La inseguridad , debilidad del Estado

Si hoy en día existe un gran pendiente del Estado mexicano hacia los ciudadanos es la falta de capacidad para garantizar la seguridad de las personas que habitan en muchos municipios y localidades del territorio nacional. El fenómeno que ha surgido de tiempo atrás y que ha ido en aumento en tiempos recientes en zonas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, entre otras entidades, con la conformación de policías comunitarias al margen del marco constitucional que prohíbe que los habitantes de una comunidad “se hagan justicia por su propia mano”, no es otra cosa que el reflejo de la incapacidad de los órganos gubernamentales por mantener cuerpos de seguridad eficientes y confiables, altamente capacitados y con elementos suficientes para actuar contra grupos criminales que, día con día, se vuelven más “poderosos” a fuerza de corromper e infiltrar a las policías legalmente establecidas.

Surge, en este ámbito, otro tema sobre el que vale la pena reflexionar: la seguridad privada. Aquella que permite, de manera legal, ser utilizada por quienes puedan pagar por ella y contratar sus servicios para fines específicos. En este campo, se afirma que el sector de la seguridad privada en México registró un crecimiento exponencial en los últimos 30 años, pasando a una empresa en 1983 a más de seis mil 600 que ofrecen servicios en la materia en todo el país, dadas las crecientes amenazas para la seguridad, que prevalecen en muchas regiones del territorio nacional.

Los datos que ofrece la empresa Multisistemas de Seguridad Industrial, que dirige Alejandro Desfassiaux, la primera que obtuvo de Gobernación un permiso para ofrecer servicios de seguridad privada en el año de 1991, revelan una realidad que también hay que atender: 50% de las empresas dedicadas a ofrecer sus servicios en ese ramo; o sea, cerca de tres mil 300, cuentan con un registro ante las autoridades competentes y apenas 3% de ellas (200) están certificadas con ISO 9000 o con evaluaciones especializadas, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los mexicanos.

El concepto de “la seguridad privada” tiene su origen en México, y en el mundo, a inicios de la década de los 80, ante las diversas crisis económicas y la complejidad de los ámbitos sociales que éstas provocaron y que dieron paso a las crecientes amenazas a la seguridad que comenzaron a surgir, como la conformación de bandas que se organizaban para delinquir de manera “orquestada”, dando paso a la llamada delincuencia organizada.

A partir de 1983, y debido a la creciente inseguridad, las empresas y ciudadanos comenzaron a buscar alternativas de seguridad que garantizaran la protección de su patrimonio; por ello la proliferación de empresas de seguridad privada, aunque no siempre y no todas con los estándares de calidad y confianza requeridos.

Sin embargo, no fue sino hasta 1991 cuando se dan los primeros registros de prestadores que ofrecían servicios de seguridad privada y tres años después surge el Padrón Nacional de Empresas Particulares de Seguridad, que junto con la ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1995 arranca la integración de la información a nivel nacional sobre seguridad privada.

En febrero del año pasado, en la Séptima Sesión de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, se daba cuenta de un padrón de poco más de tres mil compañías registradas y ya para septiembre pasado se contabilizaban tres mil 356 empresas operando en el territorio nacional.

Además de “meter en orden” a aquellas empresas no registradas hay que trabajar en su certificación, ya que el porcentaje de quienes lo han hecho (3%) es ridículo ante una realidad que rebasa al propio Estado.

Y si a ello sumamos la poca transparencia que prevalece entre las llamadas policías “complementarias”, como la Bancaria o la Auxiliar, el problema se agrava frente al deterioro institucional que han registrado muchas de estas corporaciones.

Todo un reto en materia de seguridad para el actual gobierno.