El consenso en telecomunicaciones

La reforma de telecomunicaciones es una buena prueba del poder del  consenso político para destrabar al país. La ausencia de acuerdos básicos en un sistema plural  es “kriptonita” pura para el poder público, y causa de rezago en sectores a la vanguardia como los medios radioeléctricos, los digitales o telefonía. El gobierno no habría podido ir solo a la apertura del sector sin el apoyo de los principales partidos, aunque la falta de regulación dejara en los últimos años constantes pérdidas a todos por falta de acceso, calidad y altos precios de los servicios.

El consenso es clave para abrir una industria altamente concentrada e inmune a cambios en el marco legal hace casi medio siglo. Su apertura era hasta hace poco impensable, aunque su control por muy pocos jugadores dejara fuera a miles de  ciudadanos. El “punto muerto” de cambios en esta materia desde el fracaso de la “ley Televisa” alejó al país de las plataformas de telecomunicaciones que exige el desarrollo y garantizar derechos como el acceso a la información en la banda ancha para todos. El apoyo a la iniciativa del Pacto por México refleja una recuperación del Estado para regular a la industria, pero también disposición de ésta a hacer concesiones ante el riesgo de matar la “gallina de los huevos de oro” por el deterioro de nuevas perspectivas de negocio.

Los últimos cinco o seis años ese impasse y alta litigiosidad entre las grandes empresas radioeléctricas y de telecomunicaciones significó pérdidas acumuladas por los rezagos que se estiman en 1.8 puntos del PIB según la OCDE. Quizá ayude a explicar por qué la reforma fue tan bien recibida aun por los más afectados entre los gigantes de la televisión y Telmex.

Pero, sobre todo, el Pacto demostró que es un instrumento potente para impulsar la competencia y enfrentar las resistencias de las zonas de confort e intereses creados. Es en el acompañamiento donde reside el fortalecimiento de la Presidencia y, en general, en la mayor presencia del poder público frente a los particulares.

Aunque permea la preocupación por regresar a la concentración de poder de la Presidencia, la fuerza que ha demostrado no depende del control del Ejecutivo de las instituciones del Estado ni al uso de facultades metaconstitucionales de antaño. La clave de los cambios que ha impulsado hasta ahora está en los consensos. También su mayor debilidad, por ejemplo, si el método no se llega a consolidar o los partidos se levantan de la mesa cuando se discutan temas que polarizan a la opinión pública como la reforma energética y fiscal. ¿Hasta cuando los partidos permanecerán sentados?

Hay que recordar que cuando se intentó hacer una reforma de telecomunicaciones y radiodifusión bajo la presión de las grandes televisoras, el resultado fue desastroso. La “Ley Televisa” se aprobó en 2006 sin que los legisladores la hubiesen ni siquiera leído porque “no se negoció, sino que se impuso como acción previa a las elecciones de 2006”, según reconoció en declaraciones del 5 de mayo de 2007 Santiago Creel, entonces  coordinador del PAN en el Senado. La imposición, sin embargo, desembocó en un recurso de inconstitucionalidad que invalidó partes sustantivas de la reforma.

La suerte que corrió la reforma electoral de 2007-2008 fue radicalmente distinta, a pesar de las presiones en su contra. Aquí también el consenso de los partidos permitió cambiar las reglas del juego en la relación entre la política y los medios en los procesos electorales. A pesar de la resistencia de las grandes televisoras, el apoyo casi unánime de los partidos y el anterior gobierno permitió superar las resistencias de las grandes televisoras respecto a la reforma.

Fuera de esta experiencia, la persistencia del desacuerdo proyecta una imagen de debilitamiento del liderazgo del Estado en sectores donde los particulares, sindicatos e incluso el crimen organizado se convirtieron en poderes de facto. En el caso de las telecomunicaciones, la debilidad del Estado tuvo entre sus principales costos —como señala el dictamen de la reforma— haber “generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía nacional”.

Como puede verse en la historia reciente de las telecomunicaciones en el país, la incapacidad del Estado para regular a los particulares no beneficia a nadie porque deja la actividad de los particulares en una “selva” de diferendos. Tanto los empresarios de la radiodifusión, como de la telefonía, han vivido en los tribunales en los últimos años y eso tampoco favorece mayor desarrollo e inversión en el sector.

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

                @jbuendiah