Siguen criminalizando a consumidores de drogas en AL

Los consumidores de estupefacientes son tratados en la región por instituciones penales y no de salud, afirman

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29/05/2014 01:31 José Carreño Figueras
La mayoría de las detenciones en AL fue a portadores de mariguana. Foto: Reuters
La mayoría de las detenciones en AL fue a portadores de mariguana. Foto: Reuters

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo.- Los consumidores de drogas latinoamericanos son perseguidos penalmente incluso en los países donde ser adicto no es tipificado como delito, indicó un reporte sobre la situación en ocho países de la región, incluido México.

Con auspicio de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) precisó que las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, son todavía a través de instituciones penales y no las de salud.

Existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas”, consignó el texto.

De acuerdo con el estudio, en Argentina, Ecuador, México y Bolivia consumir drogas no es un delito, pero una muestra de 2011 en Argentina indicó que alrededor de 73-74% de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires fueron por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En Ecuador, entre 2007 y 2014, 5,103 personas fueron acusadas del delito de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

En México, entre 2009 y mayo de 2013 fueron detenidas, a nivel nacional, 140,860 personas por consumo de drogas y durante el mismo periodo se iniciaron 53,769 averiguaciones federales por la misma causa. En Bolivia, entre 2005 y 2011 hubo 6,316 detenidos por posesión de drogas (en su mayoría mariguana).

El uso de cárceles para prevenir el consumo es muy dañino para todos. Si por ejemplo un estudiante es encarcelado por portar drogas para consumo personal, se ven truncados sus estudios”, dijo Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Si tuviera hijos, la familia sufriría el impacto del encarcelamiento, la falta de ingresos, los gastos legales etcétera. Estos daños no pueden equipararse a los que produce un cigarrillo de mariguana, por ejemplo”, comentó Pérez Correa.

El estudio aseguró además que la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios, lo que repercute negativamente en su posibilidad de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial. Esta discriminación también impide que los usuarios de drogas que lo necesitan busquen atención médica.

De acuerdo con los autores, enfrentar el consumo por vía penal “termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de los usuarios como son el derecho a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación, entre otros. Todo ello viola diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a proteger”.

WOLA hizo notar que en opinión de Coletta Youngers, asesora de su programa sobre políticas de drogas y coeditora del estudio, “el informe apunta a la necesidad de hacer reformas profundas e inmediatas en las políticas orientadas al consumo de drogas de uso ilícito incluyendo la descriminalización de la posesión para el consumo personal y la inversión por parte de los Estados en programas de tratamiento basado en evidencia científica”.

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