenda, pero sí se modifican al menos parcialmente.

Un ejemplo es el programa Oportunidades: creado bajo el sexenio de Carlos Salinas como Solidaridad, cambió de nombre (PROGRESA) y de enfoque en el de Ernesto Zedillo (de subsidio a las comunidades a subsidio a las familias); se modificó poco en los sexenios de Vicente Fox (quien lo llamó Oportunidades) y de Felipe Calderón (casi sin cambios) para continuar vigente en el de Enrique Peña Nieto. Esto es, un programa que al cabo de casi 25 años se mantiene vigente con sus principios básicos ligeramente ajustados, pero con el objetivo central intacto: ayudar a que individuos salgan de la pobreza mediante becas y subsidios, pero vinculados a que niños y jóvenes se mantengan en la escuela y con atención médica regular.

Un ejemplo del segundo caso es la lucha contra el narcotráfico: en el sexenio de Fox se enfatizó detener la mayor cantidad posible de droga; sin embargo, el ataque a los distribuidores y a las organizaciones criminales de las que son parte cobró importancia capital hasta el arranque del sexenio de Felipe Calderón. Y es que la inacción –o la acción en un sentido moderado- dejó crecer el problema: mientras el énfasis fue detener la mercancía, los grupos acumularon dinero y poder de fuego, y aumentaron la magnitud e influencia de los grupos delictivos. La inacción no es solución.

Hablando de las batallas simbólicas, el arranque de la “guerra contra el narcotráfico” ocurrió con el presidente Calderón en uniforme de faena (todos los bordados y galones en negro, no en oro) en Michoacán, su tierra natal. Desde el presidente Ávila Camacho, durante la Segunda Guerra Mundial, no habíamos tenido imágenes de un presidente en funciones en uniforme de faena. Simbólicamente también fue un estado en que la autoridad se veía rebasada. Al final, podemos decir que no se ganó tampoco la guerra allí, si bien algunos de los grupos se fragmentaron y perdieron fuerza e influencia.

Así pues, el cambio simbólico y real que implica la adopción del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es uno de esos giros que pueden terminar redefiniendo una política que ya se hacía, pero elevándola en la agenda y dándole otro énfasis. Porque al final las nueve dependencias que participan en la Comisión tenían 318 programas distintos de vinculación con la sociedad civil en temas de prevención.

La principal diferencia será la articulación de los mismos, para evitar duplicidades y asegurar que las acciones lleguen a la población objetivo con la mayor eficiencia y eficacia posibles, de manera coordinada.

Prioridad máxima

Con frecuencia escuchamos a personas decir que algo es “prioridad cinco”, lo que tiene sentido si se refiere a que es la quinta tarea en una lista de prioridades. Pero la verdad es que acciones prioritarias sólo puede haber una; si no, no sería prioridad.

Por ello, destacó que en el primer discurso como presidente Enrique Peña Nieto había señalado cinco ejes y tres acciones. El primer eje es “Lograr un México en paz, trabajando en una estrategia nacional para reducir la violencia”. La primera acción anunciada fue el Programa Nacional de Prevención del Delito. El mensaje está claro: la prioridad del gobierno será la reducción de la violencia.

Sin duda, el tema es el que más preocupa a los mexicanos. Por encima de la economía –relativamente estable durante los años del panismo en el gobierno federal o de otros temas, la seguridad se volvió la mayor preocupación. Esto en parte porque ciudades que eran tranquilas se complicaron mucho; zonas que eran complicadas se tornaron más peligrosas. Y, sin embargo, la gran mayoría del país y del territorio nacional están en relativa paz y sin muchos problemas.

Un ejemplo: en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Pública 2012, el promedio es de 66.6% de percepción de violencia; sin embargo, estados como Yucatán se colocan con un 19.2%, y siete estados están por arriba del 80%. Esto es, si en el país dos de cada tres mexicanos creen que la situación nacional es peligrosa, sólo uno de cada cinco yucatecos está preocupado, pero cuatro de cada cinco (o más) de los habitantes de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, México o Nuevo León comparten la sensación de riesgo.

Como referencia, el Distrito Federal se ubica en un 70.8% de percepción de violencia, casi a la mitad de la tabla, pero por arriba del promedio. Sin embargo, en la realidad el impacto es mucho menor: si hay 70 mil casos de muertes violentas y 29 mil desapariciones (y suponiendo que cada uno de los afectados tuviera una familia directa de cinco miembros), menos de un millón de mexicanos tendría una experiencia directa o de un familiar directo de violencia grave.

Suena mucho y es mucho, pero en la fría estadística la violencia directa afectó a menos de nueve diezmilésimas y la experiencia cercana sólo afecta a menos del 0.9% del total de la población. La cuestión es que si en lugar de tomar únicamente a la familia, consideramos que cada uno tiene 20 amigos o conocidos, y éstos a su vez tienen 20 amigos cada uno, la cifra de personas que saben de alguien o que conocen a alguien que sabe de alguien que fue directamente afectado sube a casi 40 millones.

