La política como activo

Durante muchos años, hubo varios llamados a la autoridad para construir espacios y métodos innovadores de diálogo que permitieran generar consensos para impulsar reformas para fortalecer las capacidades de rectoría del Estado en aquellas áreas en las que la Constitución le otorga la facultad y lo responsabiliza de hacerlo; así como para garantizar los derechos universales que están reconocidos en  nuestra Carta Magna.

En ese contexto es de llamar poderosamente la atención la eficacia que ha mostrado en los primeros 105 días de la presente administración el llamado Pacto por México, en el cual están representados el Ejecutivo federal, pero también los principales partidos políticos con representación en el Congreso.

Que en 100 días se haya logrado la promulgación de la Ley de Víctimas y que se haya instalado de inmediato una mesa para definir las reformas necesarias para perfeccionarla; que se haya presentado y promulgado la reforma Constitucional en materia educativa, y que se haya presentado, con el concurso de todas las partes, la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, es un asunto mayor.

Es de considerarse que en medio del clima internacional de incertidumbre, en nuestro país se estén logrando acuerdos para devolverle a la política el papel predominante que nunca debió perder en la definición de las decisiones fundamentales para la República.

Por ejemplo, resulta inaudito que en los Estados Unidos de América, considerada una de las democracias más consolidadas del mundo, se hayan agotado las posibilidades de acuerdo y se haya cumplido el “plazo fatal” del llamado fiscal Cliff. En la misma sintonía se perciben los problemas en Grecia, España, Argentina y, por supuesto, hoy en la tensión que se vive en Venezuela.

De pronto, para las y los mexicanos, la política se nos revela como la llave que puede abrir el candado de la consolidación democrática. Esta posibilidad debe considerar, sin embargo, lo que algunos han apuntado: que en cualquier momento el Pacto por México puede llegar a un fin y que la cordialidad pública hasta ahora mostrada puede convertirse en hostilidad en el momento en que comiencen los procesos electorales que habrán de desarrollarse en los próximos meses en varios estados.

Frente a lo anterior, habría que hacer un llamado para entender que el Pacto por México, si bien es resultado de la coyuntura, también puede ser visualizado como un método —en el sentido más fuerte del término— de entendimiento y diálogo, y que en esa lógica, sería deseable institucionalizarlo —que no burocratizarlo— a fin de que permee en ámbitos más allá del Gobierno federal.

De manera afortunada, el diálogo se nos presenta una vez más como el elemento esencial del juego democrático, lo que debería llevarnos al desarrollo inmediato de una estrategia que permita ampliar el proceso democratizador de todas las estructuras públicas que existen en el país, pasando, desde luego, por las entidades y los municipios.

En síntesis, lo que sigue hacia adelante será volcar este proceso de diálogo en torno a cómo enfrentar la inequidad y la injusticia social, a fin de generar los consensos requeridos para enfrentar los intereses creados y opuestos a una noción de igualdad real y formal para todas y todos los mexicanos, con el propósito mayor de abatir, de una vez por todas la pobreza, y avanzar hacia un nuevo modelo de Estado de Bienestar.

                *Director del CEIDAS, A. C.