Piden proceso contra infanta Cristina

Ayer se formalizaron los cargos contra Cristina de Borbón por fraude fiscal y lavado de dinero

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26/06/2014 03:11 Reuters, AFP y DPA / Fotos: AP y Reuters

MADRID, 26 de junio.— Un tribunal español formalizó ayer los cargos de fraude fiscal y lavado de dinero contra Cristina de Borbón, hermana del recién proclamado rey de España, en uno de los últimos pasos antes de un juicio que podría afectar los intentos de la monarquía de reconstruir su reputación.

Los dictámenes de la Corte de Palma de Mallorca se conocen casi una semana después de que el rey Juan Carlos abdicó en favor de su hijo, Felipe VI, quien busca reparar la imagen de la familia afectada por el escándalo con una promesa de honestidad y transparencia cuando asumió el trono.

La Corte mantuvo a la infanta, de 49 años, y a su marido, en medio de una investigación por los negocios de Iñaki Urdangarin.

El exjugador olímpico de balonmano, de 46 años, está acusado de usar sus conexiones para obtener contactos públicos para realizar eventos a través de Nóos, su organización sin fines de lucro, desde la que presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos.

La pareja, que tiene cuatro hijos, está ahora a pocos pasos administrativos de ser llevada a juicio. Ambos han negado haber actuado mal y sus abogados defensores han dicho que apelarán la última sentencia.

Tras una extensa investigación que duró cuatro años, el juez de Palma de Mallorca José Castro dijo que existen evidencias de que Cristina dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que posee a 50 por ciento con su marido.

La actuación de doña Cristina de Borbón viene marcada por indicios de criminalidad que debieran descartarse o confirmarse en  juicio”, sostuvo el juez.

Castro, atribuyendo su conclusión a dichos de testigos y de la Agencia Tributaria, dijo que Aizoon era “una sociedad pantalla apenas con actividad y carente de personal efectivo”.

 

Van por la apelación

A Urdangarin se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y estafa.

El juez agrega que la entidad mercantil Aizoon fue creada con el “deliberado propósito de servir de cauce para el reparto de los beneficios” que obtenía el Instituto Nóos principalmente de las arcas públicas de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana, pese a proclamarse como entidad sin fines de lucro.

Si fueran hallados culpables, la infanta Cristina y Urdangarin podrían enfrentar condenas de varios años en prisión.

El abogado de la infanta, Miquel Roca, anunció su intención de apelar. “La infanta no ha cometido ningún delito a nuestro entender”, dijo el letrado. “Vamos a apelar ante la Audiencia para que ésta resuelva”, agregó.

La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en la instrucción judicial y el accidente sufrido por Juan Carlos en una cacería en Botsuana en 2012 siguieron perjudicando la imagen de la Corona.

Urdangarin siempre ha desvinculado a su esposa de la gestión de Nóos, afirmando que no participaba en la toma de decisiones, a pesar de que era vocal en la junta directiva de la fundación.

La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se fue con sus hijos a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa.

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