El suicidio de la Conago

Cuando le pregunté a Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, su opinión en torno a las distintas propuestas que existen para dar solución a los problemas de deuda de algunas entidades federativas y municipios, me respondió con un amplio relato del federalismo mexicano y su origen. Remató recordando una frase de Reyes Heroles: “Somos un país centralista a pesar de ser federalista”.

Y es que el debate de fondo en la redefinición del modelo de deuda nacional y local es el federalismo. Se trata de una redistribución de poder político a través de la determinación de las variables económicas fundamentales. La respuesta sobre quién debe aprobar la deuda pública local, si el Presidente a través de Hacienda, el Congreso de la Unión o los congresos locales, puede representar un avance del federalismo mexicano o su principal retroceso desde la Constitución de 1824.

La lucha de los estados por mantener una soberanía real no ha sido fácil. El poder central del Presidente de la República hacía empleados políticos de los gobernadores que podían ser removidos o promovidos a discreción. En octubre de 1999, a iniciativa de los gobiernos perredistas de Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur y el Distrito Federal, se crea la Asociación Nacional de Gobernadores con el propósito de “avivar el federalismo e impulsar el desarrollo regional”. Con el triunfo de Vicente Fox en las elecciones del año 2000, los gobernadores priistas deciden sumarse a la iniciativa de los gobiernos de izquierda y forman la Conago en agosto de 2001 para “impulsar una modernización de las haciendas públicas federales, estatales y municipales que tenga como principal premisa la transferencia de potestades, atribuciones y responsabilidades a las entidades federativas en materia de ingresos, deuda y gasto”.

El miércoles pasado recibimos en el Senado a los representantes de la Conago para escuchar su opinión sobre las iniciativas en materia de deuda. Al mismo tiempo que reconocen la necesidad de establecer normas homogéneas para todos los gobiernos locales que regulen la contratación y uso de deuda pública y la urgencia de establecer nuevos sistemas de rendición de cuentas, también piden que se respete la fórmula de organización política adoptada por la nación mexicana: el federalismo.

Sin embargo, la Conago acepta la propuesta del gobierno federal de adoptar un esquema de “deuda estatal garantizada”, lo cual es una gran contradicción. Hacienda plantea en su iniciativa que los estados podrán recibir la garantía del gobierno federal en los créditos que contraten, previa firma de un “convenio” en donde quedarán sujetos a su vigilancia. Con esa garantía, los estados y municipios podrían contratar deuda más “barata” y en mejores condiciones. Pero eso sí, la facultad de terminación de esta garantía es “unilateral”.

A primera vista la oferta parece muy atractiva. Sin embargo, la propuesta tiene truco. Actualmente 85% de los ingresos de los estados —descontando las aportaciones etiquetadas para salud, educación y seguridad pública— son las participaciones federales. Estos recursos les pertenecen porque provienen de la recaudación de los impuestos que ellos tienen la potestad constitucional de cobrar, pero que desde 1980 cedieron al gobierno federal. Estas participaciones son las que utilizan los estados para darlas en garantía a sus créditos porque el mercado las evalúa prácticamente como una garantía federal.

Y entonces, si esto ya está ocurriendo, ¿qué ventajas económicas tiene la propuesta de Hacienda? Ninguna. En realidad lo que se está planteando es un control político a través del control del crédito y las participaciones.

La garantía federal que se ofrece a los gobernadores provocará que se olviden de cualquier intento por recaudar más y gastar mejor. Se enfocarán a llevar al tope el crédito que avala Hacienda, en el menor tiempo posible, en lugar de construir proyectos con una rentabilidad social alta y que impulsen el desarrollo de las entidades. El cambio de las reglas del juego en materia de deuda es una oportunidad para establecer incentivos a la responsabilidad fiscal, la transparencia y la consolidación de un mercado de deuda para los gobiernos locales. Si la Conago acepta la tarjeta de crédito que le está ofreciendo el Ejecutivo, pasaría de ser un órgano de defensa del federalismo a ser la Conferencia Nacional de Gestión de Deuda de la secretaría de Hacienda.

*Senador del PRD por la Ciudad de México

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