HRW denuncia casos de tortura contra opositores

Activistas de Human Rights Watch documentaron 45 casos de abuso de las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas y que no participaban en acciones violentas durante las protestas

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06/05/2014 03:15 Carmen Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO, 6   de mayo.- Las violentas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dejaron víctimas entre chavistas y opostitores. Al menos nueve muertos en las filas del gobierno y más de una treintena de opositores que suman un total de 41 bajas, según datos oficiales.

El problema, según un estudio difundido ayer por la organización estadunidense de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, es que entre las víctimas hubo 45 casos de personas que ni siquiera iban armadas y que no se involucraron en actos de violencia ni en ninguna otra actividad ilegal. A pesar de ello, fotografías, videos y otras evidencias en poder de esta organización muestran que fueron víctimas de abusos extrajudiciales.

En la mayoría de los casos que documentamos, las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegal de la fuerza que incluyeron tiroteos y severas golpizas a individuos desarmados. Casi todas las víctimas fueron arrestadas y, mientras se encontraban en detención, fueron sometidas a abusos físicos y sicológicos. Y al menos en 10 casos, estos abusos se constituyeron claramente en tortura”, dice el  informe.

Bajo el título en inglés Punished for protesting. Rights violations in Venezuela streets, detention centers, and justice system (Castigados por protestar. Violaciones a los derechos humanos en las calles de Venezuela, en los centros de detención y en el sistema de impartición de justicia), la organización neoyorquina resumió las evidencias que recabó sobre los abusos que sufrieron 150 personas arrestadas en las protestas que iniciaron en febrero.

150 personas fueron afectadas por las fuerzas de seguridad en los casos que fueron documentados por HRW

Para reunirlas, Human Rights Watch envió a sus investigadores a recabar evidencias en Caracas y en los estados de Carabobo, Lara y Miranda. El trabajo consistió en entrevistas con víctimas de abusos, sus familias, testigos presenciales, médicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y en la recolección de fotografías, videos, reportes médicos, fallos judiciales y expedientes de los organismos de impartición de justicia.

“De hecho, algunos de los peores abusos que documentamos se cometieron en contra de personas que ni siquiera estaban participando en las manifestaciones o que ya se encontraban en detención y bajo el control total de las fuerzas de seguridad”, dice el informe disponible en la red (http://www.hrw.org/es/news/2014/05/05/venezuela-golpean-y-disparan-contr...).

En opinión de los investigadores de HRW, el momento en que ocurrieron estos abusos así como el uso frecuente de calificativos de índole político de parte de quienes los perpetraron sugieren que su objetivo no era aplicar la ley ni dispersar a los manifestantes, sino más bien castigar a esa gente por sus puntos de vista políticos o por la percepción que aquellos tenían de ésos puntos
de vista.

De allí surgió el título del informe en inglés: Castigados por protestar.

En 13 de los casos documentados por Human Rights Watch, los abusos físicos tuvieron como blanco de ataque a personas que habían estado tomando fotografías o filmando las protestas. Básicamente la mitad de estos individuos eran periodistas profesionales mientras que la otra mitad eran manifestantes o gente que miraba y usaba sus teléfonos celulares para documentar la forma en que las fuerzas de seguridad empleaban la fuerza.

“En estos casos, cuando atacaban o arrestaban a las víctimas, los miembros de las fuerzas de seguridad los regañaban por tomar fotos o por filmar. En varios casos, miembros de las fuerzas de seguridad decían a las víctimas que estaban recibiendo su merecido por tratar de dañar la reputación de las fuerzas de seguridad o les decían que no querían que las imágenes circularan en la red”, dice el reporte de nueve páginas.

Otro problema que detectaron los investigadores de Human Rights Watch fue que tanto los fiscales como los jueces se hacían rutinariamente “de la vista gorda” ante las evidencias que sugerían que los detenidos habían sido sometidos a abusos durante el tiempo que permanecieron bajo arresto.

Y llegaron a tal punto que “ignoraron los indicios obvios de abuso físico, o al grado de interrogar a los detenidos en instalaciones militares donde era evidente que no habían tenido acceso a los abogados”.

