CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo.- En los últimos tres años la Patrulla Fronteriza estadounidense mató a 18 mexicanos en casos denominados de “excesiva violencia”, sin mayor razón aparente que el sentimiento personal de los presuntos responsables.
Dieciséis de las víctimas fueron abatidas a balazos y se sabe de al menos ocho casos de personas muertas o seriamente lesionadas mientras en custodia de la Patrulla Fronteriza, sin que esté claro todavía, ni para el gobierno mexicano ni para grupos de derechos humanos estadunidenses, cuál es el protocolo o el código de conducta que sigue esa organización en esos casos.
Las muertes han provocado ya un diferendo diplomático que ambos lados buscan resolver, tras el último incidente documentado, el del adolescente José Antonio Elena Rodríguez, muerto el 10 de octubre de 2012 en Nogales (México) en disparos hechos por un agente de la Patrulla Fronteriza desde el lado estadunidense de la frontera.
El gobierno mexicano mantiene “congelada” desde entonces su autorización para admitir a nuevos agentes o reemplazo de los ya destacados en la Embajada de Estados Unidos en México.
Mayormente, la Patrulla Fronteriza ha alegado que los ahora muertos amenazaron a los agentes.
Un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) del Congreso estadounidense consignó la semana pasada que aunque las ciudades colindantes con la frontera con México han registrado una reducción en el número de delitos y de ataques contra elementos de la Patrulla Fronteriza, las autoridades responsables se dicen preocupadas por la posibilidad de violencia.
La amenaza se reflejó en los últimos años sobre todo en incidentes en los que jóvenes mexicanos lanzaban piedras contra agentes de la Patrulla con la supuesta intención de distraerlos para facilitar el paso de migrantes o drogas.
Pero los patrulleros respondieron varias veces a tiros, en circunstancias discutibles frecuentemente y en ocasiones a través de la frontera.
De acuerdo con el reporte de GAO, los incidentes se redujeron de unos 700 en 2008 y en 2009. Mientras que en 2012 se registraron menos de 300.
Los indicios, sin embargo, apuntan a una política discrecional caso por caso.
Opacidad total
La Patrulla ofrece investigar pero por lo regular no revela el nombre de los patrulleros involucrados.
El 10 de junio de 2010 el adolescente Sergio Hernández Huereca murió en el lado mexicano de la frontera luego de que un agente de la Patrulla lo persiguió y supuestamente le disparó tras ser “rodeado” por presuntos adversarios.
Un video casero puso la versión en duda y en 2011 la familia de Hernández Huereca demandó judicialmente al gobierno estadounidense.
El gobierno de Barack Obama ha pagado ya varios millones de dólares a las familias de muertos sin aceptar sin embargo que haya habido algún error o delito a perseguir.
En el caso documentado más reciente, el 10 de octubre de 2012, la “amenaza” llevó a que un agente introdujera su arma por entre la reja que separa las ciudades de Nogales (Arizona) y Nogales (Sonora) y diera muerte a José Antonio Elena Rodríguez, un adolescente de 16 años de ocho disparos, incluso siete por la espalda.
El agente disparó además desde una loma de casi cuatro metros de altura, por cuya cima pasa la barda de más de tres metros de alto. Hasta fines de febrero la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), encargada de una indagación, no había rendido informe alguno.
Tampoco era la primera vez que ocurría la muerte de un mexicano en condiciones abiertamente criminales a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza: en mayo de 2010 Anastasio Hernández Rojas fue golpeado y atacado al menos cinco veces con descargas eléctricas de tasers mientras yacía esposado en el suelo.
Actualmente, el asesinato de Elena Rodríguez está en el centro del desacuerdo entre los gobiernos de los dos países, que han realizado ya varias reuniones a nivel de expertos en temas de seguridad, diplomáticos de nivel medio-superior y hasta secretarial en torno al tema.
Cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, visitó México a fines de diciembre último, el tema fue uno de los puntos en la agenda de sus encuentros con los nuevos encargados del tema de seguridad mexicanos y lo ha sido a lo largo de por lo menos tres encuentros más de diverso nivel entre funcionarios de los dos países en los últimos dos meses.
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno estadunidense confirmaron los encuentros y el diferendo. Ambos expresaron esperanzas de arreglo.
En 2011 la asociación de defensa de derechos de migrantes No More Deaths (ubicado en la frontera con México) emitió el reporte titulado Cultura de Crueldad, que alega que “el abuso, la negligencia, y la deshumanización de migrantes es parte de una cultura institucional”.
CNDH: 11 mil plagios en un año
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, reportó que en México, en sólo un año, hubo 11 mil secuestros de inmigrantes.
En el Foro de Migración y Trata de Personas que se inició ayer en esta ciudad, el ombudsman indicó que la trata de personas se ha convertido en el tercer delito que más ingresos deja a la delincuencia organizada.
“En México, unas 16 mil personas son objeto de esa moderna esclavitud”, lamentó.
La frontera sur, “por su alta porosidad, abandono, condiciones desiguales a lo que ocurre en el norte, propicia no sólo el tráfico de personas, sino también otros ilícitos graves, motivo por el cual requiere de una atención urgente de las autoridades”, planteó.
Ante legisladores y activistas, apuntó que “la migración es un asunto muy vulnerable y delicado.
“Es un problema invisible, generalmente las víctimas no acuden a denunciar por el gran temor que tienen”, indicó.
Y consideró urgente atender el problema que se registra sobre todo en las fronteras y Acapulco, Guerrero, y Cancún y Cozumel, Quintana Roo.