Por ello, las historias de inseguridad tocan a tantos mexicanos aunque en realidad no les afecten directamente. Por eso se trata de un fenómeno de percepción más que de realidad.

Otro ejemplo: en la lista de ciudades más inseguras del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Acapulco ocupa el segundo lugar, al tener una tasa de 143 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

El primer lugar lo tiene San Pedro Sula, Honduras; sin embargo, respecto al ranking de 2011, nuestro país mejoró, pues salieron del mismo Durango, Mazatlán, Tepic y Veracruz y no se agregó ninguna metrópoli mexicana. Pero más significativo es que Brasil tiene 15 ciudades en el ranking de 50 (30% del total) en tanto que México sólo tiene nueve (18%), entre ellas Juárez, que redujo 76% su tasa entre 2008 y 2012, o que Caracas tiene casi tres veces más muertes violentas que Acapulco al alcanzar casi cuatro mil, pero que gracias a su mayor población se ubica en el tercer lugar. O que los brasileños acumulen 12 mil 146 muertes dolosas en este estudio, en tanto que las capitales mexicanas menos de la mitad, con seis mil muertes dolosas.

En estricto sentido, Brasil es el doble de peligroso que México… O que sólo Caracas vale 66% del total de muertes observadas en nuestro país. Es decir, de muchas maneras puede verse que México no es tan inseguro, pero la percepción mayoritaria es la contraria.

Por eso, tan importante como reducir los hechos de violencia, es cambiar la percepción sobre la violencia. Nuestro país es más seguro que otros, aunque no todos lo puedan ver así. Es menester ajustar la perspectiva. Por ello lograr un México en Paz es prioridad.

El Programa

El pasado martes 12 de febrero se presentaron en Aguascalientes las “Bases para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” (PNPSVD), al mismo tiempo que se instaló la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

En este órgano participan las Secretarías de: Gobernación; Hacienda; Desarrollo Social; Economía; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El secretario Técnico es el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, el licenciado Roberto Campa Cifrián.

Si bien el Programa deberá presentarse posteriormente a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, lo interesante es que al darse a conocer las Bases del PNPSVD desde ahora se abre el debate del mismo ante la sociedad.

Uno de los puntos que se enfatiza es que la prevención de la violencia y la delincuencia debe hacerse con participación social, y no sólo por determinación de la autoridad. El Programa abre espacios a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que definan su participación a fin de realizar acciones concretas que ayuden a lograr esta tarea.

Por ejemplo, el caso de la Línea Verde en Aguascalientes es paradigmático: lo que era el área en torno a ductos de Pemex en que no se puede construir y que pasaba por 13 kilómetros de la zona urbana de Aguascalientes en una zona particularmente pobre, se volvió un parque lineal, con pistas para caminata y bicicleta, canchas, jardines, alberca semiolímpica y kioscos, que a su vez se han vuelto sede de ligas de futbol, basquetbol y otro tipo de actividades sociales impulsadas por la comunidad.

El Programa establece cuatro niveles de intervención: en 57 demarcaciones (incluyendo dos delegaciones del Distrito Federal, siete zonas metropolitanas y 48 municipios) la intervención será focalizada e inmediata.

Se realizará acupuntura socio-urbana, lo que implica intervenir en equipamiento de edificios, proyectos urbanos y el impulso a nuevos hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad. En el segundo nivel se realizarán intervenciones preventivas dirigidas a 100 demarcaciones. El tercero incluirá intervenciones en 251 demarcaciones, con recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).

El cuarto nivel serán campañas de alcance nacional en prevención de violencia familiar, de género y en el noviazgo, prevención de adicciones, prevención de violencia en el entorno escolar y detección e intervención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales. Hay datos que señalan por qué urge hacer tales acciones: por ejemplo, el 40% de las mujeres jóvenes que mueren en el hogar es como resultado de violencia directa de familiares o parejas; en el 80% de los casos de menores de cinco años que aparecen muertas hay señales de violencia sexual.

De acuerdo a datos del Instituto de Atención y Prevención de Adicciones del Distrito Federal, el 40% de los internos en los reclusorios en la capital del país aceptan que cometieron su delito bajo el influjo de alguna droga o del alcohol.

Uno de los enfoques que se proponen es tratar a los adictos como enfermos y no como delincuentes: hay que meterlos a tratamiento, no a la cárcel. Otra propuesta es dotar de lentes y aparatos auditivos a todos los niños de primaria que los requieran, porque a final de cuentas el 33% de la deserción escolar se explica por problemas de aprendizaje – como no ver u oír bien que no se detectan ni tratan a tiempo.

En resumen, el Plan pretende intervenir con una fuerte participación de la sociedad civil organizada con el objetivo de poder desplazar al crimen organizado, ganando espacios para la convivencia social. A final de cuentas no se buscará “que la droga no llegue a nuestros hijos”, sino hacer “que nuestros hijos no lleguen a la droga”.

A nuestros lectores interesados en conocerlo a detalle, pueden conseguirlo en formato digital en la siguiente página: https://bit.ly/12vrhZt

jgl