Lo mismo sucedió, dice el informe, con los fiscales y funcionarios de justicia que debieron haber actuado de manera independiente de las fuerzas de seguridad y que debieron haber intervenido para detener las violaciones a los derechos humanos de quienes fueron arrestados durante las protestas.

“Pero en lugar de ello se hicieron de la vista gorda e incluso en algunos casos fueron cómplices de las violaciones a los derechos humanos que estaban siendo cometidas por las fuerzas de seguridad. Es decir, que los fiscales contribuyeron a las violaciones del proceso debido participando en interrogatorios sin la presencia de un abogado defensor, lo cual va en contra de las leyes venezolanas”, dice el informe.

Finalmente, otro problema que detectó Human Rights Watch fue que a pesar de reconocer que efectivamente las fuerzas de seguridad del gobierno cometieron abusos contra los derechos humanos de quienes protestaron el pasado 12 de febrero, altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, han reiterado que en realidad se trató de “incidentes aislados” y no de la evidencia de la existencia de un patrón de abusos mucho más extendido.

El 59.2% reprueba gestión de Maduro

Un 59.2% de los venezolanos evalúa de forma negativa la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y un porcentaje casi idéntico, 59.1%, estima que debe dejar el cargo antes del fin de su mandato en 2019, según una encuesta publicada ayer.

El sondeo de Datanálisis, publicado en el diario venezolano El Universal y elaborado en base a mil 300 entrevistas entre el 31 de marzo y el 20 de abril pasado con un nivel de confianza de 95%, indica que 79.5% de las personas coincidió en que la situación del país “es negativa”.

Los encuestados se identificaron en 30% como afines al gobierno, en 31.9% como opositores y en 34.9% como independientes.

Sobre la permanencia de Maduro en la Presidencia, 19.7% de los encuestados por Datanálisis dijo ser partidario de que culmine el periodo 2013-2019 para el cual fue elegido en abril de 2013, mientas que 39% se mostró a favor de que Maduro abandone el poder este mismo año y 20.1% apoyaría la convocatoria de un referendo revocatorio en 2016.

La Constitución venezolana contempla la posibilidad de que un periodo presidencial, o de cualquier cargo de elección popular, sea revocado en referendo a la mitad de la gestión de la autoridad elegida, lo que en el caso de Maduro se cumplirá
en 2016.

A la hora de identificar a los responsables de los problemas, la encuesta dijo que 31.8% señala a Maduro, 17.2% a la misma ciudadanía, 13.8% a los ministros, 5% a los partidos de la oposición y 1.3% a Estados Unidos.

El Universal se queda sin papel

El diario venezolano El Universal se sumó a los periódicos con problemas de papel e informó ayer de que cuenta con inventarios para “máximo” dos semanas, a pesar de que tiene bobinas de su propiedad en un puerto del país a la espera de poder nacionalizarlas por un “insólito retardo” en la entrega de divisas.

El diario informó que por la escasez de papel reducirá su presentación a dos cuerpos de ocho páginas y enviará varias de las secciones que dejarán de salir en papel a su página en internet.

Desde hace meses, varios diarios han denunciado dificultades para acceder a las divisas para papel debido al retraso en la aprobación oficial de los recursos.

 

Investigan a un asesor de Santos

El congresista oficialista, Roy Barreras, pidió a la Fiscalía General que investigue al publicista venezolano, Juan José Rendón, por el caso de su mediación para la entrega de dos narcos a la justicia en 2011.

La revista Semana publicó que Rendón, actual asesor de la campaña de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, recibió 12 millones de dólares de un grupo de narcotraficantes para que mediara su entrega ante el gobierno colombiano.

“Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, asegura que él y otros tres capos del narcotráfico le dieron 12 millones de dólares a J.J. Rendón para que le presentara un plan de negociación al presidente Juan Manuel Santos para entregar rutas y desactivar sus operaciones”, refirió el semanario.

Rendón admitió que “tuvo tres reuniones con abogados delegados por esos narcotraficantes y que en 2011 le entregó al presidente Santos una carta y un video de los capos”, pero ha negado que haya recibido los 12 millones de dólares.

Rendón ha asesorado a 28 candidatos presidenciales en América Latina, de las cuales sólo ha perdido dos, y fue un opositor al gobierno venezolano.

 

 

 

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