Legitimidad y credibilidad

El Estado y sus instituciones enfrentan el reto permanente de renovar su credibilidad y legitimidad. La primera, a fin de garantizar que es efectivamente la estructura que le da identidad y sentido a la nación. La segunda, porque en ella se funda la defensa de la voluntad popular y no sólo de poderosos intereses particulares o de otras formas de poderes fácticos.

No es exagerado sostener que el Estado mexicano vive un déficit de credibilidad, resultado de la ineficacia de sus instituciones, de la campante corrupción, así como de la cooptación que han sufrido por parte de intereses particulares.

Este déficit de credibilidad se expresa en una reducción de su capacidad para aplicar la ley; para democratizar todas las relaciones sociales; para regular y refrenar la tendencia del mercado a la concentración de la riqueza y sobre todas las cosas, para asegurar el bienestar para todas y todos los mexicanos.

Por ello resultan relevantes dos actos del presidente Enrique Peña realizados la semana pasada: porque arrojan una señal en torno a la posibilidad de que el Estado mexicano puede recuperar la credibilidad y legitimidad perdida.

Al fincar cargos judiciales en contra de la ex líder del SNTE, el gobierno envía un fuerte mensaje en torno a la decisión de recuperar la rectoría del Estado en la educación. Con este acto además se ataja, al menos parcialmente, la percepción de que somos un país de “intocables” y en el que existen poderes que el Estado no podía o no quería acotar.

La segunda acción relevante del Ejecutivo consiste en encabezar personalmente la convocatoria a participar en el proceso de consulta para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. A la ciudadanía le corresponderá participar y exigir la incorporación de ejes rectores sustentados en criterios de equidad y justicia social.

Empero, la principal responsabilidad recaerá en el Ejecutivo para evitar que el proceso no se convierta nuevamente en una serie de foros, construidos a modo, con la única finalidad de redactar un documento que “cumpla” con el mandato de la ley y dé pie a la organización de un evento más.

Lo que se requiere, siendo consecuente con las señales que se han enviado a la ciudadanía, es detonar un proceso acelerado para fortalecer al Estado y construir nuevas capacidades para garantizar el funcionamiento del sistema legal; regular a los mercados y construir un sistema nacional de protección social universal.

Necesariamente esto exige un proceso de construcción de más y más democracia, para así exigir la reducción de la desigualdad, así como disminuir de manera urgente la pobreza y la vulnerabilidad que atrapan a más de dos terceras partes de la población.

El capital político que el Ejecutivo federal ha acumulado en sus primeros días de gobierno debe ser usado con gran responsabilidad, pues con base en él podría iniciarse un proceso transformador hacia un curso alternativo de desarrollo que promueva el crecimiento económico con equidad.

Los próximos actos del Presidente de la República nos darán cuenta de si esa es la intención. La expectativa está ahí; de un lado, los poderes fácticos presionarán para mantener sus privilegios; por su parte, la ciudadanía espera, pero también demanda, que en esta ocasión sí se impulse un proceso transformador para garantizar el bienestar y la vigencia de todos los derechos para todas las personas.

                *Director del CEIDAS, A. C.